El Gobierno del Estado licitó mediante la modalidad de Asociación Pública Privada, once obras que endeudarán a Baja California hasta 2056. La misma noche que panistas, ayudados por el PRD y MC aprobaron la Ley del Agua, también dieron luz verde a la privatización de varias obras, desalinizadoras, construcción de pluviales, carreteras y operación de servicios, como el caso de la PJGE y el Hospital Materno Infantil de Tijuana, licitaciones entregadas por 20 y 30 años
La inefable noche del 19 de diciembre de 2016, cuando 15 de los 20 diputados locales (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) votaron a favor la Ley del Agua del Estado de Baja California, casi por debajo de la mesa, el Ejecutivo estatal envió para su aprobación once licitaciones que endeudarán al Estado hasta el año 2056 por obras que van desde las desalinizadoras, pluviales, concesión de edificios de la PGJE y la SSPE, carreteras, sistemas de monitoreo e inclusive la operación de servicios médicos en el Hospital Materno Infantil.
Lo peor es que varias de las concesiones se encuentran ligadas a funcionarios panistas o empresarios como Fernando Beltrán, pues la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S. A. de C.V. (URBACA) ganó dos licitaciones, además la desaladora Kenton, íntimamente ligada al hermano de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón.
Las concesiones
El Gobierno del Estado inició el proceso de licitación para once obras, en las primeras seis ya hay fallos a favor de diversas empresas, algunas cercanas a los gobiernos panistas. Por ejemplo, en la empresa Desaladora Kenton, Jesús Octavio Rincón Vargas es socio, y además hermano de la alcaldesa de Rosarito.
Para la licitación, SIDUE-CEA-APP-2015-001, que corresponde al Sistema Integral Hídrico San Quintín en Ensenada, la ganadora para el servicio por 30 años, fue la empresa Desaladora Kenton S.A. de C.V., que resultó la única que presentó propuesta y es representada por Patricia Paterson Villalobos y Yolanda Padilla Loza.
Kenton es la fusión de tres empresas: RWL Desal Holding, S. de R.L. de C.V.; Libra Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.; y R.J. Ingeniería, S.A. de C.V. El presidente del consejo es Michael P. Tramer Loza, y como miembros aparecen Yolanda Padilla Villalobos, Héctor Isidro Peterson Villalobos y Jesús Octavio Rincón Vargas.
Octavio Rincón, hermano de la alcaldesa de Rosarito, es al parecer nuevamente beneficiado por el tráfico de influencias, ya que en 2013, según Auditoría Superior de la Federación, la entonces directora del Seguro Popular trasfirió 10 millones de pesos al Hospital de Salud Mental de Tijuana sin la aprobación de la Junta de Gobierno del Seguro Popular, donde su consanguíneo era el tesorero (ZETA edición 2025, 18 de enero de 2013).
Según su portal de internet, RWL fue fundada por Ronald S. Lauder, magnate hijo de judíos y miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos, y dueño de la firma de cosméticos Lauder.
Otros socios son Rafael Castro de la Peña, quien durante 2016 fungió como secretario fedatario del I Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral; además de Rogelio Alexandro Rodríguez Gómez, Juan Ignacio Reyes Retana Villalobos y Erick Alfonso Peterson Chinoya.
El proyecto consiste, según una tarjeta informativa de Gobierno del Estado, en la captación de agua de mar a través de pozos playeros, su desalación, potabilización, conducción y entrega de 250 litros por segundo (lps) y la disposición del agua de rechazo.
La obra buscaría abastecer la demanda de agua potable en la zona de Camalú, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, San Quintín y Los Pinos, y así beneficiar a una población de 100 mil habitantes.
En un boletín enviado el 25 de julio de 2014, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Tijuana, en el que manifestaban su apoyo para la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Baja California.
En la reunión estuvieron presentes diversos representantes de la CMIC, entre ellos el vicepresidente del Sector Salud de la instancia, Jesús Rincón Vargas, y el coordinador del Consejo Estatal de Infraestructura del organismo, Héctor Peterson Villalobos, quienes posteriormente resultaron favorecidos con el proyecto.
Más obras para los Llamas (ligados a Beltrán)
Ligados Fernando Beltrán Rincón y Víctor Llamas en Baja California y otros Estados de la República la empresa URBACA se ha convertido en el mayor contratista de la administración de Vega de Lamadrid. Llegan hasta las nuevas licitaciones de Asociaciones Público Privadas (APPs).
La empresa que resultó ganadora de la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para ejecutar el Programa de Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritarios en la Ciudad de Mexicali por los próximos 15 años, se denominó Operadora de Pluviales Mexicali, S. A. de C.V. y está relacionada con los hermanos Llamas Galván y Alberto Barrutia Calderón (http://zetatijuana.com/2016/12/19/estado-favorece-con-millonario-contrato-a-urbaca/)
La empresa solo compitió contra otro consorcio, logrando la licitación, para ello se tuvieron que fusionar las empresas Futura Industrial, S.A. de C.V., Ur Obras y Servicios, S. A. de C.V. y Constructora Makro, S. A. de C. V.
