A quien le pregunte y a quien acepte escucharlo, el gobernador de Baja California Francisco Arturo Vega de Lamadrid les dice que él “trabaja mucho”, lo expresa con un tono de plena convicción y enfatiza que no solo en su oficina, en todas partes y a todas horas.
Más allá que “alabanza en propia boca es vituperio”, está claro que el trabajo se demuestra con resultados; lo que debe hablar son las acciones, sin este sustento las palabras son un desperdicio de saliva, aire y valiosísimo tiempo, sobre todo tratándose de un hombre cuyo trabajo se paga con recursos públicos, y es el responsable del desarrollo y seguridad del Estado.
Lo evidente es que Vega no tiene la agenda pública más activa de los funcionarios estatales, pero tampoco se trata que se pase el sexenio cortando listones, en conferencias, entregando apoyos sociales, becas o celebrando aniversarios.
No es consuelo social que emitan boletines informando que el mandatario se reunió con el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, si continúa sin poder apoyar a los ciudadanos con eso del gasolinazo. O que anuncien que lograron gestionar 250 millones de pesos para infraestructura en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si la gente desconoce en qué se va a gastar y desconfía en cómo se va a asignar. Tampoco lo es cuando la sociedad siente que sus autoridades les están fallando, y eso ha pasado con la administración estatal bajacaliforniana en lo que va del inicio de 2017, su cuarto año de gobierno.
Más allá de las manifestaciones de inconformidad por los aumentos en servicios y productos en los tres órdenes de gobierno, a la gasolina, el agua, el Impuesto Predial, el alumbrado público, los estacionómetros, entre otros, está la corrupción y la grave crisis de credibilidad. Ahí está el tema Constellation Brands, donde uno de los principales problemas es la total desconfianza de los ciudadanos en las acciones de los diversos funcionarios y empresarios que apoyan el proyecto del que consideran se han beneficiado.
En ese entorno pareciera que los hilos que nunca ha mostrado tener totalmente amarrados el gobernador, ahora se le están yendo de las manos.
Por un lado, el tema de las placas que no están a disposición de los propietarios de vehículos que buscan cumplir con la obligación de tramitar las láminas de su automóvil, y terminan con un documento “Autorización Provisional para Circular sin Placas”, cuya vigencia se extiende ante la incapacidad del gobierno para dar el servicio.
En otro frente, niños que siguen sin tener clases regulares como los mil 335 alumnos de la Escuela Primaria “Valles de Baja California” en el fraccionamiento Los Valles, de Tijuana, que llevan más de dos meses sin clases porque no se les paga a maestros interinos; o los estudiantes de las primarias “Carmen Serdán”, “José Martí”, “Manuel Gómez Morín” y “Jaime Sabines” de la zona 54, a quienes se les suspenden periódicamente las clases por temas sindicales.
También sigue pendiente la solución a los constantes cortes al servicio de agua en zona costa. El asunto de la reducción de 130 millones de pesos en participaciones federales para atender el servicio de agua y alcantarillado; los 22 millones de pesos para la reposición de herramientas, equipos, laboratorios de agua; los cientos de millones que hacen falta para mantenimiento y reparación de redes en el Estado ¿cómo van a solventar ese hueco y qué harán para suplir la abrogada Ley de Aguas?, rechazada como un proyecto de privatizar el servicio.
Además del repudio social a la activación a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los recursos ciudadanos y legales que se están promoviendo para abrogarla, primero porque los grupos organizados desconfían del gobierno y sus intenciones, y después, porque aseguran provocará compromisos financieros de largo plazo que limitarán las acciones de gobierno.
A lo anterior sume Usted el listado de obras que no se han terminado, según declaró el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, ingeniero Manuel Guevara Morales, en una reunión en Ensenada: son once en todo Baja California y se han retrasado, “y acepto la responsabilidad de la secretaría, pero dependo mucho de Hacienda federal, que se ha demorado”, justificó. Les dijo a los constructores que el compromiso es que 250 millones de pesos lleguen antes que concluya el mes de marzo, y seguimos esperando.
Son demasiados frentes abiertos para un gobernante que se encuentra a poco más de la mitad de su gestión, sobre todo en una entidad donde el hartazgo social ha quedado claro y manifiesto.
Está bien, aceptaremos la versión de que el gobernador trabaja mucho, pero es necesario que trabaje más, y especialmente, que se note.
