Una de las principales causas del desorden que vivimos y que nos preocupa en sobremanera, es la carencia de autoridad moral que tienen la mayoría de los políticos, llámese legisladores, gobernadores, magistrados, comprendiendo también a modestos servidores públicos como policías, agentes de tránsito, etc.
La autoridad moral, señala el Dr. Mauricio Merino en su opinión para el diario El Universal, “Es el estatus de ser respetado por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia y bondad reconocido universalmente.
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“Sabemos que existe y que es posible reconocerla en quienes han conseguido labrarla, pero no es cosa fácil definir en qué consiste exactamente ni describir cuál es la ruta –si es que hay alguna– para sostenerla. En cambio, es mucho más sencillo devastarla. La autoridad moral reclama coherencia a lo largo del tiempo, convicciones puestas a prueba en situaciones reiteradas y de reconocimiento.
“Es una forma de influir en otros que no pasa por el poder político ni por el mando concedido por medios burocráticos, aunque quienes ostentan posiciones de representación, deben buscarla y aun cultivarla como un bien insustituible. Porque la autoridad moral es un recurso simbólico que no requiere la coacción, sino que se funda en la emulación y en el respeto”.
Señala el autor arriba citado, que “la autoridad moral es absolutamente indispensable para cimentar la legitimidad política. Para gobernar con éxito, hace falta la aceptación, que una buena parte de la sociedad le otorgue a las decisiones tomadas por las personas que la representan. Y aunque es verdad que esas decisiones pueden llegar a ser francamente autoritarias, aun así, es necesaria la congruencia de los gobernantes. O al menos –como lo entendió claramente Maquiavelo– la apariencia de coherencia entre lo dicho y lo hecho.
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En un régimen democrático, sin embargo, la autoridad moral es una pieza clave para ganar el respaldo de los ciudadanos y para mantener vigente la gobernabilidad. En ese régimen, quien se convierte en gobernante ha de obligarse con la autoridad moral, pues de lo contrario, destruye los cimientos de su propia legitimidad. En ese régimen, insisto, no basta apelar a la eficacia de los resultados ni a la profundidad de las reformas conquistadas, porque lo fundamental también descansa en los medios que justifican cada una de sus decisiones”.
Pero, cómo van a tener autoridad moral nuestros servidores públicos si día a día se esfuerzan en demostrar lo contrario. Cómo puede el Presidente de la República hacer señalamientos de la falta de “autoridad moral”, cuando compra una mansión (Casa Blanca) a precios y en condiciones de oferta a un empresario que frecuentemente celebra ventajosos contratos con el Gobierno Federal.
Con qué cara mirar a los gobernadores que han saqueado la Hacienda Pública. Cómo pueden asumirse como líderes en el combate a la delincuencia que asola las entidades federativas que gobiernan. Carecen de autoridad moral, como resultado de haber recibido aportaciones para sus campañas políticas, pues ello les obliga a hacerse de la “vista gorda” ante la presencia y actuación de grupos delincuenciales. Lo mismo puede decirse del policía de barrio, con la salvedad de que éste permite que, en su jurisdicción, se realicen negociaciones ilícitas de droga, artículos robados, etc., a cambio del pago de una mordida.
Y así, en este juego de moral extraviada, participan miles de personas carentes de autoridad para conducir el destino del país con salud política y financiera; lo grave es que cada día son menos las personas que participan en política militante, buscando el mejoramiento social. Y lo delicado también es que nos estamos acostumbrando al desacato o violación del orden jurídico, colocándonos en una situación peligrosa de gobiernos anárquicos o fallidos, como quiera llamársele.
Mientras continúan los privilegios, incluso, ilícitos para quienes solo tienen como argumento ocupar un sitial en la escena política, basado en la participación de una campaña y no por sus cualidades morales y profesionales, seguiremos viviendo esta situación de inseguridad.
Con vergüenza nos preguntamos, ¿en qué otro país transitan vehículos sin haber efectuado el trámite legal de sus placas de circulación, cubiertos por una placa elaborada por alguna de las organizaciones civiles existentes, sin que nadie los moleste y todo porque dicha organización civil patrocinó tal o cual campaña, o evento político? Cuando lo más sano sería que el gobierno regularizara sus vehículos que ilegalmente circulan, cuando se trata de personas que un estudio socioeconómico puede determinar sus condiciones de estrecha necesidad económica.
En conclusión, tenemos que seguir luchando para lograr el apego estricto al derecho y evadir así la posibilidad de que pronto tengamos que echar mano de un régimen policíaco, autoritario, que es la mano dura en el gobierno a la que muchos anhelan, con la correspondiente cancelación de derechos fundamentales. No queremos dictadura, pero tampoco hipergarantismo que coloque en situación de desamparo frente a la delincuencia a la sociedad que hoy parece estar inerme por falta de autoridad moral.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
