Sea por política, porque se decepcionaron los unos de los otros, porque se enojaron, porque ya no saben qué más hacer, o por lo que sea, pero finalmente el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se atrevió a dar uno de esos pasos que tanto trabajo le cuesta: hacer cambios en el gabinete.
Esta semana, Antonio Valladolid Rodríguez, cuya renuncia causará efecto el 30 de mayo, salió de la Secretaría de Finanzas de Baja California. Valladolid, que no tiene ni preparación ni antecedentes en finanzas, fue ubicado en esa posición por Vega de Lamadrid más por ser su amigo, secuaz e íntimo que por otra cosa.
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De los desaseos de Valladolid, en ZETA se han escrito reportajes. Cuando ha querido o ha concesionado los productos y servicios del gobierno, así sea la emisión de licencias de manejar, la producción de placas para automóviles, la compra de uniformes y despensas, la entrega de obras y hasta la preparación de los alimentos de los presos en las cárceles estatales de Baja California. En algunos casos se salió con la suya y las empresas ganadoras todas, tenían su dirección y registro fuera del Estado, particularmente en la Ciudad de México o en el Estado de México, negando con ello la participación a empresas locales, pero llevando provecho a un puñado de empresarios afines o comprometidos con ellos.
En un par de ocasiones, diputados locales o federales demandaron investigarlo. Una cuando después de revelarse la venta de equipo para espionaje a gobiernos mexicanos, el de Baja California salió en la lista, y en particular la Secretaría de Finanzas. Pero la mayoría panista en el Congreso siempre ganó la discusión para dejar en la impunidad al ahora ex secretario de Finanzas.
La misma secretaría encabezada por Valladolid, dejó de pagar a la Universidad Autónoma de Baja California lo presupuestado y etiquetado para la educación máxima en el Estado, hasta acumular una deuda de 476 millones de pesos, o los más de 300 millones de pesos que dejó de pagar a las escuelas primarias del Estado para su administración; en ambos casos se desconoce en qué utilizó el dinero de la educación, pues los diputados del Partido Acción Nacional, otra vez en una votación, lograron que no fuese requerido el gobernador para dar cuenta de ello.
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Baja California pasó de tener una administración que pagaba a tiempo e invertía en el Estado, a ser una entidad que no tienen liquidez, que acumula deudas, que incrementó la deuda pública y redujo la inversión, para recurrir a las Asociaciones Público Privadas. Uno de los créditos más altos que solicitó el gobierno de Vega vía Finanzas de Valladolid, fue por 2 mil 800 millones de pesos y, justificaron, era para sanear al ISSSTECALI y pagar las pensiones a los miles de trabajadores que están a la espera de la misma. Pero parte de ese dinero se ha utilizado para otras cosas, menos para pagar a los jubilados.
En ninguna de aquellas ocasiones el gobernador quiso cambiar a Valladolid, de hecho dicen que ahí seguiría si no fuera porque él mismo decidió irse.
El conflicto por el que se separa Valladolid de la administración pública bajacaliforniana, dicen, es materia política. Quiso ser candidato a alcalde de Tijuana en 2016, pero “Kiko” Vega le dio la candidatura a su amigazo Juan Manuel Gastélum Buenrostro y acabó con los sueños electorales de Antonio, quien ahora pidió la candidatura al Senado en 2018 y, otra vez dicen, que el gobernador le dijo que no, que esa era para Loreto Quintero y José Guadalupe Osuna Millán (el orden depende de en cuál grupo caiga la bola de la designación), y que cuando Valladolid solicitó la candidatura del PAN a la presidencia municipal en 2019, le salieron con que “El Patas” se quiere reelegir (de verdad, esa es su intención). Al ver el vacío, justifican, decidió abandonar el gobierno estatal para trasladarse a la Ciudad de México y buscar allá lo que le niegan acá: una candidatura.
Pero bueno, será el sereno, parece muy sano que Antonio Valladolid deje las finanzas de Baja California, y ojalá que quien llegue a sucederlo tenga experiencia en el área, estudios en la materia y resultados en la hoja de vida.
Es una pena que la procuradora Perla del Socorro Ibarra o el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, no tengan aspiraciones políticas, porque es evidente que solo en esas circunstancias el gobernador Vega hace cambios en el gabinete, sin darse cuenta que oxigenar su equipo es lo que debe hacer, particularmente en las áreas donde se sospecha de corrupción, como Finanzas y Desarrollo Económico, y en aquellas donde se presume incapacidad, como es el caso de la titularidad Procuraduría General de Justicia del Estado (en momentos de inseguridad y violencia, no ha sido capaz de judicializar a los principales responsables de los homicidios en el Estado, ni de limpiar la Policía Ministerial).
Quizá el Ejecutivo estatal no ha comprendido o no ha entendido que por estas épocas los gobernadores se convierten en prófugos, investigados, señalados o detenidos, y que en aras de no terminar en cualquiera de esas ignominiosas categorías, debería hacer un autoanálisis de la colaboración de los integrantes de su gabinete, y no hacer oídos sordos a los señalamientos de abusos, excesos, corrupción, que se dicen en torno a sus subalternos.
Finalmente salió Antonio Valladolid, aun cuando no lo despidieron, se va. Ahora sigue el resto, porque la oficial mayor, ya sabemos cuándo dejará la posición, precisamente cuando la Ley así se lo requiera para ser candidata al Senado de la República.
La cuestión es que a Francisco Vega de Lamadrid los colaboradores lo dejan, sea por decepción o por un cargo mejor, pero él no decide el destino de su gabinete. Debería aprovechar la salida de Valladolid para de una vez aventarse una limpia. Buena falta le hace.
