Elementos antimotines de la Policía Federal (PF) lanzaron gases lacrimógenos a los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mientras se manifestaban en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la avenida Bucareli, de la Colonia Juárez, de la Delegación Cuauhtémoc.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que mantienen plantón frente a la Segob recibieron gas lacrimógeno (? @APReportero ) pic.twitter.com/TGjCXRxCg5
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 25 de abril de 2017
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, habían instalado la semana pasada, un plantón indefinido frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir celeridad en las investigaciones.
Ni la Segob ni la PF se han pronunciado al respecto, además, ninguna autoridad ha dado a conocer si hay lesionados o detenidos por los incidentes.
“El diálogo se descompone cada minuto más. Nosotros veníamos a establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Al no haber se complica la situación y en vez de eso recibidos una acción violenta como el gas lacrimógeno”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares agredidos.
Los familiares consideran que la Segob ha fijado la posición del Estado Mexicano en torno al caso de los normalistas: “Tienen la clara intención de cerrar el caso para que no les genere costos políticos en el 2018. El Gobierno Mexicano privilegia la política por encima de la verdad y la justicia a que tienen derecho los padres de familia”.
Lanzan gas lacrimógeno a protesta por los 43 que se realiza al exterior de Gobernación
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró, el pasado 21 de abril, que la línea de investigación sobre los hechos que se registraron en el basurero de Cocula en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “está superada” por lo que urgieron al Gobierno mexicano a que se investiguen nuevas tesis sobre el caso.
La CIDH urgió a que las autoridades tomen en cuenta otras cuatro líneas de investigación: el análisis de evidencias recabadas sobre telefonía, investigar los elementos de la Policía Federal, del Ejército, autoridades de Guerrero y Huitzuco vinculados con las detenciones, el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas, así como el tráfico de drogas.
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