La primera está constituida por Héctor Jesús Rodríguez López, Rodrigo Javier Castro Monarque, Alberto Barrutia Calderón, María Guadalupe Villavicencio y Margarita Soto Medrano; mientras que la segunda la constituyen los hermanos Víctor Ismael y Alejandro Lázaro Llamas Galván, y nuevamente Alberto Barrutia Calderón, todos ellos socios en la empresa URBACA de Víctor Llamas, socio de Fernando Beltrán.
La tercera empresa, Makro, S. A. de C.V., es una de las favoritas del gobernador del Estado y está constituida por Marco Antonio Santacruz Cuevas, Alberto Romero Guakil y Luis Alejandro Santacruz Rodríguez.
La nueva empresa quedó constituida con Javier Terán Martínez como presidente, Marco Antonio Santacruz Cuevas como secretario y Alberto Barrutia Calderón como tesorero, quien también es director de finanzas de URBACA, como consta en una ficha técnica obtenida por ZETA.
Nuevamente los hermanos Víctor Ismael y Alejandro Llamas Galván, junto con Alberto Barrutia Calderón, resultaron ganadores de la licitación SIDUE-CESPTE-APP-2016-003, ahora bajo el nombre Ingeniería de Bombas, S.A. de C.V., según el Registro Público de la Propiedad.
La empresa ganadora resultó de la función de Ingeniería de Bombas y Controles, S.A. de C.V., propiedad de Hugo López Rojas y Bibiana López Rojas; Ur Obras y Servicios, S. A. de C.V. y Anguiano y Wong Asesores, S. A. de C. V., integrado por Luis Francisco Wong Jiménez, Gilberto Anguiano Molina, Héctor Manuel Cárdenas Farías, Alejandro Garza Rosete y Alfonso Villagrán Santana.
De igual manera se licitó la planta desalinizadora de Rosarito para la construcción, financiamiento y operación para la planta por un monto mensual de 149 millones 312 mil 018 pesos a favor de la empresa Rosarito S.A.P.I., creada específicamente para la licitación SIDUE-CEA-APP-2015-002 y constituida el 22 de agosto de 2016.
En la convocatoria solo participaron tres empresas, siendo Rosarito S.A.P.I. la ganadora, integrada por tres compañías: N.S.C. Agua, S. A. de C.V., que, de acuerdo con el portal LinkedIn, el encargado del proyecto es Rubén Sánchez C. además de que en las actas de licitación estuvieron como representantes Ismael Sánchez, Frederick Mctaggart y Rubén Sánchez.
La segunda empresa es NuWater S.A.P.I. representada por Lautaro M. Millaman Teruel y Michael Avant Smith; por Degremont, S.A. de C.V. se nombró a Adrien Tieche, Jordi Valls Riera e Ignacio del Campo.
Según un comunicado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) emitido el 15 de julio de 2016, el fallo de la licitación fue para el consorcio internacional para la construcción y operación de esta planta, integrado por NuWater S.A.P.I. de C.V. y Degremont, S.A. de C.V., ambas empresas internacionales con filiales en México, y la empresa local NSC Agua, S.A. de C.V.
Al respecto, el titular de SIDUE, Manuel Guevara Morales, informó que el monto total de inversión en la planta será de 9 mil 891 millones de pesos y fue concursada en esquema de Asociación Público Privada.
Explicó que la construcción se desarrollará en dos etapas, la primera estará terminada en tres años y producirá 2.2 metros cúbicos por segundo de agua completamente potable.
Se trata de una concesión a 40 años, tres años de producción y 37 de operación, tiempo en que las empresas deberán garantizar la producción y operación óptima de la planta, que posteriormente pasará a ser propiedad estatal, señaló Guevara Morales.
Entre los socios de la empresa ganadora se encuentra Galo Horacio Macías Bretón en el consejo de administración, quien en 2012 fue/es representante de los inversionistas de Terminales Portuarias del Pacífico, fuertemente beneficiadas durante la gestión presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.
Otro socio es Lautaro Manuel Millaman, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y, acorde con la Secretaría de la Función Pública, en 2014 fue sancionado por incumplimiento de su declaración de situación patrimonial (https://siac.funcionpublica.gob.mx/DatosAbiertos/rsps/RSPS20142.csv).
Otras licitaciones
En la licitación SIDUE-PGJE-APP-2016-002 para el Diseño, Construcción, Operación y mantenimiento de edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Usos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Tijuana por 25 años, la ganadora fue Relogar S.A.P.I. Solo tuvo un competidor.
