Pese a que no hay reglamento que regule y
que profesionales inmobiliarios
recomiendan no adquirir predios sin que
medie un notario o utilizar un agente con
licencia, se hacen cesiones y ventas de
terrenos ejidales y sin permiso de
fraccionamientos, ya que aunque paguen,
no podrán tener documentos de propiedad
Los valles de Ensenada están repletos de terrenos ejidales que por Ley no son subdividibles, así como predios rústicos de alta plusvalía en venta por parte de supuestos propietarios que los ofrecen sin tener derecho sobre el bien inmueble.
La mala experiencia alcanzó a una pareja cuyo hijo de 26 años de edad, con parálisis cerebral, proyectaron la construcción de un centro de personas con capacidades diferentes a través de Fundación Manik, Manos que Ayudan, con recursos del Gobierno Federal en el Valle de Guadalupe, por lo que comenzaron a buscar tierra en la prestigiosa zona vinícola.
Dieron con un bonito lugar en la delegación de San Antonio de las Minas, llamado Granjas Campestre El Manzo”, donde el vendedor había colocado letreros con el mensaje “Se vende. Trato directo”.
Jorge Vilchis Hernández, abogado de profesión y su esposa Anallansi Taylor Paniagua, en febrero de 2011 creyeron comprar un predio rústico de 1.5 hectáreas por casi 200 mil dólares donde pretendían construir el centro, con pagos chicos a plazos largos de hasta 72 meses.
Lic. Vilchez y su esposa directora del proyecto
Al momento de realizar el contrato, el supuesto dueño presentó un poder debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ya que las hermanas de éste, de apellido Moreno Calzada, habían fallecido.
No obstante ocultó información, pues los hijos de ellas mantenían un juicio en Tijuana para reclamar la herencia que incluía los terrenos de San Antonio de las Minas, los mismos que estaba ofreciendo.
“Me expresó que él estaba facultado para enajenar porciones del referido predio, en virtud de además ser propietario del referido inmueble, era apoderado legal para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas de los demás propietarios que vivían en Tijuana”, declaró el afectado.
Los pago mensuales eran de 720 dólares, pero los compradores intentaron liquidar antes del tiempo pactado y se toparon con que el vendedor se negó a recibir la última cantidad, pues no tenía la posibilidad de entregar las escrituras.
“No quiso recibir el dinero, prefería las mensualidades, eso despertó nuestras sospechas y comenzamos a indagar”, platicó el denunciante, al tiempo que desveló que en Tijuana hay un juicio por parte de los hijos de las herederas que reclaman su parte.
Se calcula que otras nueve familias adquirieron predios en el mismo sitio y no podrán tener documentos de propiedad.
El caso por supuesto fraude con número penal 2347/2016, lo resuelve la juez Martha Flores en el Juzgado Segundo de lo Penal en Ensenada y, aunque se giró orden de aprehensión contra el señalado, una apelación está en proceso en el Tribunal de Justicia del Estado.
Vendedores hablan bonito, pero cuidado…
El presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, Marco Antonio Preciado, ha sido reiterativo con la comunidad bajacaliforniana en mantener la seriedad al momento de desembolsar el dinero que, para ciertas personas, es producto de años de trabajo.
“Les hablan bonito, les dicen que los terrenos los van a regularizar, que tienen amigos en Catastro o en otras dependencias pero la Ley es la Ley, ninguna autoridad va a meter la mano por una persona que no está haciendo bien las cosas”, advirtió el profesional.
Sin embargo, reafirmó que existe una Ley en Baja California que rige a todos los profesionales inmobiliarios que tienen licencia y están dentro de un padrón, es decir, son vendedores confiables.
Cualquier promotor inmobiliario debe tener su licencia, o tramitarla si tiene intenciones de hacerlo, porque cuando menos garantiza que hay un filtro con domicilio fijo, registro, sin antecedentes penales, “sobre todo el conocimiento sobre la actividad para evitar fraudes”.
Preciado compartió que en el caso del Valle de Guadalupe, así como en la delegación de Maneadero hay una cantidad enorme de áreas ejidales y predios rústicos que se venden sin permiso de fraccionamiento, con planos hechos por ingenieros que saben que esos terrenos no se pueden vender.
“Desgraciadamente es una realidad, la gente no respeta y reciben dinero sin hacer el proceso por medio de escrituras y contratos que tienen que pasar primero por un notario”, platicó.
Lo más delicado son los derechos de subdivisión si se trata de un fraccionamiento, mismo que tiene que estar publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El también integrante de la Comisión Mixta de la Ley que regula las actividades de los agentes profesionales inmobiliarios en Baja California, recomendó evitar conflictos y pérdida de dinero, acercándose a personas autorizadas en realizar este tipo de transacciones con desconocidos que no tienen la certeza de que sean legítimo dueños, por lo cual recomendó siempre acudir a un notario.
Compradores también incurren en delito
La Ley contra el Lavado de Dinero del Gobierno Federal incluye las actividades inmobiliarias, o de compra venta de terrenos, entre las “actividades vulnerables” que se prestan para cometer este delito.
Un abogado que se mantuvo en anonimato, advirtió que incluso el comprador, en este caso el denunciante, incurre en un riesgo de ser investigado o requerido por el fisco, si es que no dieron vista a la autoridad.
También hay que demostrar la legal procedencia del dinero que cada mes se entrega en pago por la propiedad.
Noble proyecto no fructificó
“Mi proyecto se vino abajo y no he podido hacer nada cuando tengo todo listo para ejecutar”, lamentó Anallansi Taylor, presidenta de Fundación Manik, Manos que Ayudan.
El plan tiene la particular de ofrecer equinoterapias (terapia con caballos) a por lo menos cien personas de todas las edades con capacidades diferentes, no solo parálisis cerebral, para mejorar la movilidad.
Platicó que durante la niñez de su hijo fue muy difícil encontrar en las instituciones de Ensenada un lugar para la rehabilitación de quienes tienen capacidades diferentes, “de ahí surgió la necesidad de desarrollar una fundación”.
Otra característica de Manik, Manos que Ayudan, es que pretenden brindar terapia psicológica a los padres o tutores de las personas con padecimiento.
“El problema serio no es quien tiene la discapacidad, sino la familia, son ellos quienes no permiten que el familiar avance, los tienen limitados porque no pueden caminar, hablar, que no piensan; pero si les enseñamos a temprana edad, se vuelve una persona útil a la sociedad que incluso puede asistir a escuelas públicas”, describió Taylor.
Tanto la presidenta del Sistema DIF Municipal, Mirna Ibarra de Novelo, como la estatal, Brenda Ruacho, conocen la fundación y tienen una copia del anteproyecto. De ahí nació la idea de conseguir recursos federales, pero sin escrituras no habrá apoyo económico.
La arquitecta Samara, desarrolladora del proyecto, afirmó que el plan está listo para su ejecución. El objetivo es crear un espacio con profesionales especializados para dar atención.
