Ante el riesgo de lo que consideran “la privatización de los servicios de salud”, jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Baja California, conformaron un “comité de lucha”, a fin de informarse acerca de las disposiciones de la Federación en la materia, y poder enfrentarlas.
Gabriel González Arredondo, coordinador del comité, admitió que hay información concreta que da cuenta de dicha privatización, sin embargo, la intención de organizarse provino de la “incertidumbre” que genera la inminente Reforma de Salud del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El jueves 15 de junio, los jubilados tuvieron una reunión en la que señalaron que la universalización de los servicios de salud, es decir, intercambiar servicios entre dependencias públicas, podría ser un indicador de acciones orientadas a poner la salud en manos privadas.
González Arredondo puso énfasis en un supuesto “desmantelamiento paulatino” del IMSS, por parte de las autoridades, a fin de facilitar su entrega a empresarios. Cuando se le cuestionó acerca del tema, dijo desconocer en qué dimensión ha afectado esa práctica, y refirió únicamente a las carencias diarias que enfrentan los trabajadores de la dependencia, de las cuales, también desconoce la proporción.
En el mismo sentido, explicó que hasta ahora no ha habido ninguna instancia – ni pública ni privada – que haya hecho un estudio “de manera científica” del estado actual que guarda la principal dependencia de salud mexicana, en la que actualmente hay “mucha especulación”.
Por su parte, Yamile Moncada Reyes, activista en materia de defensa del seguro social, señaló que desde la puesta en marcha del Sistema de Protección Social en Salud – en abril de 2015 –, derivado de una reforma a la Ley General de Salud, se han registrado cobros a derechohabientes en entidades ajenas a Baja California, lo que contraviene a la propia Carta Magna.
En ese sentido, la activista ofreció una conferencia a los jubilados y pensionados sobre la situación actual del Régimen de Protección a la Salud en México, a fin de capacitarlos y que puedan manifestarse contra cualquier intención privatizadora.
Publicidad
