Constructores de Mexicali detectaron y denunciaron ante el gobierno de Baja California que en el proyecto acueducto Villa Hermosa, la administración estatal hizo la licitación con dedicatoria. Esta obra, que surtirá de agua a la empresa cervecera Constellation Brands, se construirá con 405 millones de pesos, pero será con recursos públicos, no con capital privado. La empresa beneficiada con la obra está ligada a Fernando Beltrán, promotor de box y amigo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid
La historia de una licitación de obra por 405 millones de pesos, es una de favoritismo, compadrazgo, amenazas y negociaciones en el gobierno de Baja California que preside Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
Los señalamientos vienen de un sector económico de la sociedad que, ante el favoritismo y las licitaciones a modo, se han visto perjudicados en su desarrollo. En efecto, el sector de la construcción ha denunciado, primero en cartas al gobierno y después a este medio, cómo se lanzó una convocatoria, de tal manera que solo una empresa estaba en condiciones de competir, ligada a Fernando Beltrán, quien ha gozado de otros favores de la administración kikista, como la concesión de la vía corta del tren.
Antes que los señalamientos se hicieran públicos, pero cuando ya eran conocidos de los interesados y el gobierno, tres emisarios fueron enviados para amedrentar de distintas formas a los denunciantes. Un representante de Carlo Bonfante, secretario de Desarrollo Económico, otro de la oficina del gobernador y un funcionario más, intentaron persuadir a los constructores a no continuar con las denuncias, porque de hacerlo, alejarían la inversión.
Pero las afrentas no surtieron efecto. Los empresarios de la construcción cuentan la historia de favoritismo en el círculo cercano a Francisco Vega de Lamadrid. Las licitaciones millonarias a modo.
La delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), “considera que debido a las inconsistencia detectadas (en la licitación) y que se hacen de su conocimiento se ponga en riesgo la ejecución de las obras y su culminación, así como la llegada de una lluvia de inconformidades ante la Secretaria de la Función Pública”, advirtió el 19 de octubre de 2016 en una carta enviada a Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.
Se referían a la licitación publicada el 27 de septiembre para construir en el Valle de Mexicali un acueducto de 47.5 kilómetros que transporte el líquido desde la zona de pozo del Ejido Villa Hermosa -al norte del valle de Mexicali, cerca de Algodones- hasta el Ejido Choropo, unos diez kilómetros al sur de Mexicali, pegado a la carretera al puerto de San Felipe.
Este acueducto surtirá de 15 millones de metros cúbicos anuales de agua a la empresa de capital internacional Constellation Brands, aterrizada en Mexicali como Compañía Cervecera de Baja California, que contempla la construcción de una planta y la inversión de 15 millones de dólares en cinco años.
Los constructores enviaron el escrito con copia al gobernador Francisco Vega, al secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante, y al director general de la Comisión Estatal de Agua (CEA), Germán Lizaola.
En el texto expusieron lo que consideran irregularidades en la convocatoria pública, número LO-902028999-E09-2016 para la “Ejecución y Construcción del Acueducto Ejido Villa Hermosa Mexicali”.
Argumentaron que el gobierno publicó requisitos imposibles de cumplir entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre, fecha para apertura de propuestas. A menos que los concursantes tuvieran información privilegiada y tiempo adicional para prepararse. Solicitaron:
* Pese a que la Ley de Obra indica que es el gobierno quien debe tener los estudios, proyectos y programas de ejecución totalmente terminados, en este caso exigieron que los licitantes entregaran el “proyecto ejecutivo revisado y autorizado por la autoridad competente” cuando entregaran la propuesta.
* Que al presentarse con su oferta, los licitantes ya hubieran tramitado y obtenido las licencias, permisos y autorizaciones requeridas de los tres órdenes de gobierno.
Además, “traía condiciones como el tubo debe ser fabricado en Baja California de tal material y de tal diámetro, y los únicos que lo fabrican ese tubo PVC en el Estado son URBACA”, recuerda el ingeniero Jaime Navarro, ex presidente de la CMIC en Baja California, quien firmó la carta a nombre de sus compañeros, por ser el único integrante del consejo consultivo que no participaba en el concurso y así evitar el conflicto de intereses.
