Por abuso de autoridad fueron denunciados ante Sindicatura Procuradora 15 funcionarios municipales, entre los que destacan el secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz y el director de Transporte, Javier Salas Espinoza.
Los servidores públicos son acusados de favorecer a Altisa en el despojo de rutas previamente concesionadas a la empresa Auto Transportes Tijuanenses S.A. de C.V., hecho que los imputados desmintieron anotando que se trata de un conflicto entre particulares que debe dirimirse ante la autoridad mercantil o legal para llegar a un acuerdo. Advirtieron: “O se ponen de acuerdo o la concesión será cancelada”.
El conflicto inició cuando Ludivina Torres Hernández y María Rosana Sevilla Torres, hermanas Víctor Eduardo Sevilla Torres, accionista mayoritario de la empresa Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana, S.A. de C.V., mejor conocida como Altisa, adquirieron en 2001 acciones que habían sido anuladas por el consejo administrativo de Autotransportes Tijuanenses.
Con un mínimo de participación y sin considerar al Consejo Administrativo de la empresa, los nuevos “socios” minoritarios realizaron una asamblea extraordinaria para “legalizarse” como parte de la firma, acción por la que en 2004 el Consejo de Administración de Tijuanenses inició un juicio documentado en el expediente 660/2004.El Juez Quinto de lo Civil dictó sentencia definitiva a favor de la contraparte de los Sevilla Torres, declarando la nulidad absoluta de la asamblea general extraordinaria celebrada en diciembre de 2001.
El 30 de marzo de 2017, luego de un enfrentamiento en el que se involucró a ambas partes, inspectores de la Dirección Municipal de Transporte de manera sincronizada procedieron a tomar infracciones y remolcar unidades, pero solo de la empresa Auto Transportes Tijuanenses S.A. de C.V., acción que repitieron el 31 de marzo, señaló Alberto Cano, dirigente de la concesionaria.
“Nos remolcaron unidades en la base ubicada en la 5 y 10, Clínica 27 del IMSS, Lomas de San Martín, Cuauhtémoc, Grupo Pacífico, Granjas Familiares, La Esperanza, El Rubí, 3 de octubre y Ranchito 3 de octubre, rutas que teníamos concesionadas y en las que ahora circulan unidades sin placas de Altisa, las que hacen pasar como de Tijuanenses”, anotó Juan Ramón Carrillo Hueyotlipán, otro de los socios.
“Hasta un desplegado pagaron en todos los periódicos que circulan en Tijuana, atribuyéndonos las agresiones y acusándonos de ir en contra de la modernidad”, anotó Ramón Carrillo, Secretario del Consejo de Tijuanenses.
Ante ello, el 5 de abril presentaron ante la Sindicatura Procuradora una queja “por atropello de funcionarios al proceder ilegalmente, abuso de autoridad al permitir la operación de unidades sin placas, con solo un documento que se aprecia como un permiso temporal, prestando el servicio en rutas ya concesionadas en contra del Raúl Felipe Luévano, secretario de gobierno Municipal; Javier Guadalupe Salas Espinoza, director de Transporte Municipal”.
En la denuncia ante la fiscalía municipal también se implica a otros funcionarios de la Dirección de Transporte: Rosario María Carmona Villaseñor, subdirectora Administrativa y de Control Vehicular, Francisco Javier Palacio, subdirector de Tránsito y Transporte; Pamela Anais Chávez Barrales, jefe de Control Vehicular; y los inspectores de Transporte A. López Núñez, G. Leyva Trevizo, Arturo Salazar P., Sergio I. Torres, Hinojosa, Manuel Ruiz, Martín Sánchez, Jesús Ocampo, Dionisio Rendón, Francisco Estrada Aréchiga.
El representante de Altisa, Pedro Blanco Morales, también representante de Tijuanenses, pero del lado de la familia Sevilla Torres, presentó ante las autoridades municipales “una acta de asamblea de fecha 28 de marzo de 2017, debidamente protocolizada e inscrita ante el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil 14413, de fecha 12 de abril de 2017”, confirmando que sí están legalizados.
De la queja documentada en Sindicatura con el número AV/051/2017, en contra de los funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana, la fiscalía municipal reportó que se encuentra en etapa de instrucción para la realización del análisis que determinen la existencia de hechos que sean de competencia de la Dirección de Responsabilidades, a cargo de Sayra Marleth Torres Muñoz.
Javier Salas, director de Transporte, asentó que no hay favoritismo de la dependencia a su cargo hacia Altisa, “aplicamos infracciones por igual y de los actos de agresión sancionamos a ambas partes, como a otras empresas de transporte que incumplen con permisos y documentación”.
Al respecto, Raúl Felipe Luévano expuso a ZETA: “Es un pleito entre accionistas que debe ser resuelto por una autoridad judicial o mercantil, no nosotros, a nosotros nos corresponde recibir la documentación que acredite quien tiene la personalidad jurídica y Pedro Blanco ha acreditado actas notariales asentadas en el Registro Público de 2014 a la fecha, para nosotros los documentos con fecha más recientes son los que tomamos como válidos”.
