El Grupo de Ciudadanos y Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza (CCUFF), denuncian existencia de empresas fantasma y venta de facturas en la importación de carros; acusan que la política federal propicia la proliferación de autos chocolate y demandan que Francisco Vega de Lamadrid los reciba y represente ante la administración de Enrique Peña Nieto
Edgardo Silva, del grupo de Ciudadanos y Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza (CCUFF), con integrantes dedicados a la importación de automóviles usados, presentaron al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, una solicitud fechada el 22 de enero de 2016 para ser atendidos y, después de casi 12 meses, la petición no ha sido solventada.
“Conocedores de la negativa del Gobierno Federal sobre el tema, sentimos la necesidad de que nuestro gobierno estatal se una a nuestra causa y sea portavoz de nuestro sentir”, anotaron en el documento, y hasta el momento no hay respuesta a la urgente petición.
“Lo único que queremos es que se cumplan las leyes, que se cumpla lo asentado en el Tratado de Libre Comercio”, asume el líder del grupo de comerciantes, quienes ya han bloqueado el cruce de la aduana Mexicali-Calexico al menos en dos ocasiones.
Para la importación legal de autos usados a la franja fronteriza mexicana, el Gobierno Federal ha incrementado los aranceles, disminuido la cuota de cruce y limitado el registro de empresas vendedoras en Estados Unidos.
De acuerdo a los comerciantes, esto ha redundado en corrupción traducida en amparos entregados a unos cuantos “importadores” -gente que no se dedica a importar, pero cobra a otros importadores por permitirles usar su amparo para hacerlo-, “provocando que unos cuantos se llenen los bolsillos de millones de dólares”, acusa Silva.
Para los integrantes de CCUFF, como titular del Poder Ejecutivo y representante de los intereses de los bajacalifornianos, Francisco Vega está obligado a apoyarlos en su lucha por condiciones más justas y a que se respeten las condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio (TLC), pero ni siquiera los ha recibido.
Mexicali, capital de los importadores amparados
Las importaciones de autos usados de Estados Unidos a la franja fronteriza son una historia de vaivenes. “Ha sido un problema de toda la vida”, refiere Edgardo Silva, quien tiene cerca de 37 años dedicado a la venta en Mexicali de autos usados.
A finales de los 90s, tras nuevas reglas aduaneras para impedir la importación de autos a personas que no estaban legalmente establecidas, surgió uno delos primeros amparos contra todas esas medidas: la justicia federal falló a su favor y al comerciante se le ocurrió extender el servicio de importación a quienes no tenían permisos para importar. Con eso se abrió la era de los amparos y Mexicali fue la capital de tal procedimiento, a través del cual llegaron a importarse 500 vehículos diarios, recordó el comerciante.
Edgardo Silva, comerciantes presionados
“Se corrompieron administradores de aduanas, autoridades, llegó el momento en que los mismos comerciantes legalmente establecidos optamos por consumir los amparos”, lo que generó la proliferación de oficinas tramitadoras de importaciones.
Pero el 31 de diciembre de 2008 terminó la vigencia del Padrón de Importadores de la Secretaría de Economía y, el 1 de enero de 2009, entró en vigor el TLC en la parte relativa a las importaciones de autos usados ensamblados en Estados Unidos y Canadá.
Eso significó en la práctica que los amparos anteriores expiraran y se establecieran nuevas reglas de importación. En ese contexto, quienes ya tenían nexos y contactos en el sector judicial y político tramitaron y obtuvieron nuevos amparos.
“En 2011 publicaron un nuevo decreto para las importaciones de los autos donde violan totalmente el Tratado de Libre Comercio. Con base a ese decreto salieron los nuevos amparos”, afirma el líder del grupo de comerciantes de autos usados.
“Llegaron a haber en el país dos mafias de amparados, poderosísimos. Se dieron el lujo de que, aunque había otra gente con el derecho de promover un amparo, de nada te servían, porque ellos eran los que mandaban en las aduanas y tenías que ir con ellos a rogarles”, rememora Silva.
En ese tiempo se pagaban cerca de 300 dólares por trámite y en la franja fronteriza se llegaron a importar 5 mil autos diarios, lo que significaba -por día- un monto de un millón y medio de dólares.
Que respeten el TLC
En ese marco, un decreto relativo al TLC que tenía que ver con los autos ensamblados en Estados Unidos, Canadá y México- expiró el 31 de agosto de 2014, situación que el Gobierno Federal aprovechó para que los amparos vigentes expiraran a partir del 1 de septiembre de ese año. Entonces trascendió un acuerdo del actual presidente Enrique Peña Nieto con los organismos vendedores de autos usados.
En ese contexto iniciaron a organizarse en el organismo de Ciudadanos y Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza, aunque las autoridades federales –asegura el propio dirigente- nunca les hicieron caso.
“La demanda central era que se respetara el Tratado de libre Comercio, si se respetaba no había ningún problema”, mencionando la parte del acuerdo trilateral donde se incluye la libre importación -sin restricción alguna- de vehículos ensamblados en los tres países participantes.
