Prensa vulnerada, gobierno omiso


 
Edición Impresa lunes, 12 diciembre, 2016 12:00 PM

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reconoce 104 homicidios de comunicadores en los últimos 16 años. Tan solo en 2016 suman 11 los periodistas asesinados, pero la PGR señala que son ocho. La supuesta protección oficial “es una farsa monumental”, advierte la escritora Lydia Cacho, mientras que el editor Javier Valdez refiere que con el apoyo gubernamental “sólo consigues que te espíen”

 

Solo en cuatro de los once casos de periodistas asesinados durante 2016 en México, hubo personas detenidas por su probable participación en los crímenes, y en contra de dos de ellas apenas se sostiene la acusación con posibilidades de que recuperen su libertad. Ese es el panorama de la justicia en el caso de los fatales atentados contra la libertad de expresión.

Hasta ahora, el esfuerzo de organismos de la sociedad civil y de entes de los diferentes niveles de gobierno, no ha frenado los ataques en contra de comunicadores. Son los propios periodistas quienes se están cuidando unos a otros, en lo que la escritora y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho, califica como una gran tragedia mediática.

Las cifras que aglutinan la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no coinciden. Menos aún las de organismos protectores de los miembros de los medios de comunicación.

Al cierre de octubre, la FEADLE solo tiene ocho homicidios de comunicadores en sus indicadores. El cambio de sistema de justicia penal en México dispersa aún más la estadística, pues la dependencia federal ahora los divide: uno en el sistema tradicional y siete en el nuevo sistema penal acusatorio, que para la PGR cuenta desde el 29 de febrero próximo pasado.

También existe una “cifra negra” por falta de confianza en las autoridades, pues, mientras que la organización Artículo 19 documenta en su tercer informe trimestral de este año 306 agresiones contra periodistas, conocidas de voz de las propias víctimas o de sus compañeros de trabajo, la fiscalía solo inició 21 averiguaciones previas y 65 carpetas de investigación (nuevo sistema).

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Los últimos 16 años se arrastra un total de 104 homicidios de personas que tenían alguna injerencia en expresar sus opiniones a través de los medios de comunicación, según números de la fiscalía. Por su parte, la CNDH solamente reconoce 92 en sus registros.

 

Cambio de vida

Las agresiones denunciadas ante la FEADLE, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, han movido a la institución a brindar medidas cautelares y de protección hacia las y los periodistas. También tienen esa encomienda la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad (Policía Federal), la Agencia de Investigación Criminal, las procuradurías estatales y las secretarías de Seguridad Pública de los Estados.

La supuesta protección no siempre rinde frutos, pues este año ya hubo un reportero asesinado a pesar del “blindaje” que le ofrecieron las autoridades, como fue el caso de Pedro Tamayo, en Veracruz, el 20 de julio pasado. Esta situación desalienta a las víctimas, quienes han expresado que “pactar con el diablo no es la mejor alternativa”, ya que muchas veces sienten que el gobierno es el autor de la agresión.

La vida para muchos comunicadores cambia de la noche a la mañana y, desde 2010 hasta el último día de octubre de 2016, tuvieron que hacer adecuaciones a su rutina laboral y familiar, ser escoltados o mudarse de domicilio. En ese lapso, las dependencias gubernamentales brindaron 719 medidas cautelares en un total de 302 averiguaciones previas y carpetas de investigación.

A la fecha, 29 escoltas y cuatro vehículos blindados están destinados a la protección de editores, reporteros y algunos directivos de medios de comunicación que están amenazados, de los cuales 12 emplean chalecos antibalas prestados por corporaciones policiales, tres utilizan celulares o radios con una aplicación especial y 33 cuentan con un botón de pánico para solicitar auxilio.

Las autoridades también presumen que en ocho casos instalaron cámaras, luces o cambiaron las cerraduras en viviendas de periodistas, a nueve les colocaron protecciones en casa, cuatro fueron trasladados a domicilios temporales, a ocho los apoyaron en traslados, 14 recibieron atención médica o psicológica y a más de 100 les auxilian con rondines y patrullaje en los alrededores de sus casas.

