Dicen que los hechos sucedieron en Tijuana. Una reunión convocada apenas pasadas las cinco de la tarde del martes 20 de diciembre, luego que se diera a conocer la detención el viernes 16 de diciembre de este 2016, del regidor Luis Torres Santillán en Estados Unidos y por lavado de dinero. Los focos rojos se encendieron en la cúpula del Gobierno del Estado de Baja California. No era para menos. Como se documenta de manera extensa en el reportaje que aparece en la página 16 de esta edición, la liga de Torres es con Fernando Beltrán, concesionario del Gobierno del Estado, cercano al Gobernador Francisco Vega, de su esposa Brenda Ruacho y del Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, dependencia de la cual han salido hartas licitaciones por miles de millones de pesos a empresas que también tienen una conexión con el promotor de box. Sabiendo que Torres Santillán es investigado por lavado de dinero, que la investigación en Estados Unidos les tomó a los agentes más de un año, y que hay más bajacalifornianos que en estos momentos son indagados, los jerarcas del Gobierno panista de Baja California no se detuvieron en la recomendación a Antonio Valladolid: abstenerse de cruzar estos días a los Estados Unidos. Quizá estén enterados de algo más, pero aconsejar no internarse en el país origen de la investigación, lleva algo más, de sospecha. Total, en los siguientes días se verá si en efecto, Antonio Valladolid se queda en Tijuana, va a sus aposentos en Coronado, San Diego, o elige vacacionar en otro País que no sea el vecino.
Publicidad
