Por pérdida de confianza al ocultar información relacionada con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro le solicitó la renuncia al cargo de director de esa paramunicipal a Alonso López Sepúlveda.
“O presentas tu renuncia o pediremos tu remoción del cargo a través del área jurídica”, le advirtió Raúl Felipe Luévano, secretario de Gobierno Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, a Alonso López; el ex director del SITT optó por firmar la renuncia voluntaria. Acompañado del director de Vialidad y Transporte, Javier Salas, Luévano llegó a las oficinas ocupadas por López Sepúlveda, ubicadas en la Delegación Centro, al mediodía del miércoles 4 de enero.
La dimisión impuesta a Alonso López no fue una decisión tomada por capricho, sostuvo Luévano, “fue su resistencia de dar información para transparentar el manejo de los mil 200 millones de pesos invertidos en el nuevo sistema de transporte, lo que ya no hacía posible el poder trabajar con él”, explicó.
Durante la transición, el entonces titular del SITT omitió información, por lo que al ingreso del XXII Ayuntamiento, fue llamado el 2 de diciembre a explicar a detalle la inversión, avance de obras y el porqué de que la operación del sistema se encontrara paralizada. López Sepúlveda no dio respuestas, pidió días para documentar lo requerido.
Lejos de ello, en los días posteriores evadió a las autoridades municipales que lo requería y clasificó toda la información del SITT como reservada, para evitar hacerla pública.
“A mí me dijo que solo al alcalde estaba obligado a rendirle cuentas, entonces le dije que ahora Gastélum –Juan Manuel– era el alcalde, que le entregara la información solicitada, pero su respuesta siguió siendo evasiva”.
“Yo no me mando solo”, expuso Luévano que también le dijo López, pero al ser cuestionado a qué intereses obedecía, tampoco respondió.
Fue por ello que se le demandó la renuncia, “pero no fue necesario el uso de la fuerza pública…sí había elementos de seguridad, pero eran de la Policía Auxiliar que él mismo contrató para el resguardo de las instalaciones, quienes estaban afuera de las mismas”, anotó Luévano.
Respecto a lo señalado posteriormente por Alonso López, de que el municipio podría ser obligado a pagar una penalización de 546 millones de pesos por Banobras, el secretario de gobierno dijo que eso no es posible, toda vez que las obras del SITT continúan conforme a lo programado.
“Las obras las desarrolla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no el SITT, por lo que éstas continúan, “Alonso López no es indispensable para la continuidad del proyecto”, aseveró el funcionario.
Además de Alonso López, el gobierno de “El Patas” requirió la renuncia al administrador de la paramunicipal.
Este viernes 6 de enero la Junta de Gobierno realizará una sesión extraordinaria para ratificar como director del Sistema Integral de Transporte de Tijuana a Fausto Antonio Armenta, quien fue nombrado encargado de despacho, tras la salida de López Sepúlveda. Actualmente las instalaciones del SITT se encuentran bajo custodia, en tanto se realiza una revisión de los expedientes relacionados con la operación el sistema, asignación, ampliación y modificación de rutas de transporte y concesiones.
“De encontrase irregularidades, éstas serán turnadas a Sindicatura Procuradora para que la fiscalía municipal determine las responsabilidades a que haya lugar y se proceda a denuncias, de ser necesario”, indicó.
Respecto a posibles modificaciones del proyecto, Raúl Felipe Luévano dijo que si la revisión técnica que se realiza determina la necesidad de cambios, éstos se harán, y no hay riesgo de sanción por ello, porque el mismo contrato con Banobras y el Banco Mundial, así lo contempla.
El tesorero municipal, Ricardo Chavarría, comentó a ZETA que fue precisamente el gobierno de Jorge Astiazarán el que puso en riesgo la continuidad de las obras del SITT, al no aportar 12 millones de pesos del recurso que le correspondía aportar, para el desarrollo del SITT. Fue el XXII Ayuntamiento el que depositó el recurso al fideicomiso, para evitar la cancelación de la obra y/o una posible sanción administrativa.
Un intermediario de López Sepúlveda se comunicó a la redacción de ZETA para que se tomara la versión de Alonso, respecto a su renuncia, pero al regresar este semanario la llamada, el aludido no respondió.
