El ser un “empresario exitoso” no ha sido causa para que el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, decida dejar de cobrar su sueldo como titular del Poder Ejecutivo estatal o para reducirlo a un peso, por ejemplo. Evidentemente piensa que cualquier trabajo, por mínimo sacrificio o dedicación que signifique, merece en retribución un salario.
Por eso han resultado abusivos, y en algunos momentos hasta insolentes, sus comentarios a lo largo de tres años y medio de administración, en los que consciente -y admitidas las deudas de millones de pesos a maestros jubilados e interinos-, ha declarado que “no hay dinero” para pagarles, que los va a sancionar si suspenden labores; o como el reciente 15 de mayo, cuando de plano dijo: “Todos sabemos que es imposible (pagarles a todos). Los maestros saben que es imposible. Creo yo que con todo respeto, es difícil pedir lo imposible”, como si no fuera parte de su responsabilidad ver “el como si”; los maestros no está robando, no están pidiendo limosna. Están exigiendo dinero por el tiempo ya trabajado, están reclamando lo que en legítimo y constitucional derecho les adeudan.
Igual de ofensivas han resultado sus promesas de pago rotas -y las de sus funcionarios- y los plazos fallidos extendidos de un mes… a otros.
A los maestros jubilados e interinos, a quienes desde hace años acostumbran retenerles los pagos, nadie les regala la comida y el agua que necesitan para sobrevivir, la ropa y la casa que los cubre, los traslados. A ninguno de ellos, como le sucedió al secretario de Turismo, Óscar Escobedo, la Cámara de Comercio les entrega dos camionetas modelo 2017 con valor de 2 millones de pesos, a cambio de recibir beneficios de “sobrantes del presupuesto”. Los maestros tampoco reciben carros para moverse o millones de pesos para pago de comidas y viáticos, como sí sucede con cientos de funcionarios en los gobiernos locales.
Cierto, como ha dicho el gobernador, la falta de pago a los profesores jubilados es un problema antiguo, pero eso no lo exime de la responsabilidad de trabajar en una propuesta, de generar una resolución de largo alcance; finalmente es un problema que él conocía cuando decidió buscar la gubernatura que tantos beneficios le ha dado. No tener un plan para solucionarlo es muestra de una deficiencia en la administración estatal.
Solo los esclavos son obligados a trabajar sin salario, se erradicó hace decenas de años y su práctica se establece como un delito en la Constitución; el cacicazgo de sueldos injustos que no permiten vivir con dignidad, también es un modo en desuso en una sociedad que se encamina a la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad, la justicia social.
Al no establecer un plan eficiente para pagar a los maestros de Baja California, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid comete abiertamente explotación laboral.
También lo hace al no entregar el dinero de sus jubilaciones a los maestros, a quienes quincenalmente se les retuvo parte de sus salarios para ese fin durante toda su vida productiva, y al contratar profesores interinos y después no cubrir sus sueldos durante meses.
Francisco Vega no puede deslindarse con frases como “es imposible”.
“Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una existencia digna. El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz universal y permanente, basada en la justicia social”, aseguró en 2013 el economista principal de la OIT, Patrick Belser, en la celebración del 20 Aniversario del Día de los Derechos Humanos, en un foro organizado por esa organización.
En junio de 2016, mientras se analizaba el importe del salario mínimo en México, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declararon que “uno de los derechos fundamentales de las personas, es el de recibir remuneración por su actividad laboral”.
Vega y su gabinete no pueden continuar con la respuesta de “no se puede”; primero porque reciben un sueldo- ellos sí- por gobernar, y mientras sigan cobrando, no pueden renunciar a hacerlo; y después, porque sus incumplimientos redundan en paros laborales que afectan a miles de alumnos y acrecientan el rezago educativo.
No se trata solo de negociar y lograr recursos extraordinarios, su trabajo es buscar, proponer, trabajar y colaborar con soluciones de largo plazo, y si el mandatario no puede solo, ahí está la Conferencia Nacional de Gobernadores, que sirva para mucho más que giras de promoción y reuniones en sitios turísticos. Los maestros no están pidiendo nada que no les corresponda en derecho.
