Sucio, boscoso y convertido de nuevo en el refugio de deportados y/o adictos, así luce en la actualidad la canalización del Río Tijuana, dando al traste con su rescate en 2015. La única diferencia es que, en lugar de ñongos ubicados en el lecho del río, sus nuevos habitantes pernoctan en agujeros sobre el lomo exterior de la canalización. Ninguna autoridad atiende ni a las personas, ni el mantenimiento de la obra hidráulica
A más de dos años de que los habitantes de El Bordo fueran desalojados para ser rescatados en centros de atención contra las adicciones, la obra hidráulica y sus habitantes potenciales vuelven a estar en el abandono.
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Contrario a la administración anterior, los indigentes rescatados de la canalización del Río Tijuana han dejado de ser una prioridad para el Gobierno de Tijuana, el cual deja su atención en manos de Seguridad Pública Municipal.
Sin mediar un tratamiento o programa de asistencia social y tras su captura momentánea, son devueltos a las calles por donde deambulan durante el día, principalmente en Zona Centro, mientras que por la noche, pernoctan en El Bordo.
La Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-, por su parte, se dice sin recursos para implementar un programa de mantenimiento del canal.
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La condición de abandono de la obra propicia que de nuevo se convierta en refugio de deportados y/o adictos que se refugian en agujeros que se observan en la parte exterior del talud del canal. Puentes y cloacas de drenaje también son opciones para el resguardo de los olvidados por las autoridades.
REFUGIO DE DEPORTADOS SIN DINERO
En un hoyo de acaso un metro de diámetro, cavado en el lomo exterior de la canalización del Río Tijuana, a la altura de la Central de Bomberos de la Avenida Internacional, Manuel Escobar duerme profundamente.
Tendido sobre la basura, una vieja cobija apenas lo protege del frio de la noche, situación que no parece perturbar su descanso, como tampoco lo hace el ruido estruendoso de los vehículos que transitan a gran velocidad sobre la concurrida vialidad.
Cualquier cavidad es utilizada para pernoctar
De oficio jardinero, Manuel emigró a Los Ángeles hace cinco años, nacido en Michoacán, su Estado de origen en donde dejó a sus dos hijos. Dice tener 42 años, pero su apariencia lo hace ver como una persona de mayor edad.
En febrero fue deportado a Tijuana y desde hace casi seis vive en El Bordo, compartió a ZETA con voz apenas audible.
Desde que fue expatriado, ha intentado en tres ocasiones de retornar ilegalmente a los Estado Unidos, a pesar de que no ha tenido éxito, no pierde la esperanza de lograrlo en un próximo intento.
Cuenta que al principio tenía los recursos económicos necesarios para pagar un albergue, sin embargo, al paso de los días su escaso capital se agotó.
Sin 20 pesos en la bolsa para cubrir la cuota que les piden en los refugios establecidos, la opción más viable que encontró fue el buscar un lugar a lo largo y ancho del canal de Río Tijuana.
Como Manuel, otros deportados deambulan por la obra, ya sea sobre el lecho de concreto, el bordo, o en sus inmediaciones.
EL RETROCESO
A mediados de marzo de 2015, el gobierno de Jorge Astiazarán Orcí desalojó a los habitantes de El Bordo, cuya cantidad se presumió era de más de 2 mil personas.
Con una inversión de 9 millones de pesos, algunos fueron alojados en diferentes albergues, mientras que 800 que sí accedieron a la rehabilitación, fueron canalizados a centros contra las adicciones.
Desocupado de sus moradores, se procedió con maquinaria del ayuntamiento y la cooperación de las cámaras a la limpia del canal; se retiraron toneladas de arena, lodo, basura y llantas. La limpieza dio otro aspecto a la obra, la cual se mantuvo vigilada para conservarla limpia y desalojada.
A dos años y cuatro meses de esta acción, El Bordo se observa descuidado totalmente, aunque la vigilancia policiaca continúa, el lugar ha vuelto a ser el refugio de adictos, vagos y deportados, quienes ahí resguardan la basura que pepenan de las inmediaciones. Además, ahí mismo hacen sus necesidades fisiológicas, se drogan o se protegen de frio encendiendo fogatas, esta última acción ha sido la causante de varios colapsos de tubería de drenaje pluvial, colocada sobre la Vía Rápida Oriente o Poniente.
Mientras el sector salud de Baja California expone que la atención a personas con adicciones no es de su competencia, representantes de los centros de rehabilitación señalan que la entrega de apoyos por parte del Gobierno es casi nula, lo que los limita a ampliar su atención hacia los habitantes del canal.
Tomás López, representante en Tijuana de los Centros de Recuperación y Rehabilitación para los Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, dijo que si bien, Seguridad Pública da como opción a algunos detenidos por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, la opción de ser llevados a un centro contra las adicciones, la autoridad no canaliza ayuda alguna para el sostenimiento de estos organismos. “Si el adicto no recibe el apoyo de la familia para su permanencia, difícilmente podrá completar un tratamiento”, señaló.
PROBLEMA DE FONDO, NO ES POLICIAL: SOTOMAYOR
“El tema de las personas en estado de calle es muy complicado, pero no se debe buscar resolver bajo el punto de vista policial, este es un tema más social y así debe solucionarse”, subrayó Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal.
Desafortunadamente, dijo que tienen que ser detenidas al incurrir en faltas administrativas, como molestar a los turistas, pidiendo cooperación, o estar bajo el influjo del alcohol o alguna droga. “Sí, desafortunadamente tienen que ser detenidos, pero creemos que ese no es el camino, al final es un problema más de fondo”.
