En el Nuevo Sistema de Justicia Penal -implementado en la capital hace siete años- han empezado a surgir una serie de retrasos en las audiencias programadas, lo que ha generado la inconformidad de algunos abogados, dado que en ocasiones el atraso es de una o dos horas, sobretodo en el caso de Mexicali.
Y eso que en la capital del Estado existen 12 salas divididas en dos sedes, Río Nuevo y Calle Sur, aparte a Mexicali se suman una en Ciudad Morelos y otra en el poblado Guadalupe Victoria, igual que en Playas de Rosarito y Tecate. En Tijuana existen cuatro salas para audiencia, aunque se toma en cuenta que en Zona Costa el NSJP tiene menos tiempo en operación, lo que a la par significa que al momento haya menos casos.
Habría que ver si es un problema de abasto o de organización, pues en Mexicali hay 12 salas, regularmente con agenda repleta.
La semana pasada esta situación hizo crisis por una audiencia que se alargó del miércoles por la tarde -se programó a la una y empezó hasta las dos de la tarde- y posteriormente se trasladó al día siguiente a las diez de la mañana. Y es que ahí acuden abogados de la defensa, ministerios públicos, familiares de víctima y victimario, y los representantes de la prensa.
En el caso de la audiencia en mención se programó para el jueves a las diez de la mañana e inició hasta la una de la tarde, lo que implicó que finalizara la madrugada del día siguiente.
Al arrancar tarde esa sesión fue el propio juez quien tuvo que explicar que se retrasó una audiencia que tenía a las nueve de la mañana de ese día, por eso no pudo empezar a la hora fijada con antelación. Y ese es otro tema, pues parece que algunos jueces tienen agenda muy saturada, con dos o tres audiencias diarias, lo que significa un verdadero atropello a su trabajo, pues obligadamente deben -a detalle- analizar, profundizar, acomodar todos los elementos que se involucran en un caso, lo cual no es nada fácil, y después de eso emitir una resolución de acuerdo a la parte en que va el procedimiento judicial.
Es decir, aquí no solo está en riesgo la cantidad, sino la calidad del trabajo, además, sería un adelanto de lo que podría suceder en otras ciudades -como Tijuana, por ejemplo- en la medida en que este nuevo sistema vaya tomando ritmo.
Democracia obligada
Donde se supone que a más tardar a mediados de la próxima semana tendrán que emitir la convocatoria para la elección del presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal, es en el PRI, sobre todo obligados por un resolutivo que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California emitió apenas el miércoles 22 de marzo.
Foto: Sergio Haro/Chris López, PRI estatal
El trámite tiene una larga historia y un recurso interpuesto desde agosto de 2016 por parte de Obed Silva, priista y encargado por varios años de los asuntos electorales del partido tricolor. Su tesis es que el actual dirigente estatal Chris López -quien asumió el cargo el 23 de octubre de 2015- debió emitir inmediatamente una convocatoria para elegir al presidente del Comité Directivo Estatal, algo similar a lo que pasó en el PRI nacional cuando “renunció” Manlio Fabio Beltrones, lo sucedió la secretaria general y solo estuvo en el puesto para lanzar inmediatamente la convocatoria que significó la llegada de Enrique Ochoa Reza.
Lo curioso es que el recurso presentado por Silva tuvo un larguísimo trayecto. Inició hace casi ocho meses, primero con una queja ante el Instituto Nacional Electoral bajo el reclamo de que el Partido Revolucionario Institucional no cumplía con sus propios estatutos. Desde el INE turnaron el recurso a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral, bajo la premisa que debía encausarse como un juicio de protección de los derechos políticos.
El caso es que del TRIFE consideró que primero debía agotar el tramite interno, y remitió el recurso a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, instancia que a su vez radicó el asunto y lo envió al Comité Estatal en Baja California, donde rechazaron el planteamiento con el argumento que “todavía no termina el proceso electoral”, lo cual se supone sería en noviembre de 2016.
Obed Silva insistió al vencerse el plazo y la Comisión Nacional mandó un nuevo requerimiento que fue rechazado. Eso significó que Obed presentase una nueva demanda ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, instancia que derivó el asunto al Tribunal Estatal Electoral de Baja California, donde finalmente esta semana resolvió que el PRI emita la convocatoria para elegir al presidente del CDE y secretario general.
Hay quienes consideran que el aún dirigente Chris López podría participar en la contienda, pero adelantan, no tendría mucho apoyo debido a los resultados electorales adversos, las multas del INE y sobre todo las escasas muestras de vida que el PRI bajacaliforniano ha dado en los últimos meses, donde los reclamos ciudadanos han invadido todos los rincones del Estado.
¿Otro boicot?
Lo que está sucediendo en la parte alta del Golfo de California no es tema menor, y en pocos días tendrá que haber un desenlace que seguramente repercutirá no solo en la comunidad pesquera de San Felipe y el Golfo. En abril termina el Programa de Compensación mediante el cual el Gobierno Federal soltó muchos millones de pesos que se entregaron a los pescadores y a integrantes de la cadena productiva para que por dos años no salieran a pescar.
Ahora lo seguro es que el programa no continuará. Los resultados de este plan federal -presionado por organismos internacionales- son bastante raquíticos, ya que en la práctica solo han servido para incrementar la pesca ilegal de totoaba, y a la par, que la vaquita marina se extinga cada vez más rápidamente. Se dice que al iniciar el programa había cerca de 120 especies de esta marsopa, al año siguiente se redujo a 60 y en la últimas semanas uno de los conteos arrojó que podría haber 33 especímenes de vaquita en la parte del Alto Golfo. Con decir que tan solo en esta última semana se localizaron dos ejemplares muertos.
A eso se añade que algunos organismos internacionales están presionando para que Estados Unidos implante un boicot al camarón mexicano para empujar a la protección obligada de lo que queda de la vaquita marina.
Se calcula que tan solo el año pasado, Estados Unidos importó cerca de 280 millones de pesos de camarón mexicano, así que habría que ver cómo nos defendemos de esta posible nueva embestida.
Foto: Sergio Haro/Karina Rodríguez
Guerrera
Así llamaron sus compañeros de causa a la joven Karina Rodríguez, participante en el movimiento Mexicali Resiste y fallecida el lunes 20 de marzo
por una complicación médica, al parecer mal atendida -según denuncian-, lo que evidentemente debería esclarecerse desde el Instituto Mexicano del Seguro Social.