La compañía se constituyó el 18 de octubre de 2016 con un capital mínimo de 12 millones de pesos, derivado de la fusión de Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidentes, S.A. de C.V. y Vaher Inmobiliaria, S.A. de C.V., con el consejo de administración integrado por: Carlos Federico Valenzuela Cadena, presidente; Carlos Federico Valenzuela Gómez, suplente; Diego Valenzuela Cadena, secretario; José Ignacio Valenzuela Gómez, suplente; Jesús Ángel Morelos Montfort, primer vocal; y Héctor Alejandro Proal Sánchez como suplente.
Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidentes también participó en la licitación SIDUE-SSP-APP-2015-003, pero no acreditó el puntaje mínimo para su propuesta técnica, finalmente la ganadora fue Visión Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C.V., en conjunto con Arquitectura e Ingeniería Integrada, S. de R.L. de C.V. constituyendo así Inver Infraestructura, S.A. de C.V.
La nueva empresa quedó integrada por José Carlos Cota Arce como presidente, Feliciano Campos Herrera como secretario y Arnoldo Edmundo Guevara Márquez como tesorero, los primeros ex trabajadores de Urbi, y el tercero ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Obras por licitar
En el mismo dictamen aprobado por el Congreso del Estado se encuentran en proceso de licitación cinco obras que en próximos días podrían tener ganadores, entre ellas las de modernización del sistema de agua potable para Ensenada en la licitación SIDUE-CESPE-APP-2016-00, contemplada a entregar por 15 años.
De igual manera se contempla el diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto Zapata y el doble piso a Playas de Tijuana en la licitación SIDUE-APP-2016-006, estipulada a 27 años.
También pendiente de fallo se encuentra la rehabilitación integral de carreteras del Valle de Mexicali, bajo la licitación SIDUE-JUEBC-APP-2016-004 por ocho años; el Sistema de Monitoreo para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), bajo licitación SIDUE-SSPE-APP-2016-005 por 22 años y puesta en punto; además de mantenimiento, operación de servicios médicos y no asistenciales para el Nuevo Hospital Materno Infantil de Tijuana (SIDUE-ISESALUD-APP-2016-008, por 14 años).
La verdadera privatización
El Dictamen 62 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, publicado el 30 de diciembre de 2016 como Decreto 57, pasó inadvertido hasta que el propio ex diputado local Juan Manuel Molina publicó en su cuenta de Facebook que tal decreto representaba la verdadera privatización.
Entrevistado por ZETA, Molina señaló que la Ley del Agua era solo un paso para aprobar el Dictamen 62, ya que la Ley de Asociaciones Público Privadas prohíbe la intromisión de empresas privadas donde el servicio no se encuentre reglamentado.
“La Ley del Agua era el instrumento legal para alcanzar el refrendo y la autorización de los contratos de Asociaciones Público Privadas que el Gobierno del Estado ya había celebrado con anticipación, sin embargo, por reformas federales necesitaban validarlos por vía del Congreso del Estado” explicó.
El ex diputado local complementó que la Ley de Asociaciones Público Privadas, que data de 2014, no contempló determinados casos como el tema del agua, ya que se considera un derecho humano, al llegar a tratados internacionales.
Dijo que el mismo dictamen abarca la administración de edificios de la Policía Estatal Preventiva, lo que también significaría la entrada a empresas privadas a un servicio que se considera de seguridad nacional.
Según Molina, en su Artículo 9, la Ley de Asociaciones Público Privadas refiere que para poder establecer un servicio, éste debe contemplar la participación privada, además, el Artículo 5 indica que las disposiciones de esa Ley no pueden estar por encima de tratados internacionales, por lo tanto, el tema del agua estaba blindado.
“En el Ejecutivo se dieron cuenta que para refrendar los contratos de las APPs para las desalinizadoras necesitaban primero expedir una Ley que regule el servicio del agua, donde se incorporaran empresas privadas para después aprobar el Dictamen 62, que era posterior. La verdadera privatización está en el Dictamen 62, inclusive podemos darnos cuenta que a diferencia de la Ley del Agua, los diputados del PRI por ejemplo lo votaron a favor e inclusive sus argumentos hablaron a favor del dictamen y que era necesaria la participación de las empresas privadas, al igual que el PBC”, reiteró.
Como ex legislador por el Partido Acción Nacional, se percató que el PRI y el PAN se ponen de acuerdo en los grandes temas y son oposición, siempre y cuando les alcancen los votos para aprobar leyes.
— -¿La derogación de la Ley afecta este dictamen?
“De ninguna manera, porque si lees el dictamen se refieren a la Ley de APP y, aunque yo sé y lo afirmo que necesitaban la Ley del Agua por lo que dice el Artículo 9 de la Ley APP, abrogan la Ley del Agua, pero seguramente sus evaluaciones de alcance mediático y jurídico les hace suponer que esto se va a sostener por sí solo y seguramente porque esos compromisos que hicieron con las empresas desde 2014-2015 ya no hallan cómo echarlos para atrás”.
