Se dice que para cualquier investigación un elemento importante es seguir los caminos del dinero, ya que de ahí deriva una buena parte del poder. Resulta el tema en el contexto de la protesta social que se ha generado en torno a la instalación de la cervecera filial de la poderosa Constellation Brands, empresa de capital norteamericano que en sus planes contempla la inversión de cerca de 2 mil millones de dólares en su planta en la orilla sur de Mexicali.
Claro que el caso de la cervecera es apenas uno de los tantos que han surgido en estas primeras semanas de 2017. Y donde las varias aristas -el abasto de agua, los permisos, el posible tráfico de influencias- sistemáticamente han permeado con el tufo de la corrupción, aunque no ha sido verdaderamente comprobado.
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Una parte que poco se ha investigado tiene que ver con los terrenos donde se construye la planta –trabajos momentáneamente suspendidos– y donde apenas se asoman algunos datos. Se trata de un total de 396 hectáreas ubicadas en el Kilómetro 5 de la carretera Mexicali-San Felipe y una buena parte de esos predios tiene una singular historia. De ésos ya ha trascendido que cerca de 90 hectáreas fueron expropiadas a Gerónimo Roa en 1997, aunque debido a que no se usaron para el plan gubernamental de construir la Planta de Tratamiento de Agua Residual –la cual quedó finalmente pegada a Cerro Prieto– pagaron indemnización a los dueños de los terrenos. El caso de Roa es excepcional, pues se los pagaron dos veces, se quedó con su predio y finalmente los vendió a la cervecera.
La otra parte de los terrenos la componen cerca de 100 hectáreas que eran propiedad de la conocida familia Díaz Gallego. El predio fue adquirido por el doctor Ricardo Díaz Ruiz-Esparza, quien junto con su esposa Emma Gallego, operaba el notorio hospital muy conocido en los 60s, Sagrado Corazón, ubicado muy cerca del centro de la ciudad.
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Pero el terreno al sur de Mexicali fue dividido y ellos lo repartieron entre sus hijos, Federico, Ricardo, Yolanda, Emma y Martha, todos de apellido Díaz Gallego.
De acuerdo a datos extraoficiales, en 1997 –tras la expropiación ordenada por la administración teranista- el Gobierno del Estado cubrió cerca de 22 millones de pesos por la indemnización. Pero como no se utilizaron –así lo marcaba la Ley- los predios fueron regresados a sus dueños originales, quienes se supone son los que vendieron a la cervecera estadounidense.
Federico Díaz Gallego es actualmente presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, es primo de Eva María Gallego, quien está casada con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Carlo Bonfante; otra Díaz Gallego, Martha Cecilia, es la esposa del actual secretario de Salud Guillermo Trejo Dozal, quien antes fungió como secretario general de Gobierno.
Cabe mencionar que Federico Díaz Gallego es socio -junto con Eva María, la esposa de Bonfante- en la empresa Zahorí, donde también aparece en la sociedad Jorge Ignacio Gallego, el padre de Juan Ignacio Gallego Topete, dirigente de CANACINTRA.
Por cierto, el CCE y CANACINTRA son quienes más han denostado contra las manifestaciones ciudadanas.
Pronta y expedita
En este contexto de reclamos ciudadanos y que una buena parte tienen que ver con lo que llaman “mal gobierno”, en alusión a una clase gobernante que desde hace años se ha desapartado de los intereses ciudadanos, surgen múltiples temas, como ejemplo lo que sucede en el entorno sindical.
Desde septiembre de 2015 un grupo de trabajadores del Seguro Popular buscaron sindicalizarse, solicitaron el registro ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y les fue concedido en diciembre de ese año. Para entonces el dirigente Amado Armenta, ya había sido despedido.
Luego resultó que la descentralizada -que encabeza el panista Alejandro Monraz– impulsó la firma de un contrato colectivo con un sindicato de los denominados “charros”, esos que nadie conoce, pero que a la hora de la hora a quien protegen es a los patrones, casos hay muchísimos.
Pero el grupo de Armenta no ha cejado en su intento y han seguido todo un camino legal, buscando lo que en la Ley Federal del Trabajo se define como recuento, es decir, los trabajadores tienen que recurrir a una especie de toma de lista y de donde sale quien de los dos gremios tiene mayoría, lo que significa que con ése tenga el patrón que firmar el contrato colectivo.
Después de varios meses de insistencia, la Junta Local de Conciliación fijó la fecha para el recuento en el Seguro Popular, el 26 de abril de 2017, casi dos años después que fue conformado el sindicato que encabeza Armenta.
En esas circunstancias ha surgido otro sindicato, esta vez el denominado Estado 29, que es parte de la central obrera conocida como CROM -de Tijuana- y que encabeza un tipo de nombre Pedro Sepúlveda. De acuerdo a algunos empleados del Seguro Popular, han empezado a circular hojas de afiliación a ese gremio, lo que viene a complicar la aspiración de quienes trabajan en la descentralizada y que desde hace casi dos años buscan crear un sindicato que verdaderamente los represente y defienda.
Agitados
Otro rubro que pareciera menor tiene que ver con lo que está sucediendo en algunos planteles del Colegio de Bachilleres, donde las cafeterías se concesionan al Sindicato de Trabajadores Manuales y Administrativos, y éste a su vez los ha traspasado a la cadena de supermercados y gasolineras conocida como Vips. En algunos planteles, como es el caso del Vasconcelos en Mexicali, quien tenía la concesión de la cafetería -con contrato de por medio- no se dejó y tuvo que interponer un recurso legal para que se cumpliera el acuerdo ya pactado. Pero en otros planteles -como el Baja California– la cadena entró desde el mes pasado y los primeros que se quejaron fueron los alumnos, pues el cambio significó un súbito aumento en los precios.
Eso implicó que tuvieran que intervenir autoridades escolares para negociar con los cerca de 50 jefes de grupo y actualmente representantes de la empresa han tenido que recorrer todos los grupos para platicar y acordar con los cerca de 2 mil 360 alumnos tan solo de ese plantel.
