El Presidente envió, a través de uno de sus incondicionales del estado de México, el diputado César Camacho, una iniciativa de Ley mal hecha, atentatoria de las garantías individuales y notoriamente contraria a la Constitución, para satisfacer a las fuerzas armadas. Muchos nos opusimos de inmediato.
Por todo el país muchas organizaciones se expresaron en contra de la propuesta de cederle la tarea de la seguridad pública, de la forma en que lo propone la iniciativa. Esta actividad motivó a que el Secretario de la Defensa, se inconformara ante el poder civil, representado por el Presidente de México y dijera que en 10 años no han hecho nada por resolver el problema de la corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiacos. Esta es una gran crítica a la política presidencial que nunca en público un militar de tan alta graduación había hecho.
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Yo me imagino que si un soldado raso o un oficial de alta graduación dijera lo mismo del Secretario de la Defensa tendría que ser arrestado, si fuera oficial, degradado y pasaría muchos años en la cárcel, rompiendo piedra, pero el General Secretario criticó abierta y duramente a su superior, el Presidente de México y nada pasó. Al contrario, los políticos blandengues y pusilánimes que tenemos, en lugar de defender el tema de la civilidad de la prestación del servicio de seguridad pública, se orinaron en los pantalones y de inmediato todos los del PRI y el PAN expresaron su acuerdo para que en un periodo extraordinario aprobaran la inconstitucional iniciativa que he venido criticando.
Esta situación tiene, desde mi punto de vista, varios lados. Primero, no le corresponde a un militar criticar, menos en público a su superior, esto no puede ser permitido. Dos. El tema principal: ¿deben las fuerzas armadas hacerse cargo de la seguridad pública del país? El tema lo contestó el propio Secretario de la Defensa, cuando dijo que no estudiaron para combatir narcos. ¡Tiene razón! Porque no estudiaron para policía; porque no tienen las habilidades para perseguir delincuentes; porque desconocen las leyes civiles; porque en su filosofía la tropa es totalmente disciplinada a las órdenes de sus oficiales y no discuten éstas, aunque pudieran ser contrarias a la Ley; porque desconocen los trabajos de investigación y, sobre todo, porque están capacitados para disparar a matar si no se les obedece.
Por mi anterior artículo recibí muchas opiniones a favor del ejército, básicamente por el repudio que hay en contra de los políticos. Tienen razón en lo que critican y tienen razón en reconocer el esfuerzo de las fuerzas armadas. Yo reconozco y alabo esa participación. Pero ese no es el punto. El tema es de diseño constitucional. ¿Queremos ser un estado militarizado, donde los que manden sean las fuerzas armadas, donde las libertades no importen y sean violadas en aras de la seguridad del estado? Ese es el punto.
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Yo reconozco que se debe trabajar una legislación de transición que evite que nuestros soldados se sientan desprotegidos en su actividad extraordinaria como policía. Pero no que les dé toda la responsabilidad o los considere como verdaderos policías, porque no lo son. Dice el Secretario de la Defensa que otro de los problemas del país es el nuevo sistema penal, ya que debido a él dejan los jueces libres a los delincuentes. Primero sabrá el General Cienfuegos que el gran defensor de este sistema fue el diputado César Camacho, quien a pesar de las protestas en contra, entre ellas la mía, impulsó este modelo que nos impusieron los norteamericanos, sin importar que se les demostró cómo fallo en Chile, en Guatemala y en el Salvador. Sin embargo, es ley vigente y hay que respetarla.
Cierto, requiere mucha capacitación de los policías, para que cuando detengan a una persona no lo hagan violando sus derechos. Pero si los policías que están siendo capacitados para ello, no la aplican, ¿sí lo podrán hacer los militares, que la desconocen? Por eso los jueces dejan libres a los delincuentes, porque los detienen sin orden de aprehensión, porque entran a sus casas sin orden de cateo, porque cuando los detienen no les explican sus derechos y no les permiten tener un abogado desde su primera declaración y porque no investigan y quieren a través de la tortura obtener información para demostrar que es culpable. Si es una lata observar estos procedimientos, ¿pero son la base de un sistema democrático?
Yo no quiero vivir en un estado que no respete la ley o las garantías.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
