El ejemplo actual lo proporcionan dos mujeres. Una guatemalteca, la otra estadounidense.
La primera se llama Thelma Aldana. Fue nombrada fiscal general de la República de Guatemala por el Presidente Otto Pérez, y fue ella quien inició la investigación de corrupción titulada “La Línea”, que llegó hasta el ahora ex mandatario Pérez.
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Aldana presentó al Poder Judicial de su país los elementos suficientes para la aprehensión primero de la Vicepresidenta, Roxana Baldeti, y posteriormente logró la renuncia y detención de Otto Pérez por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Los dos funcionarios están en prisión.
La otra mujer es Sally Yates, fue nombrada fiscal general de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017 por Donald Trump. Y suspendida por orden presidencial el 30 de enero, cuando se negó a apoyar la Orden Ejecutiva 13769 que firmó el republicano para prohibir el ingreso a los Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países.
La abogada Yates ordenó a los integrantes del Departamento de Justicia de aquel país que no defendieran la orden ejecutiva de Trump, ante las denuncias realizadas. Justificó en una carta: “No estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con estas responsabilidades, ni de que la orden ejecutiva sea legal”. Después de fundamentar la legalidad de su acto, de actuar de manera independiente y sin más compromiso que la justicia, Yates fue despedida por “haber traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”.
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Guardadas las proporciones entre los actos de una y otra mujer, ambas tuvieron la valentía, y consideraron su independencia y compromiso con el Estado de Derecho más que con la persona que titula la nación, para reaccionar como lo hicieron. La primera llevando ante la justicia a su jefe directo por actos de corrupción, la segunda negándose a participar en un acto injusto, de dudosa legalidad en el marco jurídico de aquel país.
En México, si los senadores de la República no deciden otra cosa, este mes de febrero deberán seleccionar, de entre 31 postulantes, a quien será el primer fiscal anticorrupción de la nación, el cual encabezará la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, adscrita a la Procuraduría General de la República.
El fiscal anticorrupción trabajará con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), donde hace unos días un comité seleccionador ciudadano, nombró a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA: Marie Claire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschar Mariscal, esta última será la presidenta del Comité en el primer año, mismo que dura su encargo.
Estos cinco ciudadanos propondrán políticas anticorrupción, supervisarán el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y serán el enlace de éste con los mexicanos. Fueron electos de una manera transparente. Respondieron a una convocatoria realizada por sus pares, y ante ellos fueron evaluados minuciosamente, para al final ser entrevistados públicamente antes de ser seleccionados.
La totalidad del sistema de evaluación y selección está en la página electrónica de la Comisión de Selección SNA. Punto por punto, cómo se evaluarían cada uno de los requisitos que formaron parte de la convocatoria, cuál sería el método de calificación en cada rubro, cuáles los puntos a considerar y establecido el método de selección. Los ciudadanos seleccionadores se manejaron con una transparente pulcritud, que debe ser ejemplo para el Senado de la República, en la designación del fiscal anticorrupción.
Ha sido norma que cuando de seleccionar representantes, funcionarios o confirmar designaciones presidenciales se trata, los senadores de la República son del Presidente y de sus propios intereses. No suelen establecer un proceso, o transparentar el proceso de selección. Llaman a los indicados, les hacen algunas preguntas y rápido votan, normalmente (también), por mayoría o de forma unánime. Es decir, no hacen su trabajo como lo hizo la Comisión de Selección del SNA.
Bien, ahora los senadores tienen una oportunidad. Elegir de manera pulcra, férrea, rígida y sobre todo pública y transparente a quien será el primer fiscal anticorrupción en México.
Aun cuando el nombramiento debió darse en 2016, fue pospuesto por los senadores para este febrero; 31 personas están en la lista de quienes atendieron la convocatoria y consideran que cumplen con los requisitos. De entre estos, los legisladores deberán elegir a uno: Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Américo Irineo Meléndez Reyna, César Alejandro Chávez Flores, Ricardo Peralta Saucedo, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Victoria Pacheco Jiménez, Reyna Angulo Valenzuela, Jorge Antonio Luna Calderón, Antonio Sam Báez, Fernando Valerio Gutiérrez, Edgardo Flores Campbell,
Miguel Ángel González Félix; Braulio Robles Zúñiga, Maximiliano Cárdenas Denham, Ángel Buendía Buendía, Héctor Carreón Perea, José Fernández de Cevallos y Torres, Gabriel Arenas Flores, Arturo Jesús Becerra Martínez, Antonio Eduardo García Durán, Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, Mauricio Cruz Alvarado, Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, Jack Rafael Gorodezky Mirsky, Ricardo Vázquez Contreras, Verónica Aguilera Orta, Adolfo Roberto Palacios Santillán, Michel Levien González, Angélica Palacios Zarate y Lisbeth Xóchitl Padilla Sanabria.
De entre estos hombres y mujeres, los senadores elegirán al fiscal anticorrupción que estará obligado a responder, más que a la PGR, a los mexicanos ávidos de justicia, de un fin de la impunidad, de un férreo combate a la corrupción. A diferencia de la Secretaría de la Función Pública, que es membrete para cumplir con un requisito de evaluación, la Fiscalía Anticorrupción estará obligada a dar resultados. A procesar a ex gobernadores y gobernadores, funcionarios varios e incluso presidentes. Dejar de hacerlo, será sumir a México en una crisis mayor.
