“Las ideas viejas se llaman prejuicios; las nuevas
son llamadas caprichos”.- Jimeno Doudand
Fueron 32 aspirantes los que comparecieron ante los legisladores para expresar sus propuestas respecto a la Fiscalía Anticorrupción y al fin ser examinados por los legisladores federales.
Es imprescindible mencionar que esta Fiscalía nace en el descrédito y con todas las dudas de su funcionalidad y verticalidad, ya que, para operar con verdadera autonomía e independencia política, este Fiscal especializado como institución, requiere una profunda reforma al artículo 102 de la Constitución General de la República.
El modelo que se ha proyectado para esta institución, tiene graves limitaciones, puesto que Usted puede ser engañado por el hecho de que su titular será nombrado por el Senado de la República. Lo que no le han dicho, es que en cualquier momento puede ser removido por el Procurador General de la República y, en su momento procesal, por el Fiscal General si es que la Procuraduría General de la República (PGR) logra su auténtica independencia, pues, conforme está el texto constitucional actualmente, el titular de la PGR no requiere tener una causa justificada para la remoción del Fiscal Anticorrupción, porque en la Constitución de nuestro país se estableció como una facultad que se ejerce libremente por parte del Procurador Nacional.
¿Qué es lo que sucede entonces con esta Fiscalía General? Fiscalía convertida hoy en el botín de los diferentes partidos políticos más ávidos de poder y de influencia que del propósito de servir a los ciudadanos que los eligieron, a los cuales jamás han representado. Ciudadanos estos, que con el pago de sus impuestos cubren los salarios de estos príncipes celestiales del Senado y la Cámara de Diputados.
La Fiscalía Anti Corrupción, entonces todavía no nace a la vida jurídica, pero carece anticipadamente de autonomía técnica y normativa. Esta Fiscalía realmente operará con la estructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, es un ente legal que por supuesto, carece de peritos especializados en finanzas y contabilidad para la licitación de enriquecimientos ilícitos y de lavado de dinero. Carece de peritos en tecnología de información para labores de inteligencia y, en dicha Unidad, laboran aproximadamente 33 Agentes del Ministerio Público de la Federación.
No perdemos de vista el fango en el que se desenvuelven los servidores públicos y los gobernadores de las diversas entidades de la República. Los escándalos sin límites del abuso de poder en que han incurrido los ex mandatarios de los Estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo; Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, solo por mencionar algunos.
Es necesario que le comente a Usted, que esta Unidad Especializada, durante todo un sexenio, solo ha podido obtener 70 autos de formal prisión, pero absolutamente ninguno, sí, ninguno por enriquecimiento ilícito, lo que nos lleva a la fácil conclusión de que los auténticos ladrones, los abusadores del poder, “los peces gordos” se burlan de esta Unidad que combate a la corrupción.
Como Usted seguramente está enterado, una iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto modificó el “pase automático” de Procurador General de la República a Fiscal Anticorrupción, al tiempo que otra iniciativa se presentó, por parte de los representantes de otro partido político, a fin de que el titular de la Fiscalía Anticorrupción no dure en funciones nueve años, sino siete, y establece que podrá ser removido por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Senadores y no únicamente por el titular del Poder Ejecutivo (el Presidente). En realidad, ahora se busca la creación de tres Fiscalías Especializadas con independencia técnica y de gestión, cuyos titulares no serán nombrados por el Presidente. Estas fiscalías serán especializadas en Anticorrupción, Derechos Humanos y finalmente, Delitos Electorales.
Actualmente las tres fuerzas políticas del Senado de la República han propuesto posponer para más adelante de este año 2017, dicha elección. El reconocido grupo a nivel nacional de “México Unido Contra la Delincuencia” ha insistido en que el resultado de la reforma va a depender no solo de la elección del nuevo Fiscal Anticorrupción, sino de la posibilidad de que sea un verdadero organismo sin cuotas y sin cuates. De lo que resulta, que esta noble institución que fiscalizará el actuar, la gestión y la actuación del servidor público, nace fracturada y con descrédito antes de que empiece a operar, lo cual, es muy lamentable para nuestro país.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
