“En arca abierta hasta el justo peca”, “La tentación hace al ladrón”, son refranes populares que definen en parte, pero no justifican en nada, lo que órganos de fiscalización, contralorías, sindicaturas, diputados y la Auditoría Superior de Fiscalización, hacen o dejan de hacer, al no cumplir su función plenamente y permitir con ello que funcionarios abusivos transen con los recursos del erario, y se enriquezcan con el dinero del pueblo.
Efectivamente, los ayuntamientos tienen sindicaturas y regidores responsables de vigilar el gasto correcto de los recursos, sin embargo, como el síndico y la mayoría de los integrantes de Cabildo son del mismo partido, los actos de corrupción revelados trienio tras trienio dejan claro que sirven más de cómplices que de supervisores. En Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, hay múltiples ejemplos recientes.
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Por el estilo está la Contraloría del Estado, llena de empleados del Poder Ejecutivo al que supuestamente debe vigilar, y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso del Estado y sus diputados locales también del mismo partido que ostenta el poder estatal, y que con un voto mayoritario se han limitado a validar las propuesta y/u ocurrencias del Gobernador y sus secretarios, en lugar de fiscalizar puntillosamente el uso correcto de los dineros públicos.
Decir que sin autonomía e independencia estos órganos son capaces de ejercer un control real es simplemente una burla. Están facultados para iniciar procedimientos penales, pero a lo más que han llegado es a presentar denuncias contra funcionarios del gobierno que los antecedió y pocas veces del propio; y esta situación se presenta siempre y cuando los antecesores hayan sido de un partido contrario.
Así en las entidades federativas los ciudadanos, algunas cámaras empresariales, y ciertos medios de comunicación, denuncian públicamente las irregularidades una y otra vez, pero no pasa nada, entonces los casos como el de Javier Duarte en Veracruz, se replican a lo largo y ancho del país.
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No hay que ir lejos, en Baja California está el tema de los más de 450 millones de pesos que el gobierno de Francisco Vega dejó de entregar a la Universidad Autónoma de Baja California, y que después realizó un convenio para que la mayoría de su deuda fuera pagada por el próximo Gobernador, o el crédito bancario de 2 mil 800 millones de pesos que diputados le autorizaron a “Kiko” para pagar a los maestros jubilados, compromiso que no ha cumplido. Las licitaciones a modo para favorecer a empresas específicas, o la orden de la secretaría de finanzas de hacer adquisiciones directas a proveedores determinados sin importar si sus precios son más altos que los de otros surtidores. Además lo que diversos empresarios afectados han denunciado -anónimamente-: el cobro de comisiones de 20 a 40 por ciento en la asignación de contratos.
“Antes querían el 20 por ciento y hoy quieren ser tus socios”, ironizó al respecto en la pasada campaña el candidato independiente Gastón Luken Garza, integrante de una familia de empresarios.
La reciente publicación de los resultados de las cuentas pública 2015, revisadas, inspeccionadas y comprobadas contablemente por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) incrementan las preocupaciones y las alertas rojas en el tema de la corrupción, la rendición de cuentas y la supervisión y fiscalización.
Resulta que incluso el trabajo de la ASF, dejó muchas dudas. Solamente se realizaron 17 auditorías al manejo de recursos y programas de Baja California (50 por ciento menos que en 2014), y de esas 17, únicamente 3 las realizó la Auditoría Superior de la Federación, el resto, 14, las hizo el Órgano de Fiscalización del Estado.
Y sin auditar programas importantes que en el pasado han sido abusados por la clase política, como el SUBSEMUN, el FORTASEG (ambos en materia de seguridad y prevención), Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; PROSPERA/Programa de Inclusión Social (Componente Salud), el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo; Fondo de Cultura; y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre otros, fueron detectadas irregularidades por casi los 2 mil millones de pesos.
Si cuando los funcionarios corruptos se creen vigilados por los órganos de supervisión de un gobierno o un poder diferente, buscan manipular la Ley de adquisiciones, transfieren recursos públicos a otras cuentas bancarias, favorecen a sus empresas, usan dinero etiquetado para obra en sueldos, compran con sobreprecio, o enlistan como bienes adquiridos muchos no localizados, imagine lo que harán cuando la supervisión y fiscalización se minimiza o se les deja en el mismo fuero.
Si existen instancias que tiene la obligación de fiscalizar los recursos del Estado, entonces queda ejercer las diversas modalidades de participación ciudadana, para obligarlas a cumplir su función a cabalidad, o denunciar a sus titulares de omisos o cómplices. Y dar curso a la vieja y evadida propuesta de legislar para crear sindicaturas, contraloría, órganos superior de Fiscalización, incluso Auditoría Superior de Fiscalización, realmente autónomos e independientes, de seguir así, continuaremos viendo al perro jugando a perseguir su cola. Supervisiones, fiscalizaciones e investigaciones a modo, donde el gobierno es juez y parte.
