Primero los aumentos anunciados a finales del año 2016 a la gasolina, al Impuesto Predial y a otros derechos y servicios, incluida el agua potable (éste derogado); después el enojo social y las manifestaciones ciudadanas en enero de 2017, y el gobernador estuvo prácticamente desaparecido por más de 20 días.
Los ciudadanos se quejaban y la prensa de Mexicali daba cuenta de que “el gobernador Francisco Vega se la pasa en Zona Costa”, mientras en Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate (Zona Costa), la molestia era que casi todo el tiempo estaba en Mexicali. En conclusión nadie veía al licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid gobernando en ninguna parte.
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En tres años, las ausencias y falta de respuestas a los problemas sociales del panista han sido constantes, pero en esta ocasión fue más que evidente porque su presencia se hizo urgente ante la crisis.
Con los meses, pareciera que esta actitud desenfadada, despreocupada y desobligada del titular del Poder Ejecutivo estatal de Baja California, se ha contagiado a los miembros de su gabinete, o se ha convertido en una especie de política pública.
Como ejemplo veamos el tema de la seguridad que evidentemente no han podido controlar, concentrémonos en Tijuana, donde está el mayor número de ciudadanos y la incidencia más alta, y el homicidio como delito de alto impacto. La era kikista empezó con 764 homicidios en 2014, en 2015 le crecieron a 909 y en 2016 la suma de cadáveres llegó a mil 256; y 2017 no pinta mejor, con 103 asesinatos en enero y otros nueve hombres ejecutados violentamente en los dos primeros días de febrero.
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Con estadísticas menos escandalosas -en 2008 fueron mil 157 homicidios y en 2010 sumaron mil 026-, el ex gobernador José Guadalupe Osuna daba la cara a la ciudadanía y hacia que su secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa (repite) y el ex procurador Rommel Moreno Manjarrez, se mantuvieran en contacto con la sociedad periódicamente, exigía resultados para que sus funcionarios tuvieran algo que informar. En aquella fatídica época de guerra de cárteles, el procurador Moreno tenía una ocupada agenda pública y mínimamente mantenía informada a la comunidad.
En estos tres años, ¿cuánto se ha visto a la procuradora Perla Ibarra?, ¿qué se conoce del resultado de sus trabajo? Es más, no vayamos lejos, ¿cuánto se ha sabido del trabajo de la fiscal en este último mes?, porque con más de 100 muertos y una efectividad del 2.5 por ciento, alguna estrategia debería estar proponiendo para mejorar el panorama de inseguridad. Pero en lugar de eso, ella se mantiene a resguardo, no da cuentas de nada y pone a sus subalternos a hacer su trabajo, atender sus citas y a dar conferencias.
Ahora hasta el mexicalense secretario De la Rosa se contagió, de acuerdo a su agenda, la presencia del funcionario en Zona Costa entre diciembre de 2016 y enero de 2017 -60 días- ha sido mínima, con la presentación de operativos por Navidad, destrucción de armas y la graduación de cadetes. Y las dichosas reuniones del Consejo Estatal de Seguridad, donde dicen que planean, tampoco han tenido resultados.
Pero la ausencia de los funcionarios estatales, la falta de respuesta a las peticiones que ante la sordera gubernamental después se convierten en reclamos airados, deja de ser una excepción y empieza a ser una regla, como si ignorando las peticiones ciudadanas o problemas sociales, desaparecieran.
A la crisis en seguridad sume Usted los maestros sin paga, o el tema de los migrantes nacionales y el de los migrantes haitianos y africanos que los organismos sociales no se dan abasto para atender, y ahora desean quedarse en Baja California. Los funcionarios siguen sin informar a los ciudadanos qué medidas se están tomando para enfrentar este fenómeno, muy probablemente porque ni siquiera lo han pensado.
Agregue la falta de atención y apoyo del Poder Ejecutivo local que denuncia la minoría lésbico-gay, lo mismo que los grupos que pugnan por la protección de mujeres en riesgo, y los que trabajan en la defensa de derechos humanos. Además, añada aquí los problemas desatendidos que Usted recuerde.
Es más, ejemplifiquemos con un grupo que sí le interesa, que es de las simpatías y cercano al licenciado Vega de Lamadrid, los empresarios, esos gasolineros que solicitaron su apoyo contra el incremento a la gasolina; ellos tampoco han sido atendidos, tampoco por sus amigos, el secretario de Economía y el de Finanzas.
Como frontera y punto estratégico, históricamente Baja California se ha visto obligada a enfrentar un sinnúmero de crisis, las cuales se multiplican en el nuevo panorama mundial y el cambio de gobierno en Estados Unidos; en este esquema la presencia activa de un gabinete oneroso que desquite sus cuantiosos sueldos es una obligación, en todas las áreas: economía, finanzas, infraestructura, desarrollo social, seguridad.
Para reducir el enojo social, la gente necesita saber que de verdad están trabajando como administración. Conocer qué están haciendo, más allá de intentar beneficiarse del poder, mejorando sus negocios personales o cobrando “moches” por asignar contratos. Y la manera más directa de hacerlo es dándole la cara a la ciudadanos, manteniendo una agenda pública productiva hasta hoy inexistente, luego de tres 3 años de gobierno, porque los bajacalifornianos han dejado claro que no están dispuestos a ser ignorados.
