De acuerdo al Artículo 66 de la Constitución vigente en Baja California, los magistrados numerarios, jueces, consejeros de la Judicatura, secretario general, secretarios auxiliares, de Estudio y Cuenta, del Poder Judicial del Estado, “… no podrán aceptar ni desempeñar empleo o encargo en la Federación, Estado o Municipios ni de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia”. En el mencionado apartado la Constitución advierte el castigo: “La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida o privación del respectivo cargo dentro del Poder Judicial del Estado, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean”. Ante lo cual resulta ocioso que a la procuradora general de Justicia del Estado, le hayan concedido una licencia (y otra) cuando eso no está contemplado, tanto como la separación total del cargo. En el mismo artículo se advierte: “Todo servidor público del Poder Judicial que tenga conocimiento de la comisión de hechos posiblemente delictuosos que deban perseguirse de oficio o que pudieran constituir una responsabilidad administrativa, estará obligado a denunciarlos en los términos de las leyes respectivas”. Lo que significa que por lo menos, los diputados o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, en lo individual o en pleno, estarían obligados a hacer algo al respecto, así lo manifestó el abogado penalista Fernando Rosales: “Por más gobernador que seas, por más diputado que seas, no puedes vulnerar la Ley, pero bueno, es un deporte preferido en el Congreso del Estado, hay una miopía jurídica y desconocimiento. Y con todo respeto a la Procuradora Perla Ibarra por ser mujer y la trayectoria que tiene, puede seguir siendo fiscal otros tres, seis o nueve años, pero por mandato de la Constitución que ella, el gobernador y los diputados protestaron respetar, no puede conservar o regresar a su puesto de magistrada”. Así está escrito en la Ley. Y muy claro.
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