 

Periodistas caídos

La muerte de trabajadores de medios de comunicación inició año en Oaxaca, donde la noche del 21 de enero fue victimado Marcos Hernández Bautista, de 38 años, al momento de abordar su vehículo a las afueras de la localidad de San Andrés Huaxpaltepec. Un balazo en la cabeza segó la vida del que fuera reportero del periódico Noticias Voz e Imagen, y que colaboraba para varias emisoras de radio. Un policía municipal de Santiago Jamiltepec fue detenido como presunto homicida.

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Un día después, en la misma entidad, pero en Santiago Laollaga, sujetos armados esperaron el paso del periodista radial Reinel Martínez Cerquera, de 43 años, cuando conducía un mototaxi de su propiedad. El hombre era conductor en la radio comunitaria El Manantial, Oaxaca. Murió de seis balazos.

Uno de los crímenes más atroces se gestó en Veracruz la noche del 8 de febrero, cuando la reportera de El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, de 32 años, fue privada de su libertad en su casa. Al día siguiente apareció su cadáver maniatado y semidesnudo en el Estado de Puebla, sobre el Kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

Fue detenido Josele Márquez “El Chichí”, presunto mando de “Los Zetas”, quien habría ejecutado la orden de asesinar a Anabel por parte del hijo de un comandante policial. “El Chichí” fue exonerado del delito de portación de arma de fuego y ahora busca librar el homicidio de la periodista.

La mañana del 20 de febrero de 2016, fue localizado en su casa el cuerpo apuñalado por la espalda de Moisés Dagdug Lutzow, de 68 años, periodista y propietario de la empresa de comunicación Grupo VX, Radio XEVX, en Villa Hermosa, Tabasco. Un joven de 25 años, acompañante del autor material del homicidio, fue detenido.

En Taxco, Guerrero, al regresar a su casa a las 6:30 am del 25 de abril, tras dejar a sus hijas en el colegio, fue asesinado de dos balazos el reportero Francisco Pacheco Beltrán, corresponsal de Radio Capital y El Sol de Acapulco. El homicida empleó un arma calibre nueve milímetros.

La tarde del 14 de mayo, en Poza Rica, Veracruz, un empistolado dio muerte de un disparo en la cabeza a Manuel Torres González, de 45 años, editor del sitio digital Noticias MT y ex corresponsal de TV Azteca. Un desconocido le dio un balazo en el cráneo. Un mes después, la tarde del domingo 19 de junio, dos sujetos en una moto abrieron fuego contra Elpidio Ramos Zárate, reportero del diario El Sur, en la entrada de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

También en Oaxaca, el 26 de junio por la madrugada, policías de Huajuapan de León detuvieron a Salvador Olmos García, señalado de grafitear un monumento. El conductor del programa “Pitaya Negra”, en la radio comunitaria Tuun Un Ñuu Savi, pudo zafarse de sus captores y empezó a correr. Policías lo arrollaron con la patrulla. Cuatro elementos fueron presentados ante el Ministerio Público.

La noche del 20 de julio, Pedro Tamayo Rosas, reportero de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político se convirtió en la víctima periodística número 19 durante la nefasta administración gubernamental de Javier Duarte. Cuando Pedro arribaba a su casa -en Tierra Blanca- ya lo estaban esperando dos sujetos que le dispararon a corta distancia.

Lydia Cacho

Lydia Cacho

Tamayo Rosas estaba advertido. En enero de este año había huido a Oaxaca por las amenazas recibidas. Desde entonces era “protegido” por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que se conozca por qué la noche del crimen iba solo.

Otro conductor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi, fue arteramente asesinado en Oaxaca el 13 de septiembre. Agustín Pavía, maestro y político, descendía de su auto frente a su casa cuando sujetos no identificados le vaciaron la carga de una pistola. Junto con Salvador Olmos había cubierto la infausta jornada violenta durante un desalojo en Nochixtlán el 19 de junio.

