Walter Alonso de Loya Tomás, alias “El Walter” y/o “La Medusa”, fue detenido ayer por elementos federales y estatales en San Juan del Río, Querétaro, junto con Erasto Bonfil, a a quienes se le aseguró un arma de fuego y dos identificaciones falsas.
“El Walter”, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y dos secuestros, además, se le señala como uno de los involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 24 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Asimismo, a “La Medusa” se le identifica como parte de la estructura criminal de Guerreros Unidos asentada en Huitzuco de los Figueroa, que el 24 de septiembre de 2014, bajo el mando de Alejandro Palacios Benítez, alias “El Cholo Palacios”, participó en el ataque y desaparición de los 43 normalistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró, el pasado 21 de abril, que la línea de investigación sobre los hechos que se registraron en el basurero de Cocula en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “esta superada” por lo que urgieron al Gobierno mexicano a que se investiguen nuevas tesis sobre el caso.
La CIDH urgió a que las autoridades tomen en cuenta otras cuatro líneas de investigación: el análisis de evidencias recabadas sobre telefonía, investigar los elementos de la Policía Federal, del Ejército, autoridades de Guerrero y Huitzuco vinculados con las detenciones, el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas, así como el tráfico de drogas.
Por su parte, los padres de los 43 normalistas instalaron la semana pasada un plantón indefinido frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir celeridad en las investigaciones. Este martes realizarán un mitin en punto de las 11:00 horas, en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Lo anterior, al considerar que la Segob ha fijado la posición del Estado Mexicano en torno al caso de los normalistas: “Tienen la clara intención de cerrar el caso para que no les genere costos políticos en el 2018. El Gobierno Mexicano privilegia la política por encima de la verdad y la justicia a que tienen derecho los padres de familia”, dijeron los padres de familia.
