La Comisión Federal de Competencia Económica se lanzó hace unos días contra los bancos más grandes del país y las mayores afores por prácticas deshonestas que afectan directamente a los trabajadores y a la hacienda pública del país. En el caso del erario y los inversionistas, el daño se estima alrededor de 100 mil millones de pesos diarios. En esta trama de escándalo se halla implicado el equipo de quien fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray: “No estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme”, dice a Proceso un académico y analista financiero.
En un comunicado, el jefe de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño causado al erario y a los inversionistas por esta práctica de colusión, podría ser del orden de los 100 mil millones de pesos diarios. Mediante el oficio No. 21100000/08/2009.
Ruiz Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009, que existía un convenio de concertación que preveía una aportación de 50 millones de pesos, “pero que, en realidad, el gobierno del estado habría aportado 125 millones de pesos y que esa cantidad actualizada a la fecha, con una tasa de interés de 10.0 puntos reales, era de 3,671 millones de pesos”.
Es decir, convirtieron una supuesta deuda de 50 millones de pesos en otra de 3 mil 671 millones de pesos del erario federal al erario mexiquense.
El abogado Díez Gargari, convencido de que transparencia y legalidad son requisitos fundamentales para el desarrollo, afirmó en su demanda que “la tasa de 10 puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó para llegar a esa cifra fantástica, no tiene soporte legal y/o contractual alguno”. Actualizado a la inflación, sería de 234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de pesos al 30 de abril de este año, calculó el experto.
Ruiz Esparza no obtuvo respuesta del gobierno federal de Calderón, pero cuando llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, asumió la existencia ficticia de un “convenio de transacción” que versa de “una obligación inexistente (del gobierno federal) y un derecho inexistente (del gobierno del Estado de México)”.
Según Díez Gargari: Peña Nieto, el titular de Hacienda Luis Videgaray, Ruiz Esparza en la SCT y Alfredo del Mazo en Banobras, diseñaron un “doloso” plan criminal para crear un vehículo que les permitiera canalizar al gobierno del Estado de México miles de millones de pesos.
Una maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3 mil 100 millones de pesos del erario federal al mexiquense desde la administración de Enrique Peña Nieto. Ésta fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía Infraiber.
La demanda de hechos, de 13 cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada, involucra al exgobernador y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Finanzas mexiquense y exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray; al exsecretario de Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al exdirector de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.
En este Tecate bonito:
Con el fin de exponer las nuevas oportunidades logísticas para la industria a través de la infraestructura ferroviaria que une a la región, se realizará este viernes 9 de junio el Foro Binacional Logística Ferroviaria Calibaja en el Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Tecate.
En conferencia de prensa, la Cónsul General de México en San Diego, Marcela Celorio, mencionó que el Foro es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de conocimientos en torno a la infraestructura ferroviaria en Baja California.
Concepción Vizcarra de Arámburo es luchadora social y reside en Tecate, B.C. Correo: concepcion_vizcarra@hotmail.com
