Hace unos días, el Secretario de Marina, en un tono enérgico, inusual en la comunicación de un subordinado a su superior, le exigió al Presidente de México, comandante supremo de las fuerzas de mar, tierra y aire, que les otorgaran la legislación que vienen pidiendo desde hace años.
Me quedé sorprendido por la dureza del tono; pero mayor sorpresa me dio cuando me enteré que el Dip. César Camacho, coordinador de la fracción del PRI, presentó la iniciativa que exigía el Secretario. Ésta, de aprobarse, entrega totalmente el control de la seguridad pública y la persecución de los delitos a las fuerzas armadas.
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Esta iniciativa es anticonstitucional, porque es contraria a lo establecido en el 21, 102 y 129 constitucionales, porque atenta contra el monopolio del ejercicio de la acción penal, que tiene el Ministerio Publico y da otra atribución a la fuerza armada en tiempos de paz. No soy contrario a las fuerzas armadas mexicanas ni ignoro su aporte heroico a la seguridad y tranquilidad del país. Soy un civil que admira al ejército.
Mi abuelo, Amador Rodríguez, fue alto oficial en el ejército revolucionario. Mi padre, Cesáreo Rodríguez Ramos, fue capitán. Yo siempre quise, pero no pude, ingresar al Heroico Colegio Militar, como lo he señalado con anterioridad. Pero como constitucionalista, como apasionado del equilibrio de poderes, del diseño constitucional que dota a cada poder de sus atribuciones, fijé sus límites y señalé claramente la protección y procedimiento para el respeto de los derechos humanos, no puedo menos que repudiar la pretensión de hacer de las fuerzas armadas un ejército policiaco.
Sé que por razones de emergencia y debido a la gran corrupción e ineficacia de las policías, han tenido que entrar las fuerzas armadas a tareas policiacas, pero una cosa es la emergencia y otra la regularidad democrática. Me pregunto, ¿en todo el país no funcionan las policías? Entonces miente el Secretario de Gobernación cuando dice que han descendido los crímenes de alto impacto, ¿el secuestro y el homicidio?
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La iniciativa, además está mal elaborada: tiene una gran cantidad de atribuciones discrecionales pues cierra algunos artículos con la frase “otras que sean necesarias”. Obviamente contrarias a la Constitución, la cual determina que la autoridad únicamente puede actuar a través de facultades expresas.
En la iniciativa se les faculta casi expresamente para la violación de garantías individuales, pues establece que “soldados y marinos puedan hacer uso de cualquier método para obtener información, escuchas telefónicas, correos telefónicos, etc.” Me pregunto: ¿Por qué entregar el poder del estado a las fuerzas armadas? ¿Con eso se vencerá al narco? No creo. Mientas haya demanda, habrá oferta.
Se dice que con estas atribuciones, los jueces no argumentarán que las averiguaciones previas están mal elaboradas. Yo digo que esto no cambiará. Que detener sin orden de aprehensión, entrar a casas sin orden de cateo, no comunicarle al detenido sus derechos y no proporcionarle un defensor desde su detención, son las causales de que los jueces dejen libres a posibles culpables.
¿Ustedes creen que un soldado o marino, con una capacitación diferente a la del policía, sí va a cumplir con estas exigencias de la Constitución? Claro que no. Parte del problema es la falta de capacitación de todos los policías para cumplir con el nuevo sistema penal, que se basa en la presunción de inocencia y el debido procedimiento de la ley.
Independientemente de lo anterior, estoy convencido que no están reflexionando bien en este delicado tema. Es otra confrontación con la sociedad, con las organizaciones de derechos humanos y en contra de tratados internacionales. México es un estado donde el Poder Civil está por encima de los poderes militar y eclesiástico, ¿por qué entonces el Poder Civil está renunciando a su legítima atribución? ¿Se recuperará así la credibilidad del Gobierno? ¿El Presidente Peña será más popular? ¿Ganará así el PRI las elecciones del 2018? ¿Se vencerá a la delincuencia? Yo creo que no, que son fenómenos independientes.
Pero en México se ha hecho costumbre no criticar nada que venga de las fuerzas armadas. Es un terrible error. Hay que decirles que no se puede. Beltrones, aunque no es santo de mi devoción, cuando intentaron lo mismo hace cuatro años lo hizo y no pasó nada. ¿Ustedes creen que cuando pase la emergencia, se regresarán tranquilamente a sus cuarteles?
Estoy indignado por la falta de defensa de la sociedad civil, por la abyección de los actuales legisladores. Debemos dar la batalla en defensa de nuestras libertades. Nunca, como ahora, la Republica civil había estado tan amenazada.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
