En la época feudal, en comunidades pequeñas, un grupo de ciudadanos delegaba en otros la tarea de organizar una feria o construir un puente, o una iglesia. Eran siempre tareas acotadas por el tiempo o por una labor particular. Pero, a la medida que la comunidad creció, se hizo necesario que se encargaran también de los caminos, de la seguridad, entre otras cosas. De este modo, poco a poco se les fueron encargando más obras a ciertas personas de la propia comunidad, hasta que el número de trabajos era tan grande que obligó a que la actividad de servir a la comunidad, se hiciera permanente y se retribuyera con un sueldo a quien lo realizara.
En principio, los representantes consultaban a sus representados y rendían cuentas claras de sus trabajos, pero, a medida que la población y las actividades progresaron, estas acciones terminaron, y los ciudadanos investidos con responsabilidades, empezaron a tomar decisiones sin consultar ni informar a sus dirigidos.
El aparato estatal se va haciendo independiente y muchas veces hasta contrario a los intereses de los ciudadanos. Así surge el Estado moderno. Pero, hasta aquí, el aparato estatal tiene como base filosófica servir a los ciudadanos. El Estado se identifica con el progreso y también con el anhelo de libertad. Existe la seguridad de que los agentes del Estado actúen con responsabilidad. Únicamente de manera improbable se verán afectados por actos irresponsables, pues siempre hay personas o grupos que anteponen sus intereses a los públicos. Estos buscan ganar dinero a toda costa.
En 1985, Norberto Bobbio, en un trabajo sobre historia de la filosofía, señaló que uno de los tres peligros que amenazaba la eficiencia del Estado moderno, era la privatización de lo público. Sí, en efecto, la creciente presencia de intereses particulares en la actividad estatal reduce su eficacia en función de los intereses de las mayorías. La privatización busca obtener ganancias y no satisfacer necesidades ciudadanas. Este fenómeno lo señalé en 1996, cuando escribí mi libro Lo claroscuro de la representación política. El problema no solo sigue vigente, sino que se ha incrementado.
Hoy, muchos políticos de derecha propugnan por un Estado mínimo, a diferencia de quienes propugnamos por mayor rectoría del Estado. Me pregunto, ¿para qué se postulan a un cargo público si no tienen voluntad o emoción de cumplir con su responsabilidad? ¿Para qué buscan el poder si llegando a él quieren ceder, a individuos o a compañías, tareas del gobierno? La basura, la seguridad pública, el alumbrado público, el manejo del agua; el aseo de oficinas, el pago de nóminas, etcétera, todo lo quieren concesionar. ¿Qué quieren hacer entonces? ¿Aparecer en los desfiles, en las inauguraciones únicamente? Solo les interesa el glamour del poder.
Me causa enojo leer las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Energía, quienes festejan que empresas privadas se hagan de nuestro petróleo. Son estúpidos, porque solo ven las supuestas inversiones petroleras y no perciben el peligro para la soberanía del país, pues estas petroleras y sus gobiernos poseen, en cierta forma, el control sobre nuestro futuro. Seguro no han leído la historia de nuestro país ni la mundial que nos enseña cómo la mayoría de las guerras recientes, son debido al control de petróleo.
Hay un libro ya viejo que nos ilustra sobre la intervención de Europa y Estados Unidos en nuestros conflictos revolucionarios y sus líderes. Sí, La guerra secreta en México de Friedrich Katz, que nos demuestra cómo muchas potencias extranjeras estuvieron atrás de los caudillos revolucionarios y sus decisiones. Paradigmático es la conducta de embajador norteamericano Wilson, quien le dictaba su conducta a Madero y cuando éste dejó de hacerle caso, conspiró con Huerta para derribarlo, lo que culminó con su asesinato.
Sí, amigos, es muy peligroso compartir las tareas y responsabilidades públicas con particulares o empresas privadas, por supuestas razones económicas o de eficiencia.
Rechazo la cesión de lo público a lo privado. Rechazo la privatización de lo público, aún más de la seguridad o el servicio del agua, al permitir que unos cuantos lucren con la actividad del Estado, es, aparte de demostrar ineficiencia, poner en peligro el destino de nuestras ciudades, estados y nación.
Siempre se pueden hacer bien las cosas si se sintoniza con las necesidades y aspiraciones populares. Quien no pueda con estas tareas, ni se meta, si ya se metió, pues renuncie. La ciudadanía no acepta ya estas conductas.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo: amador_rodriguezlozano@yahoo.com