La madrugada del 14 de septiembre fue baleado en su automotor, cuando viajaba por carretera a la entrada de Nuevo Necaxa, Puebla, Aurelio Cabrera Campos, director del semanario El Gráfico de la Sierra, con sede en Huauchinango. En 2015 ya había sido agredido por sujetos que le robaron su cámara tras cubrir una audiencia en un Juzgado penal. Al parecer tenía rencillas con otro periodista poblano.

 

 “Farsa monumental”

La periodista, escritora y activista por los Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro, cuestionó el supuesto auxilio de las dependencias de gobierno que se autoproclaman como defensoras de Derechos Humanos. “Bueno, pues mira, las fiscalías, como ya sabemos, son una farsa monumental, ¿no? Y lo que está sucediendo en realidad, y que me parece que ese es un tema muy importante, a los periodistas los estamos protegiendo los colegas.

“La Secretaría de Gobernación, las fiscalías, te dan teléfonos que no sirven. El mecanismo no sirve para absolutamente nada. Es una farsa monumental. Lo hemos demostrado varias veces con colegas periodistas que tienen el botón de pánico. Lo tocan y lo tocan, y dos meses después te preguntan, ‘Oiga ¿usted tocó el botón de pánico?’. ¡Dos meses después!”, expresó Lydia, quien en carne propia ha experimentado las agresiones desde el poder, pues hace una década fue encarcelada por la confabulación de un empresario con un gobernador, acusándola de difamación.

Cacho Ribeiro, que recientemente participó en la publicación del libro “La Ira de México”, de Editorial Debate, asegura que “los periodistas nos estamos auto protegiendo, como lo está haciendo la mayor parte de la sociedad mexicana. Se está auto protegiendo, esa es la realidad. Primero, es reconocerlo, porque si somos un país bastante unido, me parece que eso también es importante reconocer. Yo estoy un poco cansada de estas versiones, de que las y los periodistas no somos unidos y que solo le corresponde a las fiscalías. No es cierto, nos estamos protegiendo nosotros y eso es lo que ha mantenido vivos a varios colegas. Otros muchos, sin tener poder para protegerse, han perdido la vida”.

Por su parte, el reportero y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce de Culiacán, Sinaloa, lamentó el clima de violencia que persiste en contra del periodismo mexicano y concluye que el narcotráfico ahora manda en las redacciones de muchos medios de comunicación del país. No porque los reporteros obedezcan, sean dóciles o cómplices de narcos, sino porque ahora el periodista piensa en el narco y los riesgos antes de escribir una nota.

Valdez, autor del libro “Narco Periodismo”, de Editorial Aguilar, dijo a ZETA sobre la FEADLE y los protocolos para cuidar a comunicadores: “Eso del mecanismo de protección es una broma macabra. De hecho el aparato este sirve para que te espíen. Sí tú lo activas te mandan a la Policía, pero es la Policía de la que tú te quejas, que te está persiguiendo, como yo lo cuento en mi libro. A partir de que lo activas, te están escuchando, oyen tus conversaciones. En realidad, son formas para espiar, para acallar las voces críticas. No es ninguna opción, porque quien opera el mecanismo está del lado de los delincuentes. Está del lado del narcotráfico, y hablo del Gobierno Federal, estatal y municipal”.

Javier “El Bato” Valdez establece que en los últimos cuatro, seis años, “el narcotráfico trazó, quebró, atravesó el trabajo periodístico. Nosotros nos ubicamos al nivel de policías, de militares, de narcotraficantes. A ese nivel. O sea, ‘hay que matar a los periodistas’ parece ser la consigna en muchas partes. Al periodista crítico, que investiga, que está publicando lo que pasa, que genera ruido, que llama la atención, que provoca que volteen medios nacionales o internacionales, que el gobierno mande grupos del Ejército o la Policía a cada región, a ese periodista que está haciendo ese trabajo hay que matarlo, hay que desaparecerlo”, puntualizó.

 

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