Para varios abogados consultados por ZETA, el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción podría resultar inconstitucional, ya que primero se votaría por un fiscal anticorrupción y luego por un fiscal general. En su defensa, el legislador Andrés de la Rosa afirma que lo salva un transitorio. En la parte ciudadana, 15 bajacalifornianos integrarán el Comité de Participación Ciudadana, y 11 serán miembros del Comité Coordinador del SEA junto a seis funcionarios
Luego de varias horas de sesión, el Dictamen 16 de la Comisión de Gobernación fue aprobado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado para dar origen al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual fue votado por unanimidad de los 25 diputados, pese a las observaciones realizadas por varios colegios de abogados que señalan que el procedimiento -tal como se realizó- pudiera resultar inconstitucional.
La votación no llevó mayores sobresaltos, se tenía un acuerdo para votarla a favor y solo se anexó una reserva realizada por el diputado Catalino Zavala, en la cual modificaba varios artículos y fue aprobada por unanimidad.
El SEA nace sin infraestructura y sin dinero, será hasta 2018 cuando podría entrar en funcionamiento si se le contempla en el presupuesto. Con la nueva Ley se requiere realizar una serie de nombramientos para integrar el Sistema, procesos de selección que también podrían retrasar el debido funcionamiento.
Pese a la unanimidad, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido de Baja California y de Encuentro Social, señalaron que será necesario escuchar todas la voces ante el planteamiento que realizaron dos colegios de abogados, donde señalan la posibilidad de la inconstitucionalidad del fiscal anticorrupción.
Inconstitucionalidad
Pese a estar de acuerdo en que sea un fiscal ciudadano el que integre el SEA, el abogado Fernando Rosales explica que en el análisis, los colegios de abogados encontraron diversos puntos que pudieran dejar al Sistema inconstitucional.
Señaló que Baja California es de los últimos en aprobar el Sistema Anticorrupción, por lo que se apresuraron para ratificar las modificaciones de Ley, dejando diversos huecos de forma.
Según Rosales, en mayo de 2015 hubo una reforma al Artículo 73, en la que da facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar en el tema del combate a la corrupción, de tal manera que desde ese entonces se instauró una jerarquía de leyes, por lo que ordena la creación de la Ley General al Combate a la Corrupción.
Agregó que la misma legislación estableció que los congresos de los estados tendrán que hacer las leyes basándose estrictamente en el decreto, por lo que no se puede hacer algo más allá porque se afectaría el orden constitucional.
“Estamos diciendo, de acuerdo a la Constitución y la Ley Secundaría, lo que se tendría que haber hecho y no se hizo, fue primero reformar la Constitución de Baja California para crear la figura del Fiscal General Estatal, toda vez que el Artículo 102 señala que será el fiscal general quien nombre y remueva a los fiscales especializados de Combate a la Corrupción y al de Delitos Electorales”, expresó el abogado.
Al votarse de esa manera, le dieron rango constitucional al Fiscal Anticorrupción, por lo que el dictamen sería contrario a la reforma federal, “lo importante sería que cualquier funcionario que fuera alcanzado por el SEA se pueda amparar, debido a que la persona que está sancionando no está de acuerdo a la constitución. Un fiscal inconstitucional, y eso no es lo que queremos”, asentó.
De igual manera, se debe analizar el costo que tendrá colocar a 15 ciudadanos en el Comité de Participación Ciudadana, y a once ciudadanos en el Comité Coordinador, los cuales además no coinciden con el decreto de creación del Sistema Anticorrupción a nivel nacional, donde el Comité de Participación Ciudadana lo integran cinco personas, y solo un ciudadano es parte del Comité Coordinador, junto a seis miembros más (auditor fiscal de la Federación, fiscal anticorrupción, contralor, un consejero de la Judicatura, el presidente del Instituto de Transparencia y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
En ese punto coinciden los licenciados José Juan Briseño García, del Foro de Abogados de Baja California, y Juan José Casto Crespo, del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, quienes señalan que el nombramiento de once ciudadanos en el Comité Coordinador se contrapone al Artículo 113 de la Constitución y a la Ley General, donde solo reconoce a un ciudadano como integrante. Lo mismo ocurre en el Artículo 95 fracción III de la Constitución local, ya que no concuerdan en el número del Comité de Participación Ciudadana.
Coinciden también en que primero se debió designar al fiscal general antes que al anticorrupción, para evitar la inconstitucionalidad del nombramiento.
Transitorio salvador
Para el legislador Andrés de la Rosa, la inconstitucionalidad del nombramiento se salva bajo un transitorio en el que señala que el SEA no entrará en vigor hasta que sea nombrado el fiscal general, por ello el hecho que primero nombren al fiscal anticorrupción no será anticonstitucional.
Añadió que en Baja California se quiso dar un paso más a la reforma federal, respetando las bases y principios constitucionales, pero modificando algunos aspectos para ciudadanizar aún más el SEA: “Vamos a tener 15 en el Comité de Participación Ciudadana y 11 en el Comité Coordinador, entonces hay una ciudadanización muy importante, pero además los ciudadanos van a participar en los procesos de nombramientos que va a hacer el Congreso del auditor superior, del fiscal anticorrupción, del magistrado anticorrupción, en el sentido que se va a integrar una comisión especial con tres diputados de distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, quienes van a hacer la tarea de desahogar comparecencias y hacer evaluaciones de los que respondan a las convocatorias”, ahondó De la Rosa.