Autos chocolate, por todos lados
“Si se respetara el TLC, actualmente deberían estar pasando los vehículos 2015 hacia atrás para toda la República Mexicana, sin arancel y solo con el pago del IVA… ahorita para autos nacionales solo permiten que pasen 2008 y 2009, y el arancel es del 50 por ciento sobre el valor del vehículo”, explica quien desde hace meses dejó de vender autos en Mexicali; ahora la actividad la tiene que realizar en el Valle Imperial.
Denuncian nuevamente venta de facturas
Actualmente, a través de las movilizaciones han logrado que la Secretaría de Hacienda acepte para importaciones el valor factura, dado que antes tenían que pagar con base a precios estimados en un tabulador elaborado desde la Ciudad de México. Hoy los únicos vehículos que se pueden importar a la franja fronteriza son de 2007 a 2012.
Pero para poder hacer bueno el valor factura, el remate donde se adquieran los autos tiene que estar activados en un padrón electrónico que maneja el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha propiciado una nueva irregularidad porque quienes están en el padrón son, de acuerdo a los integrantes del CCUFF, “una suerte de empresas fantasma, dedicadas más que nada a la expedición de esas facturas”.
Como ejemplo mencionaron a la empresa denominada Big Bear, con domicilio en Otay, California, que operaba presuntamente en colusión con líderes de comerciantes del lado mexicano. Por los cuestionamientos fue eliminada del padrón, aunque los comerciantes de autos usados de Mexicali presumen que se reactivaron inmediatamente con un registro diferente: el de Pastrana Enterprises.
“Ahora el negocio ha sido activar a empresas que las mismas mafias de la importación manejan”, dice en relación a giros que expenden las facturas hasta en 500 dólares. Antes, con los amparos por trámite el comerciante pagaba cerca de 150 dólares.
“Como comerciantes en la franja fronteriza hemos percibido que los que mandan en la importación de autos en nuestro país no es la Secretaria de Hacienda o la de Economía, es la industria automotriz de México, se hace lo que ellos quieren”, comenta Edgardo Silva en referencia a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos y Asociación Nacional de Vendedores de Autos.
“Hemos tratado de hablar con el gobernador, le mandamos cartas a Luis Videgaray (titular de Hacienda), nada pasaba. Cuando hicieron caso fue cuando la industria automotriz se enteró de esto”, dice en relación a las insistentes denuncias de irregularidades relativas a la importación d automóviles, como la del padrón ficticio de expendedores de facturas. “Incluso dijeron que iban a venir a jalarle las orejas al gobernador de aquí, por la ocurrencia de hacer un padrón de vehículos chocolates”, denuncia.
De los autos cruzados ilegalmente
Las restricciones para la importación legal de autos y las reglas aduanales se han incrementado a la par. El administrador de la Aduana en Mexicali, Enrique Orantes González, así lo explica:
“Si un vehículo pasa por un recinto fiscal de Estados Unidos a México con placas de ONAPPAFA o de alguna otra, si le toca rojo y en términos de las facultades que tenemos se puede aplicar una orden de verificación de mercancías al transporte. Si no se acredita la legal estancia de esa mercancía en el país, tenemos que aplicar un procedimiento administrativo en material aduanal. Queda embargado el vehículo”.
Circulan miles de autos sin placas
Según el funcionario federal, existe una resolución de precios estimados para la importación definitiva de vehículos, ya sea a la franja fronteriza o al interior de la República. “Nosotros no controlamos eso, es una política emitida por la propia Secretaria”.
Agrega que las importaciones se siguen dando “con el cumplimiento cabal a cierta normatividad”, asegurando que semanalmente importan entre 35 y 55 vehículos por Mexicali. “Es la capacidad de respuesta que tenemos en el sistema, nos hemos encontrado con temas de subvaluación, de documentación apócrifa, cosa que poco a poco se ha ido regularmente”.
— ¿Por dónde pasa tanto auto chocolate?, se le pregunta.
“No sabría decirle, lo desconozco…”.
La única acción del Estado
Por su parte, el director de Ingresos del Gobierno del Estado, Nolberto González, afirma que un total de 23 mil vehículos fueron registrados en un padrón inicial de autos no importados que circulan en Baja California, luego de una mesa de trabajo donde participaron funcionarios y diputados federales. La idea es presentar un programa de regularización, pero debe ser aprobado por autoridades federales.
“Lo que hizo el secretario (de Planeación y Finanzas) fue presentar los resultados del censo al jefe de Servicios Administrativos Tributarios para buscar las acciones y alternativas. El convenio de colaboración establece que el Gobierno del Estado no puede otorgar elementos de identificación vehicular a ningún vehículo que no se encuentre legalmente internado, es facultad exclusiva del Gobierno Federal”, amplía.
En el caso de los autos que en vez de placas portan un engomado, acusó que son completamente irregulares, ya que las leyes de tránsito son muy claras en el sentido de que no pueden circular vehículos sin identificación vehicular expedidos por una autoridad.
Menciona un antecedente con el programa Placa BC -durante la pasada administración-, que fue de carácter social aparejado con un programa federal fronterizo con el cual se permitió la importación de vehículos de ciertos años y modelos por un periodo determinado; el Gobierno del Estado les otorgaba los elementos de identificación y, se estima, cerca de 60 mil vehículos se inscribieron en el programa, de los cuales 30 mil se regularizaron.
