Las estadísticas de delitos violentos en franca alzada -han incrementado un 58 por ciento-, los números de efectividad en procuración de justicia a la baja, sumadas a su ausencia cuasi permanente cuando de establecer contacto con la ciudadanía se trata, exponen el infortunio que ha significado hasta la fecha el nombramiento de la magistrada Perla del Socorro Ibarra Leyva como procuradora general de Justicia de Baja California.
En esa posición ha permanecido, allende sus nulos resultados, durante tres años y ocho meses. Como muestra están las muertes violentas que, según cifras oficiales, en su primer año de gestión (2014) acumularon 714 en el Estado; para 2015 llegaron a los 909 asesinatos; y en 2016, Baja California acumuló mil 257 homicidios. En apenas seis meses de 2017, las ejecuciones ya superaron los mil casos, entre los cuales se encuentran por lo menos 50 que han sido víctimas colaterales, personas que no tienen que ver con el clima de inseguridad.
Cierto, ni la procuradora ni los empleados de la fiscalía pueden evitar personalmente las muertes violentas, pero sí están obligados a representar a las víctimas y brindarles acceso a la justicia, y eso tampoco lo hacen.
Ibarra Leyva violenta por lo menos dos de los compromisos que hizo aquel 17 de noviembre de 2013, cuando tomó protesta:
* “II. Vigilar el respeto a las Leyes por parte de todas las Autoridades y, en su caso, proponer al Ejecutivo la adopción de medidas administrativas adecuadas para tal fin”.
* III. Hacer cesar la comisión de los delitos, con la debida eficacia y oportunidad”.
La estadística es la mejor prueba de la ineficacia en la Procuraduría General de Justicia de Baja California: de 3 mil 900 expedientes de ejecuciones, solo han resuelto el 2.5 por ciento, como lo ha reconocido el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González. Este porcentaje en números totales representa 98 casos, lo que significa que en el mandato de Ibarra, alrededor de 3 mil 800 familias no han encontrado justicia. Aparte de no cumplir a esas familias en la procuración de justicia, tampoco los enfrenta, no les da la cara.
Contrario a lo mínimo que hicieron sus antecesores recientes, el controvertido Antonio Martínez Luna y Rommel Moreno Manjarrez, la señora Ibarra simplemente no se considera responsable de informar, explicar o de dar cuenta a la opinión pública de su ausencia de resultados, y se limita a tranquilamente ordenar a subprocuradores y coordinadores que salgan a hacerle la chamba, a representarla en su responsabilidad… y se lava las manos.
En una revisión de los comunicados oficiales de los últimos dos meses, se observa que las apariciones públicas de la funcionaria han sido en temas como su participación y viaje a Costa Rica como parte de la delegación de Baja California, a un encuentro del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIPR); o su presencia en un encuentro de la Policía Canina.
De hecho en términos de compromiso, la procuradora ha sido auto condescendiente y se ha impuesto metas mínimas, las cuales ni siquiera cumple, de acuerdo al sistema estatal de evaluación del desempeño. Por ejemplo:
* “El avance y cumplimiento en la procuración de justicia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con relación a la eficacia de las subprocuraduría”; su meta fue apenas del 35%. De entrada no está el resultado del primer trimestre de 2017, pero en diciembre de 2016 solo alcanzó el 29.57% y, en junio de 2017, fue de 15.4%.
* “Eficacia en órdenes de investigación atendidas por la Policía Ministerial”; la meta fue de 75% y solo llegaron al 60%.
Incluso, de acuerdo a los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización (Envipe), se estima que en 2015, en Baja California se denunció 15.9% de los delitos, pero de esos, solo en el 65.9% se inició una averiguación previa ante el Ministerio Público, lo que significa que del total de delitos denunciados, únicamente se inició investigación en el 10.5% de los casos.
Al interior de la PGJE, la misma queja se ha escuchado por lo menos en los últimos dos años: que la señora Ibarra pasa más tiempo en su casa atendiendo a su familia o dedicando tiempo al entretenimiento, que cumpliendo con sus obligaciones en la fiscalía. Y hacerse cargo de la familia es correcto, pero si se recibe un sueldo por un trabajo, también hay que tener la capacidad de distribuir el tiempo y cumplir responsabilidades, sobre todo si se tiene uno de los empleos y los sueldos más importantes en el Estado.
En la presentación de la “Cruzada Estatal por la Seguridad, Tarea de Todos”, puesta en marcha el 12 de junio por el gobernador Francisco Vega, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, lo dijo en voz alta: “Para mí, el eslabón más débil que existe en este momento en materia de justicia es la procuradora… no sabemos qué está haciendo y qué pasa, vemos ahí un problema de impunidad muy grave”.
A pesar que esa y otras voces se han alzado para denunciar la ineficiencia de la Procuraduría, como es su costumbre, Perla del Socorro Ibarra deja pasar el tiempo sin ofrecer alternativas de solución, o mínimo una respuesta satisfactoria. Ignora las demandas, como ignora su responsabilidad de procurar justicia en Baja California.
