Derivado de la publicación en el Periódico Oficial -el 30 de diciembre de 2016- de la Ley de Agua para el Estado de Baja California, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) iniciará con los cortes del suministro a quien no pague el servicio.
En 2017 aplicará la colocación de reductor tras dos meses de falta de pago y, a los tres meses de morosidad, cortarán completamente el abastecimiento por tubería, advirtió Miguel Lemus Zendejas, director de la paraestatal.
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CESPT atiende en promedio a 620 mil usuarios entre Tijuana y Playas de Rosarito, de los cuales el 82 por ciento son de uso habitacional, sector en el que se concentra la mayor parte de los morosos, que representan el 20% de los usuarios.
La cartera vencida se acerca a los 200 millones de pesos, “aquí hay una realidad y es una triste realidad: mientras la gente tenga servicio, no te paga” dijo el funcionario, al subrayar que esto no representa negarle al usuario el acceso a agua potable, porque ésta les será suministrada a través de pipas.
No dio una fecha precisa de cuándo se iniciará la suspensión al cien por ciento el servicio a través de tubería a los morosos y proporcionarlo con pipas, pero sostuvo que será en los próximos meses. Con ello prevé una mayor captación de ingresos.
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El aumento a la tarifa de agua también representa un ingreso adicional, previéndose una recaudación de 250 millones de pesos más en 2017, recurso que se empleará en obra.
El aumento es de 3.20 pesos para el uso habitacional hasta los 5 metros cúbicos, 3. 37 pesos hasta los 20 metros cúbicos y, de exceder los 25 metros cúbicos, se perderá el subsidio y se pagará la tarifa comercial e industrial, la cual tendrá un aumento de 11 pesos.
Dicho incremento no se relaciona con la construcción de una desalinizadora en Playas de Rosarito, sino que responde a la necesidad del mismo, debido a que esto se venía negando por el Congreso Estatal desde hace nueve años, mientras aumentaban los precios de los insumos que requiere la CESPT para operar, como lo es energía eléctrica, gasolina y salarios de trabajadores de base.
Lemus calificó la participación de empresas privadas en el desarrollo de proyectos de la paraestatal como necesaria, “nosotros quisiéramos tener 10 mil millones de pesos para hacer la desalinizadora”, declaró, ante el descontento de la población, por lo que perciben como una privatización del servicio.
Apuntó que gracias a la colaboración de empresas privadas, el suministro de agua potable para la Zona Costa de Baja California está asegurado, dejando de participar las empresas involucradas una vez que se les restituya lo invertido en un plazo de 37 años, término después del cual la planta será entregada a CESPT.
Para 2017 se cuenta con un listado de 54 obras que pretenden ejercerse con la recaudación adicional, siempre y cuando ésta alcance el monto proyectado. Las obras serán encaminadas prioritariamente a la reposición de infraestructura, como la sustitución de tanques, motores, colectores y bombas; mantenimiento de plantas tratadoras y potabilizadoras; introducción de redes de agua y reposición de las dañadas. La sustitución de tramos de la red de agua potable y la red sanitaria tendrán que ser sustituidas por haber excedido su vida útil.
Respecto a la adeuda de un crédito de casi mil millones de pesos, el titular de la CESPT indicó que se encuentra bien administrada, de manera que la paraestatal puede recurrir a mayor financiamiento para obra.
