Mientras el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, participaba en el noveno aniversario de la organización “Alianza Civil A.C.”, una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) hizo uso de la voz y cuestionó al mandatario y a las autoridades que se congratulaban de su vinculación con la sociedad:
“¿Quién está más organizado? ¿El gobierno o el crimen?”, exclamó Aranza Echegoyén Salas, en la Galería Internacional del Centro Estatal de las Artes (CEART). Ante la mirada del mandatario, la joven hizo referencia a la incapacidad del gobierno para frenar al crimen que impera en las calles que ha cobrado la vida de niños. Exigió acciones contundentes y prontas “para que no siga fluyendo más sangre” y llamó a los presentes a reflexionar por “cada niño, niña, hombre o mujer que han sido víctimas de promesas incumplidas” por parte de la autoridad, particularmente en el ámbito de procurar la paz para miles de bajacalifornianos.
Cuando el gobernador tomó la palabra al final del evento, dijo que le parecía “preocupante” que el discurso de Aranza fuera uno “sin esperanza”, para luego mencionar que las palabras de la estudiante lo conmovieron, y rematar con que la inseguridad es una de las problemáticas que más “me quitan el sueño”.
Luego apuntó que la inseguridad es un asunto “difícil y complejo” para las autoridades locales, y señaló, de nueva cuenta, las deficiencias del Código Nacional de Procedimientos Penales, la falta de una Ley de Seguridad Interior, entre otras normativas de índole federal, por estar retrasadas y favorecer a la ola de violencia.
El presidente de Alianza Civil, Jesús Alberto Sandoval Franco, explicó que organizaciones como la suya, son las que realizan acciones en Tijuana, que frecuentemente la autoridad no es capaz de realizar. Presupuestalmente el gobierno no respeta esa labor, ya que solamente destinó alrededor de 7 millones de pesos, en 2017, al gobierno municipal y estatal, que resultan insuficientes.
Afirmó que, como presidente del Consejo Municipal de Organismos de la Sociedad Civil, buscará que la bolsa aumente por lo menos a 50 millones de pesos, a nivel estatal, lo que ayudará a las organizaciones civiles a mejorar su operación, principalmente en materia de prevención del delito.
