A casi nueve meses del fatal accidente protagonizado por un camión de la empresa Altisa, en el que murieron seis personas y 11 más resultaron heridas, ninguna de las víctimas ha sido indemnizada, pues no se ha presentado una autoridad que obligue a la empresa de transporte público a reparar el daño.
De acuerdo a lo expresado por Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario de Gobierno Municipal, si no se ha procedido a la revocación de la concesión a la empresa Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana BC, S.A. de C.V. (Altisa), es porque están a la espera de “una sentencia ejecutoriada por un juez competente de la materia”.
Para el funcionario, el “conducir un vehículo sin los requerimientos esenciales para hacerlo, como lo es el seguro con cobertura de daños y lesiones, que fue una irregularidad que ya fue denunciada oportunamente por el director de Vialidad y Transporte a Sindicatura, es un tema meramente administrativo”.
El 26 de abril, Luévano declaró a ZETA haber tenido un acercamiento con Pedro Blanco, apoderado de Altisa, quién se comprometió a responderle a las víctimas, caso contrario advirtió, “si no cumplen en un plazo determinado de 60 días, se iniciará un proceso administrativo de cancelación de concesión”.
A más de dos meses del vencimiento del plazo, dijo: “Estaremos en espera del resultado del procedimiento judicial que se está llevando a cabo para proceder a la cancelación de la concesión de ese vehículo que ocasionó perjuicio”. Es decir, se refiere a la anulación de la unidad número 290 de Altisa que propició el accidente y que registró pérdida total, la cual fue registrada por otra de modelo 2017, y no de la concesión en general, esto es de la empresa, propiedad de Víctor, Rosana y Ludivina Sevilla.
El procedimiento judicial de este caso ha tenido un avance lento, aun cuando se había logrado programar, para el 4 de junio, la audiencia inicial de formulación de imputación por homicidio y lesiones por culpa. Sin embargo, ésta se suspendió al no comunicar el Poder Judicial de manera debida a Pedro Blanco Morales, apoderado de Altisa.
Los agentes de Ministerio Público, asignados al caso, tanto para representar a las 17 víctimas, como los defensores públicos que están al frente de la empresa de autotransporte, aceptaron, sin observación, la suspensión de la audiencia, no así los abogados de los lesionados y de los familiares de los pasajeros muerto en el accidente del 12 de octubre de 2016.
“No podemos estar jugando, llevamos casi un año jugando. No podemos equivocarnos en cosas básicas, ocupamos que venga un representante de la empresa, ocupamos apremiar a la empresa que asigne a un representante”, señalaron los litigantes.
Conminaron al juez Gerardo Anguiano Ceja a que la notificación, en lo sucesivo, se dirija a la empresa, para que un representante de la misma se presente y no extenderla a Pedro Blanco Morales, como apoderado, porque se corre el riesgo de que se le revoquen los poderes y el juicio se aplace.
Jorge Alberto Escárcega Germán lamentó el aplazamiento, sobre todo a que, durante el proceso, la razón social de Altisa se rectificó; no obstante, confió en que, en lo sucesivo, sí se le dé un correcto seguimiento al caso.
A la audiencia programada asistieron nueve de las víctimas, entre ellas el joven Brandon Morales Hernández, sobreviviente del fatal accidente con mayores lesiones, al quedar casi cuadripléjico.
Brandon pidió a las autoridades “ya no proteger a Altisa”, al tiempo que se dijo decepcionado que “no vinieran los representantes de la responsable de pagar”.
