Con la presencia de autoridades y representantes sociales del ámbito local, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) conmemoró su segundo aniversario de creación, en el evento, la titular del organismo, Melba Adriana Olvera Rodríguez, rindió un informe bianual de actividades. Cabe destacar que se encuentra a mitad de su gestión como ombudsperson estatal.
En primer término, la funcionaria señaló que al asumir el cargo se encontró un vacío total de recursos en la defensoría de pueblo, por malos manejos del entonces titular de la extinta Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, Arnulfo de León Lavenant. Se encontró con 23 juicios laborales en los que se le exigían al organismo 15 millones de pesos.
“No había recursos en las cuentas para defender los derechos humanos de junio a diciembre de 2015”, lamentó la funcionaria, quien aseguró que actualmente no se tienen deudas ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y los Municipios de Baja California (ISSSTECALI), además de que fueron saneadas las finanzas de la Comisión. Actualmente quedan 11 juicios por 8 millones de pesos.
En este periodo (2015-2017) se han hecho 25 recomendaciones ante instituciones públicas del Estado. En 2016, el primer año completo de la gestión de la Comisión, fueron recibidas 2 mil 305 quejas, contra las mil 905 quejas recibidas en el último año de la Comisión, lo que representa un aumento de más del 20 por ciento. En lo que va de este año la cifra asciende a mil 036. En el último trienio han sido presentadas 5 mil 426 quejas ante la Comisión.
Olvera Rodríguez refirió a ZETA que es injusto que autoridades culpen al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por ser garantista de derechos humanos y que por ello el crimen impere en la región, ya que es necesario que en primer término se capaciten mejor los involucrados – policías, jueces y el Ministerio Público – para ejecer mejor las disposiciones penales que dentro de nueve días cumplirán su primer año de entrar en vigor en la ciudad.
“No se vale decir que un sistema no funciona porque está basado en la defensa de la dignidad humana, porque los derechos humanos proponen la justicia como derecho. No puedes hablar que en un Estado impera el Estado de Derecho si no se respetan los derechos humanos”, dijo.
Para la funcionaria, es necesario que en primera instancia de fortalezcan las instituciones bajacalifornianas para que puedan contar con los recursos y la capacidad de defender y procurar la garantía de los derechos humanos. Principalmente abatir cualquier desabasto que haya en el sistema de salud, por lo que “se requiere fortalecer a las instituciones con perspectiva de derechos humanos”.
“Que sea irreductible el presupuesto de salud, educación y seguridad ciudadana”, dijo y apuntó que hace falta procurar la seguridad en las zonas rurales de la ciudad, que carecen de elementos para hacelro.
En el evento estuvo presente el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reiteró que el NSJP es uno de los principales causantes de la violencia que se vive en la ciudad, por lo que aseguró que se ha intentado que las altas autoridades federales que modifiquen el Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva. Asimismo, el mandatario se congratuló de estar avanzando en materia de derechos humanos dando seguimiento a las recomendaciones emitidas por el órgano protector de derechos humanos.
