La titular de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del DIF Estatal, Consuelo Luna Pineda, contestó a la recomendación 4/2017 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, en el que se evidencian supuestas irregularidades en el actuar de ese organismo, del Sistema Educativo Estatal (SEE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para salvaguardar la seguridad del menor Usiel Alejandro Jiménez, quien resultó muerto a manos de su padrastro, así como de sus cinco hermanos.
En el documento, la CEDH expone que antes de que el menor muriera, el SEE reportó señales de maltrato a la hermana 5 años de Usiel. Incluso el 30 de abril de 2016 vecinos de la familia llamaron a la línea de emergencias por la violencia que imperaba al interior de esa familia, el 1 de junio el DIF estatal recepcionó el caso, enviando a una trabajadora social que no fue capaz de encontrar el domicilio; 5 días después Usiel fue asesinado por un golpe en la cabeza.
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Hoy lunes 10 de abril, se entregaron apoyos sociales por 12.7 millones de pesos a 112 casas hogar atendidas por DIF.
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Pero para Luna Pineda, el órgano defensor de derechos humanos incurrió en “apreciaciones equivocadas”, el argumento es que no fue en abril cuando se tuvo conocimiento del caso, sino que el expediente da cuenta de que se enteraron hasta el 1 de junio, lo que no contraviene el hecho de que tuvieron conocimiento de la situación de riesgo que padecían los niños antes de que Usiel muriera.
Sobre las investigaciones internas, la funcionaria expresó que la abogada responsable del expediente fue removida tras la muerte de Usiel, además la coordinadora jurídica de la Subprocuraduría en Tijuana fue suspendida quince días, Luna Pineda omitió mencionar su propia responsabilidad en el caso, y argumento que se continúa dando atención psicológica a los menores.
Esas declaraciones las realizó la mañana de hoy lunes 10 de abril, durante la entrega de apoyos sociales por 12.7 millones de pesos a 112 casas hogar atendidas por DIF, en el que se enfatizó que de las 128 casas hogar registradas ante el Gobierno del Estado, apenas 22 cuentan con una licencia de operación para operar de manera regular, mientras que otras 60 están por culminar los trámites obligatorios.
