A Ismael Bojórquez, director de Ríodoce. Porque no estás solo
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Muy obligado por las presiones sociales y la indignación nacional, no solo en el gremio periodístico, el Presidente Enrique Peña Nieto, ofreció un acto público a su estilo (rodeado por quienes sí le aplauden aunque no dé resultados: su gabinete y los gobernadores), y en la Residencia Oficial de Los Pinos, para anunciar acciones por la libertad de expresión y la protección de periodistas y defensores. Lo hizo un día después del asesinato en Culiacán, Sinaloa, del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce.
A Javier lo mataron los narcotraficantes. Así de claro y de directo es conocido en Sinaloa y en México. La guerra interna que se desarrolla en el Cártel de Sinaloa ha dejado una estela de sangre en aquella entidad. Balazos en calles y poblados. Ejecutados por todas partes, incluso cayendo del cielo, cuando son arrojados desde una avioneta en movimiento.
Si le creemos a la revista Forbes, son mil millones de dólares lo que se pelean, pues en eso tasaron la fortuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cuando el capo hoy preso en Estados Unidos lideraba el Cártel de Sinaloa.
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A la extradición de “El Chapo”, lugartenientes del cártel y los hijos del mafioso se enfrascaron en una guerra que no termina. Poseen las armas para ello, personal criminal que acciona el gatillo a sus órdenes, impunidad que proveen corporaciones y funcionarios corruptos, y la ausencia de un Estado de Derecho al parecer impuesto por la omisión en la materia, por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los narcotraficantes han amenazado, presionado, secuestrado, desaparecido y asesinado a miles de mexicanos en los últimos cinco años. En ese mismo lapso, han sido asesinados 36 periodistas.
Este país se ha entregado al narcotráfico. La ausencia de políticas públicas de combate real e integral para contener ese fenómeno delictivo, han propiciado el crecimiento de las estructuras criminales, y a la par, aumenta el grado de violencia con que unos se imponen a otros. La vida en México no vale nada.
El semanario Ríodoce se ha destacado por la investigación y las publicaciones en torno al narcotráfico que se vive en Sinaloa. Lo han hecho corriendo el riesgo, pero sabedores que la única forma de contribuir al combate a la corrupción, la inseguridad y la violencia, es denunciando los hechos que marcan la realidad de una sociedad, entre ellos, los crímenes, las traiciones, las complicidades y las drogas que se trasiegan.
Javier Valdez no era ajeno a ello. Como periodista de investigación su compromiso con el oficio y con su sociedad lo llevó a investigar, reportear y publicar el acontecer del narcotráfico en su Estado. A escribir libros que retratan la realidad que padecen todos los días los sinaloenses. En medio de la guerra entre “Los Dámaso”, el grupo de Dámaso López (detenido y preso en México), y “Los Chapitos” (los hijos de Joaquín Guzmán Loera), los periodistas de Ríodoce no dejaron de investigar o de publicar.
Coludidos con autoridades, protegidos por policías e impunes en libertad, los hijos de “El Chapo”, los herederos de Dámaso, acaban con la vida de quien consideran les estorba, es su enemigo; los periodistas los exhiben como lo que son: bandas de narcotraficantes matándose por el control de la venta de la droga. Y por eso, deciden desaparecerlos, asesinarlos, amenazarlos. En el México donde el Estado de Derecho no es una realidad, eso sucede todos los días.
Javier Valdez había salido de Sinaloa ante las presiones criminales. Calculó que la alerta había disminuido y regresó a su tierra, a su periódico y a ejercer su oficio, pero se lo impidieron. Y quienes lo mataron, los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, siguen impunes. No sabemos sus nombres, no conocemos sus rostros, desconocemos su estructura, porque las autoridades, tanto la Fiscalía de Sinaloa como la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no han investigado de manera eficiente, y si lo han hecho, mantienen esa información, valiosa para la sociedad y el público, de manera hermética, casi casi en secreto, lo cual le da mayor impunidad a los asesinos del periodista. Les permite huir, seguir matando en el anonimato.
El Presidente dijo emprendería tres acciones para la protección de la libertad de expresión y de los periodistas, pero ninguna de ellas refiere el combate firme, directo, frontal, de los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa en este caso, o del resto de las mafias mexicanas en miles de asesinatos a lo largo y ancho del país.
Anunció que fortalecerá e inyectará más recurso al mecanismo de protección para periodistas, que establecerá un esquema de coordinación con los estados y un protocolo de operación para reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y que fortalecería la FEADLE, pero en ningún momento refirió el origen de los atentados contra los periodistas: la corrupción gubernamental, el narcotráfico y el crimen organizado. Para combatir esos tres esquemas de inseguridad en México, no ofreció ni una acción.
Con las medidas anunciadas por el Ejecutivo federal, es probable que el mecanismo de protección que se ofrece a periodistas amenazados sea eficiente, pero no termina con las amenazas. Es probable que haya coordinación entre autoridades federales y estatales, pero el clima de inseguridad y riesgo continuará. Y quizá se resuelvan algunos homicidios de comunicadores, pero otros seguirán.
Porque el problema de fondo, la raíz de la inseguridad en México y los atentados a periodistas, no prometió atacarlo, ni lo mencionó.
En contraparte, en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México, Rex Tillerson, lo declaró como hubiésemos querido escucharlo de Peña Nieto el día de su acto para proteger la libertad de expresión: que se deben identificar las redes y los responsables de los grupos criminales y del narcotráfico, para que sean llevados ante la justicia.
El problema de fondo, señor Presidente, no es el mecanismo, ni la coordinación para investigar expedientes de periodistas; el problema es el narcotráfico y la corrupción en gobiernos y policías, en cuyo sórdido contexto, la vida de los mexicanos, incluidos los periodistas, no vale nada.