“El tema de las personas que son indigentes, no pretendemos criminalizarlos, sabemos que son personas en estado de calle que no tienen en donde vivir, lo único que buscamos es que no molesten a otras personas”, dijo al indicar que solo son detenidos momentáneamente.
Y anunció que “se está llevando a cabo una estrategia con Desarrollo Social Municipal con el objetivo de buscar una solución más duradera”.
SIN ATENCIÓN SOCIAL
En su programa de trabajo, la Dirección del Instituto Municipal Contra las Adicciones -DIMCA-, a cargo de Martha Guadalupe Álvarez Romero, solo contempla acciones preventivas contra el consumo de drogas que resume en pláticas a estudiantes, principalmente de nivel secundaria o a comunidades que así lo soliciten.
Durante el día deambulan en las inmediaciones de El Bordo
Aunque la dependencia realiza trabajo ambulatorio, la canalización y sus habitantes no están contemplados porque éste se ofrece a los alumnos detectados con adicciones en antidoping o para aquellos con conductas de riesgo, quienes son enviados al instituto para su atención, explicó, para luego resaltar que las familias de estos estudiantes también son atendidas.
DIMCA cuenta con una Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y de Reinserción Social -CORSA-, cuyo personal, apoyado por voluntarios, hasta antes del desalojo de 2015, acudían directamente a El Bordo a dar seguimiento al tratamiento de adictos.
La atención a personas con adicciones se ofrece solo a quienes voluntariamente acuden al centro a solicitar ayuda. “Tienen ellos que querer, no tenemos guardias en el centro, así que no podemos ingresar a nadie por nuestra cuenta, tiene que ser voluntario”, subrayó Álvarez Romero.
Actualmente en CORSA se atienden a 38 choferes de transporte público que dieron positivo en operativos de antidoping y a 130 jóvenes que fueron detectados con adicción en las escuelas. En cambio, de la cantidad de internos que han llegado por cuenta propia para ser atendidos, no supo dar cantidad, aunque destacó que la mayoría son personas en situación de calle.
Sobre la problemática de El Bordo que ha resurgido, sin precisar fecha prometió que DIMCA volverá a instalar módulos de información en el canal de Río Tijuana.
PREOCUPA A SECTORES PROBLEMÁTICA
“Es un tema que si nos ha estado preocupando, porque los indigentes aumentan en Zona Centro, principalmente en la Avenida Revolución, lo que inhibe al turismo”, expuso Julián Palombo, dirigente de los comerciantes de la vialidad más emblemática de Tijuana.
“Se acumulan en los restaurantes que sacan mesas a sus terrazas, dando una mala impresión al comensal”, puntualizó.
Para el comerciante, la acción del Gobierno es prácticamente nula, “Seguridad Pública solo se limita a subirlos a las patrullas, pero al rato los vemos merodeando de nueva cuenta por el área”.
Muchos de ellos más que indigentes, son enfermos de adicción que “han encontrado en el Centro, Avenida Revolución y Zona Río un paraíso, van a los desayunadores y ahí comen, voluntarios y personas religiosas les llevan ropa, alimentos y diferentes apoyos que luego venden”. “Es un círculo vicioso que propicia que los adictos se concentren en esta área”, continuó.
Razonó que “esto sucede cuando un problema de esa magnitud es dejado a la deriva por el Gobierno, cuando su solución debería estar involucrados los tres órdenes de Gobierno. Por un lado, las instituciones de salud y de seguridad pública, porque hacen un trabajo de levantarlos y llevarlos a un lugar donde se les dé tratamiento para su reinserción a la sociedad.
“La federación, por su parte, debe proveer apoyos financieros a los centros de rehabilitación. Kurt Honold, presidente del Consejo Coordinador Empresarial -CCE- dijo que el Bordo vuelve a ser un problema que debe ser atendido y como empresarios estamos preocupados porque se resuelva en forma integral y así ha sido planteado ya a las autoridades y estamos en espera de respuestas”, anotó.
CONAGUA, SIN RECURSOS PARA LIMPIAR CANAL
En la reunión celebrada esta semana por el Consejo Estatal de Atención al Migrante, el delegado de CONAGUA en Baja California, Ricardo Zazueta, fue cuestionado por la situación de abandono que guarda la canalización del Río Tijuana. Su respuesta se limitó a conformar mesas de trabajo para buscar ayuda en su limpieza.
Aspectos del abandono
Lo cierto es que la dependencia carece de un presupuesto para el mantenimiento de los 19.6 kilómetros y 90 metros de ancho que tiene la obra hidráulica.
El director de Infraestructura Hidráulica de CONAGUA, Julio Nevarez, indicó que el último mantenimiento al canal data de 2013, para lo cual se invirtieron 32 millones de pesos para la rehabilitación de 9 kilómetros, consistente en el retiro de maleza y plantíos, reposición de concreto y mantenimiento de alcantarillas.
Para un nuevo programa de mantenimiento en este año, la delegación de Baja California de COANGUA concursa un proyecto ante la federación, del orden de los 21 millones de pesos, pero de resultar ganador, los recursos serán canalizados hasta finales de año, por lo que será ejecutado hasta el 2018, aclaró el funcionario.
El hecho de que el canal sea refugio de personas “es algo que deben resolver las autoridades municipales y del Estado”, concluyó.
