Hoy viernes concluye el periodo de sequía impuesto por las comisiones que el 5 y 6 de abril cancelaron el servicio de agua potable en Tijuana, Rosarito y Ensenada, municipios que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población, en 2016 sumaban 2 millones 382 mil 824 habitantes.
Sí, avisaron con tiempo que necesitaban dar mantenimiento y resolver fugas, pero igual dejaron sin el vital líquido al 67.1 por ciento de los residentes bajacalifornianos. El 13 y 14 de marzo habían hecho otro corte del servicio en una amplia zona de la delegación La Mesa y, del 15 al 17 del mismo mes, la suspensión del servicio por una reparación frente a lo que fuera Calette se prolongó hasta el domingo 19. En septiembre de 2016, otras 332 colonias se quedaron sin agua, así una decena de veces en el último año. Uno tras otro, los diversos colectores y plantas han colapsados generan situaciones de emergencia.
Apenas en febrero una cantidad indeterminada -pero millones de litros- de aguas residuales de Tijuana generadas por equipo en mal estado y problemas de mantenimiento en las redes, contaminaron las costas de San Diego, desatando un incidente internacional.
Hoy, a punto de iniciar las vacaciones de Semana Santa, las playas contaminadas de Ensenada están en alerta y no son aptas para recibir visitantes, y las autoridades reiteran su incapacidad para controlar los vertederos de aguas negras.
Desde que inició el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pareciera que no hay mes en que el tema del agua, sea por contratos sospechosos, o problemas de mantenimiento, no sea noticia, y de las malas.
El abastecimiento de agua “es el reto natural y absoluto” de Baja California, como mencionó el ex gobernador Ernesto Ruffo, quien en los noventa ejecutó una gran inversión para resolver el problema en la zona costa en aquella década.
Pero las deficiencias del servicio muestran que el tema no ha tenido ni la atención, ni la inversión que requieren los habitantes de un Estado con altos índices de crecimiento como el bajacaliforniano.
La administración kikista propuso como dos de las alternativas de solución las inversiones público privadas y el aumento de tarifas a través de la Ley de Aguas que aprobaron “a la sorda” sin revisión, a fuerza, por mayoría panista y en horario nocturno el 30 de diciembre de 2016, para abrogarla el 17 de enero de este año, ante la inconformidad ciudadana, “…pero debo ser claro y manifestarles los riesgos que implica no tomar las medidas oportunas que este tema amerita”, advirtió sin especificar el mandatario.
Y ese es el problema, que en medio de escándalos de corrupción y peticiones de comisiones y moches en contratos de obra, el licenciado Vega de Lamadrid pretende que sus gobernados paguen más sin explicarles el porqué.
Sí, es evidente el que sistema de agua está colapsando, que no se ha dado mantenimiento, que el abastecimiento es insuficiente, pero ¿cómo llegamos a este punto?, ¿cuáles son las alternativas de solución?, ¿qué otras opciones se han analizado?
Consultado, el ahora senador Ernesto Ruffo recordó: “Hace como cinco años -gobierno de Guadalupe Osuna- se aumentó la capacidad del acueducto Mexicali-Tijuana, era una obra de 125 millones de dólares y la Federación debía aportar alrededor de 50 millones de dólares pero al final no lo hizo, por ejemplo, eso tuvo que haber impactado las finanzas de las comisiones, las ciudades crecen muy rápido, y como éstas, debe haber más causas del colapso”.
El problema es que la sociedad desconoce por qué los recursos de las comisiones son insuficientes y por qué el sistema de agua y drenaje no ha tenido el mantenimiento requerido.
Están convencidos y lo han manifestado, que con el aumento a las tarifas el gobierno pretende que los ciudadanos paguen por sus malos manejos. En respuesta, la sociedad exige transparencia en las finanzas de las comisiones, conocer cuánto y en qué se gasta el recurso. Dicho de otra forma, el reclamo social general exige ser tomado en cuenta y formar parte del cabildeo.
A ese respecto, el 17 de enero el gobernador Vega anunció que “en los próximos días convocaré a académicos, especialistas y a la sociedad en general con el propósito de crear un nuevo ordenamiento que nos permita resolver los temas en materia del agua”. Han pasado 80 días…y nada más que sed.
Mientras la escasez del agua como tema regional crece y se complica por lo visto a corto, mediano y largo plazo, los bajacalifornianos exigen que el licenciado Vega y sus funcionarios muestren visión, mayor apertura a esa participación ciudadana que llevan tres años y cuatro meses rechazando, disposición para transparentar las cuentas, para escuchar y analizar. Para buscar soluciones en lo inmediato y a futuro, más allá de las declaratorias de emergencia y los fondos extraordinarios que siempre resultan insuficientes en una entidad federativa donde el rezago de los servicios públicos ya es un dolor de cabeza para los ciudadanos y un posible foco rojo para un gobierno al que aparentemente solo se le ocurre cerrar la llave.
