Un rapto fue planeado en California, realizado en Sinaloa, pero cobrado en Tijuana y, de acuerdo con una acusación penal, ordenado por “Lolis”. La joven es cabecilla de una célula dedicada al narcotráfico en la frontera, encargada de enviar cargamentos de droga hasta la Costa Este del vecino país
En 2016, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa reportó solamente 17 secuestros, el que a continuación se narra no quedó registrado en esa estadística. No porque las autoridades no tuvieran conocimiento del caso, sino porque “al tratarse de un asunto entre personas ligadas al narcotráfico, no hubo denuncia”, explicó la dependencia.
Como ocurre con otros delitos de este tipo, particularmente secuestro y extorsión, cuando se trata de ajustes de cuentas entre miembros del crimen organizado y no se interpone una denuncia formal, el crimen no llega a los registros oficiales.
Al revisar la estadística de la Secretaría de Gobernación, de 2014 a 2016, se reporta un decremento en la estadística de secuestro y extorsión. Según estas cifras, en 2014 se registraron mil 840 secuestros en todo el país; el número descendió a mil 321 en 2015, y en 2016 hubo un ligero aumento con mil 383 denuncias levantadas.
Lo mismo ocurre con la extorsión. De 6 mil 155 denuncias reportadas en 2014, la cifra bajó a 5 mil 350 en 2015, y en 2016 hubo una ligera variación al llegar a 5 mil 374.
En discursos oficiales, la Secretaría de Gobernación destaca la reducción de estos delitos como una estadística optimista de los resultados en materia de seguridad. Sobre todo si se considera que los homicidios dolosos han aumentado más de un 24 por ciento, llegando a la cifra oficial de 22 mil 932 en 2016.
Sin embargo, la detención de María Dolores Romero Sandoval en San Diego, California, reveló un ejemplo del modo de operación de este tipo de organizaciones, que trabajan y lucran con la impunidad en México.
Aquellas que se mueven con mayor facilidad entre la frontera de México y Estados Unidos, se dirigen al sur para cometer crímenes en los que correrían más riesgo en la Unión Americana.
A sus 30 años de edad, María Dolores Romero Sandoval, mejor conocida como “Lolis”, es identificada por agencias de Estados Unidos como líder de una célula dedica al narcotráfico que opera entre la frontera de Tijuana, Baja California y San Diego, California.
La acusada cruzaba de Tijuana a San Diego con frecuencia
Su detención, el 17 de diciembre de 2016, derivó de una investigación iniciada en el Distrito Sur de California por los delitos de secuestro y extorsión. Aunque el secuestro que ordenó y supervisó se realizó en Culiacán, Sinaloa, la familia de la víctima fue extorsionada en San Diego, California.
De ahí la configuración del delito, así como el hecho de que las dos víctimas de rapto son ciudadanas estadounidenses y residentes de ese país.
Por una deuda de droga
El 16 de mayo de 2016, una persona que trabajaba para María Dolores Sandoval Romero fue detenida con 21 mil dólares en efectivo en San Diego. Se trataba del dinero que había recibido del Cártel de Sinaloa por hacer una entrega de droga desde California hasta Nueva Jersey.
Los agentes que la detuvieron, le mostraron una serie de fotografías para que identificara a su jefe dentro de la organización criminal. Señaló a Romero Sandoval.
La mujer llamó para exigirle el dinero incautado por la autoridad. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California, alrededor del 27 de junio, un hombre contactó a esta persona para darle las siguientes instrucciones:
Debía viajar de San Diego a Culiacán. Sería en la capital de Sinaloa, donde se reuniría con Romero Sandoval para discutir varias deudas que mantenía con la organización, incluidos los 21 mil dólares incautados por la autoridad.
Fue así como el 3 de julio, esta persona, acompañada de otra -ninguna de las dos está identificada en el expediente penal-, cruzó de San Diego, donde ambas vivían, a Tijuana.
En esta ciudad, tomó un vuelo de Volaris con destino a Culiacán. Una vez en la capital sinaloense, ambos siguieron las instrucciones dadas desde San Diego y tomaron un taxi hasta un motel cercano al aeropuerto.
Ahí debían esperar a integrantes del cártel que las recogerían. A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, llegaron dos hombres que las llevaron hasta una vivienda.
Sin embargo, una vez en el lugar, un hombre los amagó por la espalda con un arma de fuego y les ordenó tirarse al piso.
“El hombre pateó a la víctima en el estómago y los tres hombres tomaron las ropas, carteras y teléfonos de las víctimas, mientras ataron sus manos y pies”, indica la acusación.
La mañana siguiente, “Lolis” llegó a la casa donde las víctimas permanecían secuestradas.