“Esa convocatoria no daba oportunidad a que los demás constructores de Baja California participaran porque estaba muy dirigida hacia una sola empresa. De la carta han pasado 58 días y no hemos tenido respuesta de manera extraoficial, funcionarios menores nos dijeron que iban a aplazar el fallo, pero igual le entregaron la obra a URBACA el 31 de noviembre (un mes después de lo planeado).
“Nosotros obviamente no queremos patear el pesebre de quien te puede dar chamba porque hay funcionarios, no gobernadores -no quiero mencionarlos-, que sienten que son los dueños de la verdad”, puntualizó Navarro.
La favorecida URBACA
De la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (URBACA), los constructores -que pidieron no ser identificados- manifestaron que tiene en su lista de socios a Fernando Beltrán Rendón, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos panistas en el Estado, dato que fue confirmado verbalmente por un integrante de primer nivel del sexenio anterior.
Al consultar los registros públicos, URBACA aparece como una sociedad fundada en 1982, inscrita por Alejandro Lázaro Llamas Galván, quien junto a Víctor Ismael Llamas Galván, son socios mayoritarios, acompañados de Manuel Oviedo Tirado, Francisco Noriega Martín del Campo y Alicia Calderón Osuna de Barrutia.
La última modificación registral de la sociedad data de 2013, en ella Víctor Ismael Llamas donó sus acciones a su hijo del mismo nombre y a su esposa, María V. de Llamas, quienes tienen como socios a Alejandro Lázaro Llamas y a los hermanos Alberto e Isauro Barrutia.
En el registro de la propiedad, el sistema público solo da acceso -puede haber más en el registro de empresas y comercios que no está abierto a consulta ciudadana- , a una sociedad entre Víctor Ismael Llamas, representante legal de URBACA, y el empresario Fernando Beltrán.
La partida 5048721 registra en febrero de 2015 la compra mancomunada de un terreno rústico de 120-60-54 hectáreas en la colonia Valle de Las Palmas en Tecate. La hoja de inscripción indica que la operación se hizo por 12 millones 607 mil pesos, y tanto Llamas como Beltrán “adquieren el 100 por ciento de los derechos de propiedad”.
Los constructores locales también ligan verbalmente a Beltrán y a URBACA con la constructora Makro, otra proveedora favorecida por los gobiernos. Conforme a los registros, ambas empresas han sido encabezadas por los mismos socios. Además, Ariel Gutiérrez Castro, socio mayoritario de Makro y Víctor Ismael Llamas Galván, de Urbanización y Riego, fueron registrados en septiembre de 2006 como consejeros y apoderados legales de la misma empresa, Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.
FOTO: Cesar Rene Blanco V.- KIko Vega y Fernando Beltran
No es la primera vez que el favorecimiento a estos proveedores ha sido denunciado. En 2007, Abengoa de México, empresa que se manifestaba como ganadora de la licitación de la ampliación del acueducto Río Colorado-Tijuana, acusó ante la Secretaria de la Función Pública a varios funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de entregar irregularmente a Makro un contrato de mil 340 millones de pesos, en detrimento del erario.
405 millones de pesos
En cuanto al importe del contrato que entregaron a URBACA En el gobierno de Vega, la convocatoria del 27 de octubre proponía un techo máximo de 300 millones de pesos. Meses atrás, la estimación del valor de la obra había sido de 160 millones de pesos, conforme al proyecto original que la compañía Constellation Brands mostró al Gobierno del Estado.
“Pero esa diferencia fue porque ellos hicieron las proyecciones con un tipo de cambio peso-dólar como de 13 pesos y ahora está a 20 pesos” explicó Navarro.
Al momento de entregar y aprobarle el proyecto a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, lo hicieron por un importe de 405 millones de pesos, indicaron los participantes fallidos. Más de100 millones de pesos por encima de lo que era el techo límite y un precio por encima de la realidad, los constructores de Mexicali lo saben porque sus propuestas -que finalmente no presentaron ante la falta de garantías- iban de los 280 a los 320 millones de pesos.
