Una nueva nota publicada este lunes, en primera plana, por el diario estadounidense The New York Times, asegura que según un análisis independiente, el secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa-, recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía llamado Pegasus, con el que el Gobierno mexicano ha espiado a otros activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
La nueva nota, otra vez firmada por jefe de los corresponsales del rotativo en México, Azam Ahmed, da cuenta del último informe del Citizen Lab -un laboratorio de la Universidad de Toronto- publicado hoy en su página web, confirma que los teléfonos móviles pertenecientes al grupo internacional de expertos de varios países, reunidos por la CIDH, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo israelí NSO, supuestamente sólo vendido a gobiernos para vigilar a criminales y terroristas.
Según la evidencia forense, el GIEI también fue blanco de la tecnología de espionaje comprado por el Gobierno de México en por lo menos 80 de millones de dólares, por lo que los investigadores califican como “una campaña de acoso e interferencia” que dicen, “obstaculizó sus indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.”, señaló este día el NYT.
El rotativo estadounidense hace énfasis en que la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje del Gobierno mexicano “fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.”
“A primera vista, el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional”, le dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH, al NYT. “La comisión comparte las preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes que tiene en este caso?”, señaló.
Otra comisionada del CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, respaldó el llamado para una indagatoria independiente al Gobierno de Peña Nieto y dijo que las acusaciones son “extremadamente preocupantes”. “Está investigación debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, dijo.
El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía, señaló el NYT. “La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o ‘verdad histórica’ del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.”