A la víctima dos, como se nombra en el expediente al o a la acompañante del subordinado de María Dolores, se le ordenó no ver a la mujer, pero ésta le explicó que como no estaba relacionada con la célula delictiva, no resultaría lesionada, pero no podría dejar el lugar hasta que el asunto de la deuda quedara resuelto.
Tortura para presionar a la familia
Las víctimas permanecieron ocho días secuestradas. De acuerdo con sus testimonios, desde un inicio María Dolores Romero Sandoval les dijo que estarían secuestradas hasta que su familia pagara sus deudas.
“Durante los siguientes días, la víctima uno fue llevada a un cuarto separado y los victimarios, incluida Romero Sandoval, hicieron llamadas para pedir el rescate a su madre, quien vive en San Diego, California”, se lee en el expediente penal.
Los cargos contra “Lolis”
La célula delictiva le exigía el pago de dinero y como prueba del secuestro, le permitían a la víctima hablar por teléfono para que suplicara por su vida y pidiera pagaran el rescate.
Sin embargo, la madre de la víctima contactó ese mismo día al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para informarles del rapto.
Entre el 4 y el 11 de julio, el FBI grabó más de 50 llamadas en las que se exigía el pago de 100 mil dólares. De lo contrario, amenazaban con enviar el cuerpo desmembrado de la víctima a su madre y viajar a San Diego para secuestrar a otro miembro de la familia.
Incluso, tomaron fotografías de la víctima con cinta adhesiva en la boca y brazos, mientras un cuchillo era colocado en su oreja, cuello, entre los dedos y con un arma en la sien. Otras mostraban a la víctima cubierta de sangre.
Un total de nueve imágenes fueron enviadas a la cuenta de red social Facebook de la madre. Los agentes federales descubrirían después que las fotografías fueron posadas, pero tuvieron un efecto en la familia.
Después de recibir las fotos, la mujer manejó hasta el centro comercial Macroplaza, ubicado sobre el Bulevar Insurgentes en Tijuana, para entregar un primer pago de 12 mil 400 dólares.
“Los secuestradores le dijeron que el pago no aseguraba la puesta en libertad de la víctima, solo prevenía que fuera lastimada”, detalla la acusación.
Las autoridades norteamericanas notificaron tanto a la PGJE de Sinaloa como a la de Baja California sobre el secuestro. En Tijuana, la Unidad Antisecuestros vigiló el momento del pago del rescate en el centro comercial y documentaron la entrega del dinero a una mujer.
Días después, conforme continuaron las llamadas, la madre de la víctima acudió nuevamente a Macroplaza, donde era citada por los secuestradores, para hacer un segundo pago del rescate por 12 mil 190 dólares.
El dinero fue recogido en esa ocasión por una mujer diferente, quien conducía un vehículo Honda blanco con placas de Baja California, nomenclatura ALH-69-69, cuyo registro está a nombre de María Dolores Romero Sandoval.
En ese mismo automóvil, según registros de Estados Unidos, “Lolis” ingresó al vecino país por el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana tanto el 18 de junio y el 16 de julio, así como el 17 de julio, por la garita de Otay.
Después del segundo pago, las víctimas fueron dejadas en libertad, pero bajo amenaza que restaban 50 mil dólares por saldar.
En México saben, pero no investigan
Una vez en libertad, la víctima y colaboradora de “Lolis” fue contactada por la líder de la célula, vía el servicio de mensajería WhatsApp, a través de un teléfono celular con clave Lada de Tijuana, para darle instrucciones sobre el pago pendiente.
“Romero Sandoval le sugirió a la víctima que pagara el dinero, le dijo ‘me dejaste con un gran problema… no pasará mucho tiempo hasta que sepan dónde estás… no importa cuánto tiempo pase’”, detalla la acusación.
Los rescates se pagaron en el Centro Comercial Macro Plaza
Una vez detenida, la mujer admitió haber cometido los delitos y su participación en la organización criminal con la que la fiscalía la identifica.
La triangulación de secuestros, orquestados en una ciudad, realizados en otra y cobrados en una tercera, no es un mecanismo nuevo para las organizaciones criminales. Es común verlo en el caso de migrantes, cuyas familias en Estados Unidos o en el sur de México, pagan los rescates.
En este caso, ninguna de las víctimas interpuso una denuncia en México y, aunque tanto la PGJE de Sinaloa como la de Baja California cooperaron con las autoridades estadounidenses para vigilar a los participantes de este lado de la frontera, en ninguna de las dos se abrió un expediente por el delito.
Así lo reconocieron los voceros de cada una de las dependencias. “No está registrado, fue un asunto entre personas ligadas al narcotráfico, entonces no hubo denuncia”, respondió la PGJE de Sinaloa.
Mientras que en Baja California, a pesar de que su campo de acción era tanto Tijuana como San Diego, no hay ninguna investigación abierta en contra de María Dolores Romero Sandoval.