Sin embargo, desde su convocatoria el Gobierno del Estado dejó abierta la posibilidad del abuso, lo cual fue expuesto en la carta-denuncia en la que refieren que “no se establece de manera clara y contundente el origen de los recursos”, de los cuales solo aclaran, “serán propios o federales”, además que “la convocante no cuenta con las previsiones presupuestales”.
Gobierno intenta desacreditar
En el Gobierno del Estado, además de decidir ignorar la denuncia de los constructores, optaron por vilipendiar el reclamo de los empresarios, quienes fueron informados el 15 de noviembre por Édgar Guillaumin, vicepresidente de Relaciones Corporativas de Constellation Brands, que dos funcionarios de primer nivel le habían informado de la carta donde los constructores se inconformaban, pero le aseguraron se trataba de un acto realizado a mutuo propio por el ingeniero Jaime Navarro, sin el apoyo del gremio, ni el permiso del actual presidente de CMIC, Alfredo Gómez.
El funcionario de la cervecera lo comentó en la reunión con los presidentes de las diversas cámaras, convocados por el Consejo Coordinador Empresarial, donde los reunieron para explicarles los beneficios que traerá la inversión de Constellation Brands.
Ahí Alfredo Gómez le comentó que las versiones gubernamentales eran falsas porque todos respaldaban la carta de Navarro, entonces Guillaumin pidió se lo pusieran por escrito y así lo hizo el 22 de noviembre, esa segunda carta se envió a Constellation Brands con copia de nuevo para el gobernador, el secretario de Desarrollo Urbano, el de Desarrollo Económico, el director de la comisión de agua y los presidentes de todas las cámaras.
Para este trabajo, ZETA se comunicó con la empresa para solicitar a Guillaumin que confirmara la recepción de la carta de CMIC, además, si ya había tratado el tema con el gobierno de Baja California y si tomarían alguna medida al respecto.
También se le informó que deseábamos saber si para invertir en la cervecera habían solicitado como requisito que el Estado realizara con dinero público -405 millones de pesos- la obra del acueducto.
La respuesta, vía correo electrónico, fue la siguiente: “Agradecemos a Semanario Zeta que nos haya buscado para solicitar la información que nos solicitaron por teléfono y correo. Al respecto, por parte de Constellation Brands no se tiene comentarios sobre este tema”.
Kiko se contradice
Como parte del proyecto del acueducto, basado en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, la SIDUE y CEA “… están procediendo a construir un acueducto para el abastecimiento de agua potable a la industria antes mencionada”.
Esto porque el gobierno estatal firmó un convenio de cooperación con la empresa, con el compromiso de construir las obras necesarias para garantizar el suministro de 15 millones de metros cúbicos de agua anuales donde la fuente de abastecimientos eran los pozos profundos localizados en el Valle de Mexicali, que corresponden al Distrito de Riego 014.
El martes 13 de diciembre, después de una entrega de apoyos sociales, Francisco Vega, abordado por reporteros, les aseguró que no se trata de un acueducto para la compañía cervecera.
“El Estado está llevando a cabo varios programas, proyectos y obras de infraestructura que lo hacen más competitivo”, dijo, para mencionar obras como la promoción de un nuevo aeropuerto para Ensenada, el ferrocarril del Sauzal.
“Vamos a construir un acueducto que va a Constellation y que pasará en un futuro por ahí, pero de lo que se trata no es de llevar agua a Constellation, se trata de llevar infraestructura a una zona que se está detonando industrial, mucho muy importante. Esto es parte de un plan integral de infraestructura del Estado de Baja California”.
De igual manera, declaró que del agua que reciba Constellation Brands, va a devolver el 50 por ciento, el cual se utilizará en el desarrollo de la zona.
— ¿Y por qué no lo pagan ellos?, le preguntaron.
“Porque esto tiene que ver con una derrama muy importante donde se van a beneficiar miles de bajacalifornianos, de gente que trabaja en el Valle y de gente que viene a buscar oportunidades en nuestro Estado, y no es diferente a ningún esquema que se pueda tener, así son las cosas”.
— Usted como particular, ¿tiene intereses en esa área?
“Intereses, claro que no, absolutamente nada. ¿Por qué, ya me están contando otro terrenito para allá?”, respondió. (Con información de Sergio Haro)
