A ver, la mayoría -por mínima que sea- de los residentes de Baja California que ejercieron su voto en 2013, decidieron que Francisco Vega de Lamadrid sería el gobernador y el encargado de conducir el destino del Estado, entonces tiene lógica que hoy, sea de él directamente de quien exijan respuestas, cuando los ciudadanos consideran que las decisiones que se están tomando y ejecutando, son erróneas y dañinas para la sociedad en su conjunto.
Si bien es cierto que el secretario general de Gobierno es el encargado de las políticas públicas, y responsable de negociar con los diversos grupos, también es verdad que la sociedad bajacaliforniana no eligió a Francisco Rueda, la gente puso su confianza en el “Kiko” que aseguró en campaña que “la gente manda”, y ahora le reclaman cumplimiento.
Las movilizaciones y reclamos sociales por el gasolinazo federal y la privatización y aumento de precio por la Ley de Agua estatal, empezaron el 5 de enero y se han mantenido, en diversos puntos de Baja California se desarrollaron marchas multitudinarias el 12, el 15 y el 22 del mismo mes. Los manifestantes pidieron primero y reclamaron después la presencia del gobernador, han pasado 22 días y esa enérgica solicitud no ha tenido respuesta.
Como reacción, el 13 de enero, a través de conferencia de prensa en la que no hubo preguntas, Vega de la Madrid anunció primero la eliminación del programa de reemplacamiento y una serie de “Medidas y Acciones para el Fortalecimiento de la Economía de las Familias Bajacalifornianas”. Y el día 17 anunció la abrogación de la Ley de Agua, de nuevo acudió ante reporteros exclusivamente para exponer sus puntos, sin aceptar interrogaciones.
Sin embargo tras varias semanas, algunos representantes del movimiento social han dejado claro que van por más, con un pliego petitorio le exigen dar marcha atrás en otras decisiones que califican como injustas, corruptas, mínimo irregulares, y no aceptan tener acuerdos con nadie más que el Ejecutivo estatal, porque consideran es el único que tiene capacidad de decidir y su compromiso es el único que vale. Por su ausencia, los manifestantes en Mexicali se han negado a sentarse en dos ocasiones en las mesas de diálogo.
El martes 24 de enero, la reportera y presentadora de Canal 66 en Mexicali, Rosa María Méndez Fierro, se dedicó y así lo dijo, a “cazar al gobernador”. Le informaron que Vega estaba en una reunión de gabinete en el Instituto de Deporte y la Cultura Física en Ciudad Universitaria en Mexicali y lo esperó en el estacionamiento por tres horas.
Acompañada de un camarógrafo lo abordó cuando abandonaba las instalaciones y le preguntó por qué no había asistido al dialogo con los manifestantes en la capital del Estado. En 39 segundos el mandatario dijo que atender a los grupos y organismos de la sociedad era obligación del secretario general e intentó escabullirse, pero Méndez lo persiguió y metió el micrófono al auto, e insistió: “pero es una falta de respeto que usted no dé la cara, son muchos días…”. La gente del mandatario intentó moverla pero ella se negó; al final “Kiko” la atendió por alrededor de siete minutos.
Como es su costumbre, habló de él en tercera persona y aseguró que “el gobernador tiene relación y contacto con la sociedad en sus conjunto, lo tiene, pero cuando la sociedad a su vez también se organiza, y todos en consecuencia, dentro del marco legal nos citamos para trabajar y acordar”; también dijo que el gobernador “atiende en su oficina” y que ahí podría recibir a un grupo organizado de los manifestantes. De eso han pasado casi tres días.
Para quienes no lo recuerdan en su etapa como alcalde de Tijuana (1998-2001), o diputado federal (2009-2012), o algunas de las apariciones del sonorense Francisco Vega de Lamadrid como candidato a gobernador de Baja California en 2013, dejaron claro que la discusión amplia y pública de los temas que le son incómodos no son su fuerte, y menos si se ve obligado a tratarlos de forma inesperada.
Tampoco es el mejor orador al momento de articular y pronunciar palabras que en ocasiones arrastra, sus exposiciones de trabajo se caracterizan por extensas pausas a lo largo de una oración, e incluyen errores y dispersiones cuando intenta hilar ideas.
Sin embargo, más allá de las responsabilidades de Rueda como secretario general -que evidentemente lo han superado-, o las carencias y fobias de Francisco Vega de Lamadrid, tiene como obligación responder al pueblo que lo mandata y de acuerdo al Artículo 49 de la Constitución local, es el responsable de:
“III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado…” y;
“XXV.- Establecer procedimientos de participación y de consulta popular en el Sistema de Planeación Democrática (…) con la participación de los grupos sociales organizados”.
Si de verdad está interesado en impedir las afectaciones a terceros por los bloqueos, en “contactar” con sus gobernados, Vega está obligado a organizar la mencionada reunión -lo que tampoco significa que cederá a todas las peticiones-, pero mínimo mostrará de su parte disposición y compromiso para cumplir su función de gobernar.
Y no se trata de ponerlo en riesgo, ciertamente está en todo su derecho de exigir condiciones de respeto y de seguridad, esta última la tendrá si decide, como ya comentó, citar en sus oficinas del Poder Ejecutivo. Entonces, como hace 22 días, la bola sigue en la cancha del gobernador.
