El Gobierno de Chihuahua, que entonces encabezaba César Duarte Jaquez, desvió 246 millones de pesos presuntamente para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de aquella entidad, Enrique Serrano Escobar, ex alcalde de Ciudad Juárez y ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), través de un testigo -identificada como T901-17-, durante la audiencia de vinculación a proceso de Karla Areli Jurado Bafidis, ex directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD), presuntamente copartícipe en el desvío de los 246 mdp.
La testigo indicó que funcionarios de la administración de César Duarte contaban con una nómina confidencial para obtener recursos públicos de manera ilícita. El Ministerio Público señaló que el desvío de fondos se dio mediante la contratación de servicios que nunca se prestaron, para la campaña del PRI en los comicios del año pasado.
La jueza de control Sandra Zulema Palma procesó penalmente a la ex funcionaria como copartícipe del delito de peculado. La Fiscalía General del Estado acreditó ante la juzgadora que Jurado Bafidis autorizó cuatro contratos a empresas que simularon la prestación de servicios y la adquisición de un software para la dependencia.
El MP presentó elementos incriminatorios contenidos en la carpeta de investigación 780/2017 para establecer que la imputada firmó las actas de adjudicación directa y autorizó los pagos que generaron el desvío del erario.
Por los mismos hechos, actualmente se encuentran vinculados a proceso bajo prisión preventiva Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación Cultura y Deporte; Gerardo Villegas Madrigal, ex director general de Administración de la Secretaria de Hacienda, y Antonio Enrique Tarín García, ex director de Adquisiciones.
“La investigación ministerial establece que con reparto de funciones los imputados participaron en el diseño y ejecución del delito que consistió en ‘la contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software’ para distraer la fuerte suma de dinero”, estableció la FGE.
Los cuatro contratos fueron autorizados los días 24, 25, 26 y 29 de febrero de 2016, cuyos pagos millonarios se hicieron el 6 de abril de ese mismo año. Por ejemplo, el contrato SHAD/078/2016 estaba relacionado con supuestos talleres para padres de nivel preescolar y primaria por 55 millones de pesos a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C.
El segundo, SHAD/079/2016, por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad por un total de 55 millones de pesos dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V.
El tercer contrato, SHAD/080/2016, por un curso sobre medio ambiente por 46 millones de pesos a servicios y asesorías SISASS S.A de C.V. Además, el cuarto, el SHAD/070/2016, por la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal por 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V.
Apenas ayer, el exgobernador solicitó cambiar la fecha de la audiencia constitucional relacionada con el amparo que solicitó para que la Fiscalía General del Estado le entregue una copia certificada del inventario de bienes asegurados durante los cateos realizados a sus diferentes domicilios.
El aplazamiento fue otorgado “para que el quejoso manifieste si es su deseo ampliar la demanda” contra Carlos Eduardo Esparza Zamarripa, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro.
El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, fijó el 5 de julio como nueva fecha para desahogar el procedimiento, después de diferir la audiencia programada inicialmente para el 13 de junio.
La demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Federal por Ricardo Antonio Sánchez Retana, abogado del exmandatario, tras los cateos realizados a dos domicilios de Duarte Jáquez en Parral, Chihuahua, y uno en Balleza, en abril pasado.
-Con información de Reforma y El Diario de Ciudad Juárez.
