Los ex regidores de La Paz, aquellos que “traicionaron” a los paceños, a decir de la misma ciudadanía, al intentar aprobar proyectos mineros en las faldas del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, pudieran quedar impunes por la falta de voluntad política y ganas de sancionar a los responsables; en dos aristas completamente diferentes, el XV Ayuntamiento de La Paz interpuso 22 demandas, 4 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 18 ante la Procuraduría General de la República (PGR), además legisladores del Honorable Congreso del Estado supervisaron los antecedentes y elementos de los ex regidores.
Sin embargo el tema pasó de mano en mano por dos comisiones, hasta que surgió el rumor de que prescribía el proceso, luego de que por meses se estipulara un dictamen, mismo que el martes 13 de diciembre se sostuvo una sesión a puerta cerrada, el tema se minimizó y hasta pudiera hablarse de que los desecharon los propios legisladores locales.
“Había elementos del juicio político, se nombró una comisión instructora que iba recibir las pruebas, todos los alegatos de los ex regidores. Donde se entrampó fue cuando se les notifica a estos ex regidores la resolución que había emitido esta comisión instructora, que hablaba de sancionarlos, inhabilitarlos, ellos interpusieron un recurso de comisión”, así lo adelantó Alfredo Zamora, diputado del PAN.
A pesar de dominar una aplanadora panista en los cinco municipios, legisladores y gubernatura estatal, los diputados panistas le dieron la espalda al alcalde, Armando Martínez Vega, esto luego de que el juicio político pasara por al menos tres revisiones, de las cuales solo se postergó sin someterse a votación con un pleno de legisladores, dichas acusaciones.
“Yo lo dije con bombo y platillo, que lo iba meter, pero quien lo define es el Congreso, no soy yo, yo he estado cumpliendo con los requerimientos que exige un juicio político, los últimos que dan el fallo son los diputados. Yo confió en que nos den una respuesta que satisfaga las necesidades de la sociedad”, así lo lamentó Armando Martínez Vega, Alcalde de La Paz.
Aunque parecía tener credibilidad las acusaciones por la irregularidad de 813 millones de pesos, solo fue desprestigio social, ninguna acusación fue señalada directamente o con bases solidas, así también respondió Guadalupe Saldaña, Diputada del PAN.
“Hay responsabilidad, pero legalmente, de acuerdo a lo que los abogados opinan, tal vez en el juicio político las causales no encajan directamente, pero de que hay responsabilidad la hay, porque se dieron actos ilegales que atentan contra el bienestar ciudadano, porque se dieron procedimientos no dentro de la normatividad, porque se dieron procedimientos sucios en lo oscurito, por abajo, queriendo concretar un tema, aunque ellos digan que no se concretó finalmente pero hay la intención, a lo mejor es un tema complicado, pero con la opinión de algunos abogados expertos, no encaja en las causales”, fue mal elaborado el procedimiento a lo que parece.
El dictamen del juicio quedó en manos de dos comisiones:
La comisión instructora conformada y presidida por Rodolfo Davis (PAN), Julia Davis (PAN) y Camilo Torres (PT), así como la comisión de Pluralidad presidida por Diana Von Borstel (PAN), Alejandro Blanco (PAN), Joel Vargas (PRI) y de nuevo surge Camilo Torres (PT), los cuales serían los encargados de supervisar el tema.
Sin embargo, el tema solo pasó a ser un juego dado a que entre diputados existieron señalamientos de una fecha fatal, debido a que ninguna comisión o alguno de los 21 legisladores mostraron interés en hacer público el dictamen.
“Yo no sé por qué pusieron el 19 como fecha fatal, no existe tal fecha. Ha habido diferentes interpretaciones de mucha gente, pero el juicio sigue, no está cerrado, el expediente seguimos trabajando en él, yo no sé por qué si había toda una sensación y se decía que era un año a partir de no sé qué, ya lo revisamos y sigue”, así lo dio a conocer Camilo Torres, quien goza un puesto de elección popular.
Según el Presidente de la Mesa Directiva de la Sesión Permanente, Sergio Covarrubias, dijo que como no se emitió una solicitud formal del dictamen, no se ha hecho público. “Simplemente no hay un plazo y eso ya se nos hizo saber de manera verbal porque no habría la necesidad que lo hicieran de una manera oficial, el dictamen de una de las dos comisiones le pide a una que revise una documentación que aceptaron ellos, para nutrirlo un poco más”, defendió el servidor público.
Ahora los legisladores salen a mencionar en plena sesión permanente, que es necesario aclarar el tema, cuando fueron ellos mismos quienes no informaron del avance. “Debido a estas confusiones que ha habido, sí es importante volver a señalar lo que decía Camilo, no es una fecha fatal la que se dio, pero sí creo que va a ser necesario salir a hacer la aclaración, sobre todo a que se vea que el trabajo que se ve aun con el viento en contra”, dijo Maritza Muñoz por el PAN.
Los diputados Camilo Torres, Sergio Covarrubias y Maritza Muñoz se mostraron en desacuerdo por la fecha fatal que el diputado Alfredo Zamora dio a conocer, sin embargo en lo que se define un orden, se espera otra nueva lectura y análisis de los elementos del dictamen los ex regidores.
