La investigación complementaria con plazo de seis meses para fortalecer las imputaciones por delitos federales contra el ex gobernador de Veracruz se realizarán en México, Estados Unidos y Suiza. Su defensa asegura que la PGR no puede cantar victoria, pues deberá probar la culpabilidad de su cliente. Actores políticos exigen se encause penalmente a Karime Macías, esposa de Javier Duarte
Mientras el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya se encuentra vinculado a proceso y apeló tal resolución dictada por el Juez de Control del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte en la Ciudad de México, el plazo de seis meses concedido al Ministerio Público de la Federación para realizar la investigación complementaria del caso ya está corriendo.
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Las pifias que los fiscales federales cometieron durante la audiencia inicial no exoneraron al ex mandatario y obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a redoblar la actuación de su personal en el asunto, situación que habrán de fortificar con nuevos datos de prueba e incluso con el posible incremento de cargos que de ello resulte durante la investigación complementaria que vence en enero de 2018.
Entre las pesquisas que ahondará la PGR se encuentra precisar el monto final y comprobable que Duarte habría desviado durante su gestión como gobernador veracruzano, cifra que podría rebasar los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo referido por Pedro Guevara Pérez, uno de los fiscales de la dependencia federal más cercanos al asunto.
También se investiga la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles que el político mexicano habría realizado a través de prestanombres en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde se asegura que Alfonso Ortega, persona de su confianza, compró tiempos compartidos, un condominio y hasta un yate. Antes, la PGR reveló que en Suiza averigua sobre transacciones financieras efectuadas por el grupo criminal que presuntamente encabeza Duarte, a través de la triangulación de recursos en empresas fantasma.
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El órgano investigador insistirá ante el juez de control Gerardo Moreno García que Duarte de Ochoa sea trasladado a uno de los centros federales de readaptación social administrado por la Comisión Nacional de Seguridad, como lo establece el Artículo 18 constitucional en los casos de imputados sujetos a prisión preventiva por su probable participación en ilícitos relacionados con delincuencia organizada y que deberán ser internados en centros especiales.
Por su parte, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que el domingo 6 de agosto entregará a la PGR las pruebas que tiene contra su antecesor, además de que rendirá su declaración. La elección de la fecha fue realizada de acuerdo a la agenda del propio Yunes, quien se dijo muy ocupado en su función pública. Presuntamente, el mandatario posee material que contiene la grabación de conversaciones de los colaboradores de Duarte, que darían luz a las investigaciones sobre el robo o desvío de recursos del presupuesto estatal.
La defensa legal de Javier Duarte, que encabeza el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, presentó vía electrónica la apelación en contra del auto de vinculación dictado el sábado 22 de julio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El medio de impugnación será turnado a un tribunal unitario para que se confirme, revoque o modifique el criterio del juez de control.
Del Toro advirtió que todavía no se ha definido jurídicamente la responsabilidad de su cliente en los delitos que le imputa el Gobierno Federal y habrá de esperar el desarrollo y conclusión del proceso penal. De ser encontrado culpable, Javier Duarte podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión por lavado de dinero y hasta 40 años por delincuencia organizada.
El caso de corrupción más grave en la historia de Veracruz ha llamado la atención de todos los sectores. La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Pilar Ortega, exige a las autoridades que no haya impunidad para Duarte y que Karime Macías, esposa del ex gobernador, también sea encausada penalmente para darle credibilidad a las investigaciones y disminuir el descrédito que existe en la procuración y administración de justicia en el país.
Sobre el tema, el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Sala, aseguró a los medios de comunicación que la PGR no pactó con Javier Duarte para que su esposa no sea relacionada con el desvío de recursos, y en su momento será citada a declarar, ya que no hay nadie que sea intocable.
Para algunos actores políticos, la situación del veracruzano podría resolverse después de los próximos comicios, pues consideran que su encarcelamiento tiene tintes políticos, y por ahora no sería liberado.
Yarrington se queda en la cárcel
El Tribunal de Apelación de Florencia, Italia, resolvió negar la medida de prisión domiciliaria solicitada por la defensa del mexicano Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, preso en una cárcel de esa ciudad desde el 9 de abril y sometido a un procedimiento de extradición formulado por Estados Unidos y México.
La autoridad judicial itálica fundamentó su resolución en el poder real y fáctico que tiene el político para evadirse de la acción de la justicia. El fallo refiere que Yarrington posee “una notable disponibilidad económica”, así como contactos y “capacidad para desplazarse de un continente a otro”, situación que significaría un riesgo para que el mexicano pudiese escapar.
Yarrington Ruvalcaba es requerido en extradición por autoridades mexicanas que le investigan por corrupción durante su mandato como gobernador y delitos contra la salud, mientras que en la Unión Americana es acusado de asociación criminal y tráfico de drogas.
La audiencia que podría definir su entrega a alguno de los dos gobiernos está programada para el próximo 21 de septiembre.
Petición formal por Borge
En cumplimiento al Tratado de Extradición suscrito entre México y Panamá, la PGR presentó a través de la cancillería mexicana la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
El pedimento planteado por Asuntos Jurídicos Internacionales de la PGR refiere que Borge es requerido en cuatro causas penales, tres de ellas del fuero común por órdenes de aprehensión dictadas por jueces del Estado de Quintana Roo, por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública; y una cuarta, de índole federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El jueves 27 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá turnó a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de esa nación centroamericana la solicitud formal de referencia.
Ahora será dicha fiscalía la que solicite al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, programar fecha de audiencia para el desahogo del procedimiento especial, lo que acontecerá en los próximos días.
