El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización independiente y sin fines de lucro, con sede en Nueva York y fundada en 1981, instó a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en el semanario ZETA de Tijuana, Baja California, luego de la amenaza de un presunto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
ZETA, dijo el CPJ a través de un comunicado, “es una de las pocos periódicos que en forma regular publica investigaciones sobre crimen organizado, narcotráfico y corrupción en los estados del norte de México. El costo que ha pagado Zeta por su cobertura sobre crimen ha sido altísimo […]”.
También el Knight Center for Journalism in the Americas, de la Universidad de Texas en Austin, otorgó su respaldo al semanario ZETA, así como a sus trabajadores, y publicó en su blog oficial una amplía reseña sobre el caso.
“ZETA es una de las publicaciones más audaces de México. Su eslogan es ‘libre como el viento’. A través de los años ha sufrido varios ataques graves que han tenido como sospechosos tanto al Gobierno como al crimen organizado. El codirector y cofundador Héctor Félix Miranda fue asesinado en 1988. El cofundador Jesús Blancornelas sobrevivió un intento de homicidio en 1997 que terminó matando a su guardaespaldas. Y el editor Francisco Javier Ortiz fue asesinado en 2004″, señaló el Knight Center.
Según las autoridades estatales, el presunto narcotraficante se molestó luego de que el pasado viernes 25 de Noviembre de 2016, se publicaron en la edición 2226 del semanario, unas fotografías inéditas de los señalados por las autoridades de Baja California como “los más buscados”, y a quienes, de acuerdo al reportaje, se presume que se les atribuyen varios homicidios.
También hizo lo propio, vía la red social Twitter, la organización no gubernamental internacional de origen francés Reporteros Sin Fronteras, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. RSF pidió que se investiguen las amenazas y también exigió garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones de ZETA.
Por su parte, Article 19 -organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión-, señaló que “es preocupante la constante intención de grupos delictivos e integrantes del gobierno del Estado por atacar al semanario ZETA, con lo cual se pretende inhibir el libre flujo de la información que publica este medio de comunicación”.
A través de un comunicado, la organización sin fines de lucro exigió a las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California investiguen “de manera diligente y a la brevedad” las agresiones reportadas en contra de los comunicadores y comunicadoras de la entidad.
“Se exige también a las autoridades competentes de aquel Estado garantizar la seguridad de todos los integrantes del semanario ZETA, principalmente en los contextos en los que se desarrolla en la actualidad, ya que se ha intentado de distintas formas intimidar a los integrantes de este semanario con el fin de que dejen de publicar información de interés general para la sociedad.”, dijo Article 19.
Asimismo, la organización internacional exigió al Gobierno del Estado de Baja California implementar los mecanismos necesarios para prevenir cualquier agresión en contra de los periodistas del estado.
“Por último, Article 19 lamenta profundamente los múltiples intentos de agresión en contra del semanario ZETA y exhorta a las autoridades a evitar que estas amenazas identificadas puedan consumarse de modo alguno, debiendo en todo momento garantizar el libre flujo de información de toda índole en el Estado.”, finalizó el comunicado.
La directora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello, dijo que según las investigaciones hechas por personal de áreas de inteligencia del Estado de Baja California se pudo prever la intención de atacar las instalaciones del medio, sin embargo, esta situación no se concretó debido a que “no había gente que realizara el atentado”.
De acuerdo con la periodista “los planes eran balear las instalaciones del semanario la madrugada del domingo 27 de noviembre cuando no hubiera empleados”, pero esta situación no se concretó. Del mismo modo señaló que “la Secretaría de Seguridad Pública del estado envió tres unidades de la policía estatal preventiva de domingo a lunes, sin embargo el día de hoy [martes] ya sólo hay una unidad”.
También la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones CNDH/QVG/991/2016 y la CNDH/QVG/991/2016, dirigidas al Gobierno de Baja California y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que implementen medidas cautelares, y que les sea garantizada la seguridad a las personas que laboren en el semanario ZETA, ya que “corren riesgo sus vidas”.
En ese mismo sentido se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual solicitó a las autoridades municipales, estatales, así como al Gobierno Federal mexicano, que con “firmeza y urgencia” adopte medidas de protección a favor del personal del semanario ZETA.
“Desde su fundación en 1980 ZETA ha sido un referente de periodismo independiente en la lucha contra el narcotráfico en el país”, dijo la SIP en un comunicado.
Recientemente, la codirectora de Zeta, Adela Navarro Bello, denunció una presunta campaña de desprestigio en su contra liderada por autoridades locales. En el editorial del 4 de noviembre, Navarro afirmó haber recibido información sobre la campaña para publicar “infamias” sobre su vida privada.
LA AMENAZA DEL NARCO
El medio denunció amenazas de narcotraficantes en represalia por un reportaje de su edición impresa 2226, sobre sus actividades delictivas. El pasado 25 de noviembre <i>ZETA</i> incluyó información y 10 fotografías en la portada, sobre integrantes del crimen organizado, en su mayoría miembros del CJNG, los cuales son investigados por distintos delitos.
48 horas después, el Grupo Coordinación de Seguridad de Baja California, advirtió a la dirección de ZETA que uno de los jefes narcotraficantes, Israel Alejandro Vázquez Vázquez, alias “El 50”, habría ordenado tirotear la madrugada del domingo 27 de noviembre las oficinas del semanario, molesto por la publicación de su imagen inédita, y la de otros miembros de la banda. Sin embargo, se supo que el ataque habría sido pospuesto.
En el organigrama criminal en poder del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y/o “El Goofy” está clasificado como “un sujeto de gran peligrosidad”, y “brazo armado” de Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, uno de los cabecillas de la alianza Cartel Jalisco Nueva Generación-Cártel Arellano Félix en Tijuana.
¿QUIÉN ES “EL 50”?
De “El 50” refieren en el Consejo de Seguridad de Baja California: “a esta persona se le atribuyen gran cantidad de los homicidios en la ciudad”. También aclararon que el joven no cuenta aún con órdenes de aprehensión en su contra, pero que lo investigan y su nombre aparece en varios expedientes como presunto responsable de homicidios.
Desde principios de año Vázquez fue identificado como homicida del Cártel Jalisco en Tijuana, en aquel momento era considerado el brazo derecho del jefe de sicarios Arturo Gómez Herrera “El Gross”, asesinado a balazos en una peluquería en Guadalajara, Jalisco, el 27 de octubre.
Además los investigadores del Estado han identificado que Vázquez Vázquez encabeza una célula que al menos cuenta con cuatro miembros, a quienes han identificado por el momento como: Luis David Figueroa “El Snok”, Rifat Abdul Castillo Haro “El Rifat”, Francisco Javier Gómez Hernández “El Panchito” y Erick Ramírez Hernández “El Burger”.
