Una carta de queja escrita por 20 militares presos (en proceso o condenados hasta por 31 años) por delitos cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, acusa al Estado Mexicano, de haberlos “usado” para una función muy distinta para la que estaban capacitados.
“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente […] El señor Felipe Calderón [Hinojosa], excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”, escribieron los militares en la misiva enviada hace unos días al presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación.
“Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”, abundan los militares en su misiva, compartida a este semanario por el corresponsal en México del diario español El País, Pablo Ferri.
“¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”, finalizan su carta, en un momento en que en el Congreso de la Unión se discute delimitar o permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Los militares citaban las declaraciones del propio secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró el pasado 9 de diciembre que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes.
“Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”, afirmó el titular de la Sedena, al pedir una ley que regule la presencia del Ejército en las calles.
Tras su llegada al poder, el gobierno de Felipe Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, con la cual los militares salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del País, y en la que participaron casi 7 mil 000 efectivos con apoyo terrestre y aéreo.
El entonces presidente se apoyó en el artículo 29 de la Constitución, que permite echar mano del Ejército cuando exista una “perturbación grave de la paz pública”, con la idea de depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Esto se vio reforzado cuando el 30 de junio de 2008, como parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos da a México mil 600 millones de dólares de ayuda para su estrategia frontal contra el crimen organizado.
Diez años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin funcionar y la solución momentánea de usar las Fuerzas Armadas, se ha convertido en permanente. En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares.
Ni siquiera existe claridad sobre el impacto de la guerra de Calderón en cifras. Los muertos como consecuencia de este conflicto podrían ser alrededor de 150 mil, los desaparecidos casi 30 mil. Según cifras oficiales al menos 106 mil 378 personas fueron asesinadas en 10 años.
En los cuatro años que Peña Nieto lleva como presidente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado un total de 28 mil 515 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, según detalló un informe elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi).
Pero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Gobernación (Segob) y procuradurías locales, que contabilizan el número de homicidios dolosos sin importar si fueron a causa del crimen organizado, se detalla que durante ese mismo periodo ocurrieron al menos 63 mil crímenes.
