El doctor Rodrigo Santiago Juárez, director general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, se trasladó a Tijuana, el viernes 9 de diciembre para entrevistarse con periodistas de la región y así documentar las presiones y amenazas que han recibido por parte del Gobierno del Estado.
La reunión fue con una comitiva de periodistas integrada por Adela Navarro Bello y René Blanco Villalón, codirectores de Semanario ZETA así como por Rosario Mosso Castro e Isaí Lara Bermúdez, editores del semanario, además Mireya Cuéllar y Dora Elena Cortés, directoras de La Jornada y la Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente.
Será el doctor Santiago Juárez, junto con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien integre el caso sobre la violación a los derechos de los periodistas difamados y perseguidos mediante procesos penales, así como por la violación al derecho de la libertad de expresión.
Desde el 11 de noviembre, 42 periodistas firmaron una carta pública dirigida al gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a diputados locales y federales, a la Procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva y al ORFIS para que se investigara el uso de recursos públicos desde la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
En particular, los periodistas señalan a Jorge Cornejo Manzo, jefe de Imagen y Publicidad, de amenazas y presiones, así como orquestar campañas de desprestigio a directivos de medios.
Ante la falta de una respuesta oficial, una segunda carta, esta ocasión firmada por 100 periodistas, fue publicada en diversos medios de comunicación, el viernes 9 de diciembre. En el documento, comunicadores de la entidad reiteran “que la prensa en Baja California está siendo objeto de violencia institucional por parte de funcionarios del Gobierno del Estado que encabeza Francisco Arturo Vega de Lamadrid”.
Además, denuncian cómo “utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras, atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortés Juárez de Agencia Fronteriza de Noticias”.
En 2016, se destinaron 96 millones 841 mil pesos destinados a Comunicación Social, recursos que periodistas piden sean fiscalizados exhaustivamente para determinar cómo, por qué y quién los recibe.
Los firmantes también recordaron que desde el gobierno, se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas, para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el Gobierno del Estado.
El expediente de la CNDH y de la CEDH, el cual se encuentra en integración, tiene como objetivo fijar posicionamientos, así como crear protocolos de atención en caso de agravios y solicitar la aplicación de medidas cautelares para proteger a los periodistas bajacalifornianos.
Además de testimonios sobre censuras a notas periodísticas no afines a la línea editorial dictada desde el Gobierno del Estado, los comunicadores solicitaron al Quinto Visitador que se investigue como una forma de violación a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico, el uso de recursos públicos para Comunicación y Publicidad.
