Astiazarán sí dejó recursos, pero ya estaba etiquetado y los ingresos propios recabados desde que inició del XXII Ayuntamiento, “se fueron al gasto operativo”, reconoció el secretario de gobierno Raúl Felipe Luévano.
Imitando al ex alcalde Carlos Bustamante, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, emprendió esta semana que termina una guerra de declaraciones contra su antecesor Jorge Astiazarán, mediante desplegados en periódicos locales y conferencias de prensa.
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Su gobierno consideró necesario “aclarar”, los señalamientos de Astiazarán Orcí en el sentido de que la administración de “El Patas” no ha resuelto los problemas de inseguridad, recolección de basura, vialidades en pésimo estado, falta de alumbrado público “porque no ha querido, mi gobierno sí le dejó recursos suficientes”.
Declaración que Felipe Luévano consideró, “fue majadero Astiazarán al decir que no se tiene una administración adecuada”, expuso.
El funcionario detalló una serie de irregularidades en las que incurrió el gobierno del XXI Ayuntamiento y que ya derivó una denuncia penal contra el ex tesorero Juan Manuel Noriega ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el desvío y retención indebida en el traslado de valores y 10 denuncias administrativas a las que Sindicatura Municipal da seguimiento.
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El tesorero municipal Ricardo Chavarín, informó que se presentó una denuncia más por presunto peculado, también en contra del ex tesorero Noriega, el ex recaudador Guillermo Llórenz y el ex director de informantica Jati Rodríguez, por 342 mil pesos.
Las declaraciones y publicaciones del gobierno en turno dan cuenta de varias anomalías administrativas, sin que a la fecha se haya fincado responsabilidad directa en contra del ex alcalde Jorge Astiazarán, quien ponderó: “Ni por Sindicatura he sido llamado”.
Ante las acusaciones vertidas en el sentido de que los recursos que en caja estaban etiquetados, Astiazarán Orcí admitió que de los más de 200 millones de pesos que dejó, 24 millones estaban sin etiquetar.
A esa cantidad, detalló, se adicionaron 106 millones de pesos que previamente había gestionado ante la Secretaría de Hacienda, así como 65 millones de pesos más para el sistema educativo y 12 millones de pesos más que se pagaron por la venta de terrenos que previamente realizó su gobierno, “se dejaron recursos suficientes para que la administración operara normalmente”.