Pese a lo ciudadano que se pretende en la Ley, será finalmente el Congreso del Estado el que defina los nombramientos de todos los funcionarios anticorrupción, y pueden tomar en cuenta o no, la opinión del Comité de Participación.
Apreuban Sistema Estatal Anticorrupción
“El Comité Coordinador solamente puede emitir recomendaciones, pero no son vinculantes a las autoridades públicas del orden federal, en cambio aquí, las atribuciones del Comité Coordinador van a tener un efecto vinculatorio para que cuando emitan una recomendación sobre los poderes del Estado, se va a tener que atender”, dijo, para después asegurar que en el SEA se tomaron requisitos que la Ley Federal no contempla en la designación de los fiscales y el propio auditor superior del Estado, donde no podrán ser elegidos si fueron candidatos de elección popular en los últimos tres años previos a la designación, o dirigentes de algún partido político.
Sobre la inconstitucionalidad del fiscal anticorrupción en el planteamiento que realizan los abogados, señaló que ya fue contemplado en la Ley, “ellos traen una apreciación que se respeta pero no es correcta, nosotros partimos para hacer esta reforma de las bases y principios de la reforma federal, para efectos del nombramiento del fiscal; más allá del nombramiento, viene un transitorio que establece que el fiscal anticorrupción no va a ser nombrado hasta en tanto se haga la reforma constitucional de la Fiscalía General del Estado, porque la vamos a asimilar como quedó en el esquema federal, en el sentido que es un órgano publico autónomo y si el Congreso tendría facultades claras para nombrar al fiscal anticorrupción”.
— ¿Por qué no hacerlo al revés?
“Es un asunto de tiempo, tenemos un tiempo para sacar la reforma anticorrupción y es el 18 de julio, en cambio para el tema de la fiscalía podemos hacerlo después, por eso estamos estableciendo ese transitorio que la Fiscalía Anticorrupción no se va a nombrar hasta que se tenga la Fiscalía General del Estado con su reforma, con su Ley Secundaría y, a partir de ahí, procederá el congreso a nombrar el fiscal”, concluyó.
Aplauden la Ley
Francisco Fiorentini, quien trabajó en la mesa redactora del SEA, expuso que los empresarios quedaron contentos con el resultado y consideró que el Sistema tiene un espíritu ciudadano, por lo que se dice confiado en que el dictamen viene muy fortalecido.
En cuanto a la participación de 26 ciudadanos en el SEA, estos deberían ser honorarios, aunque reconoció que en caso de existir traslado de otros municipios, deberá fijarse un sueldo simbólico para hacer frente a los gastos.
“Tenemos que ser muy cuidadosos de que esto no caiga en lo que cayó el IEE (Instituto Estatal Electoral), con consejeros sumamente onerosos, aquí lo que se tiene que hacer es volver al espíritu de que los ciudadanos seamos los que tengamos que revisar, nuestros políticos están actuando de la forma que han actuado en la comprobación del gasto porque los hemos dejado”, señaló Fiorentini.
Por su parte, Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, opinó que la Ley aprobada es perfectible y reconoció el trabajo de la ciudadanía en el proyecto, pero que se tiene que cuidar.
“Lo que sigue es lo difícil, que funcione y que funcione para siempre. Que no pase como con el IEE, que comenzaron con consejeros ciudadanos muy importantes y ahorita son una bola de ratas mantenidos; esa es la función la de ciudadanía, no (lo) podemos permitir, al principio no va a pasar nada porque vamos a estar muy atentos, pero en cinco o diez años, se descuida uno y se le cuelan los partidos políticos, eso no lo podemos permitir”, ejemplificó el representante del CCE.
Para Édgar Silva, representante de Célula 686, ha sido un proceso de mucho estirar y aflojar; en cuanto a las dudas que han planteado algunos abogados, explicó que el tema fue analizado con sus representantes legales, por lo que llegaron a un acuerdo jurídicamente hablando, para realizar modificaciones bajo un transitorio y no violar la Constitución.
“A final de cuentas el trabajo consolidado viene a traer muchos beneficios de lo que será el SEA, creemos que hemos logrado ciudadanizarlo en gran parte, sabemos que falta mucho por hacer, seguir construyendo lo que al final pretendemos, que sea un sistema que realmente venga a dar beneficios a la ciudadanía y podamos tener a la gente corrupta en la cárcel”, confió.
Por su parte, el diputado Luis Moreno, de Encuentro Social, votó a favor para salir unidos en el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, pero no se encuentra convencido del todo del dictamen final que fue aproado: “Mantengo todavía profundas diferencias y sobre todo dudas de si está reforma que estamos haciendo, no puede en el futuro generar una acción de inconstitucionalidad que pueda dejar libre a algunas personas que se detengan”.
Lo mismo piensan los abogados.
