Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa lanzaron bombas molotov, cohetones y piedras a las instalaciones de la 35 Zona Militar, ubicadas en el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo, Guerrero. Ante el ataque, sucedido alrededor de las 14:50 horas, los militares se resguardaron, y al concluir su agresión, los alumnos regresaron a su plantel educativo, en Tixtla.
Antes, durante el medio día, los normalistas y un grupo de padres de los 43 desaparecidos el pasado 26 de septiembre del 2014, se apoderaron de la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol, como parte de su lucha para exigir que los militares sean llamados a declarar por el caso Iguala.
El grupo de manifestantes retuvo al funcionario de la Dirección de Gobierno estatal, Jorge Miranda Huesca, quien había acudido al lugar a dialogar, pero durante los empujones, golpeó sin intención a una madre de los normalistas, lo que derivó que algunos estudiantes lo persiguieran, hasta que lo alcanzaron y lo derribaron.
asesor de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, había señalado que el bloqueo de la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol era el inicio de su lucha para llevar a la justicia a efectivos del Ejército.
En especial a los soldados y mandos del 27 batallón de Iguala, debido a que investigaciones realizadas por la periodista Anabel Hernández, publicadas en su libro ‘La verdadera noche de Iguala’, ratifican que los militares participaron en la agresión y desaparición de los estudiantes.
Rosales Sierra informó también, que con el Mecanismo de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pedirá que se abra una línea de investigación contra el Ejército, esto, a 12 días de que se cumplan dos años tres meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Lo que estamos pidiendo es que ya el Estado Mexicano no ponga obstáculos en las nuevas líneas de investigación directas al Ejército”, dijo el abogado, para agregar que la petición formal la realizarán ante la Procuraduría General de la República (PGR), el próximo mes de enero, cuando inicien formalmente los trabajos del Nuevo Mecanismo de Seguimiento del caso.
Hasta el momento hay 180 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, pero cerca del 90 por ciento están ligados a la hipótesis del basurero de Cocula, por lo que hay riesgo de muchos de ellos sean dejados en libertad al no validarse la llamada “verdad histórica” dicha por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
El lunes pasado, los normalistas de Ayotzinapa marcharon por calles de la capital guerrerense y bloquearon la Autopista del Sol, para conmemorar el quinto aniversario en que sus compañeros estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados por elementos policiacos, en una refriega en la que por varios minutos hubo disparos de armas de fuego.
