Antes de construir desalinizadoras, el gobierno de Baja California debería enfocarse en controlar la extracción de agua de los mantos acuíferos del Estado y en fortalecer el ahorro del vital líquido, principalmente en el área agrícola del Valle de Mexicali, opinó Alfonso Andrés Cortez Lara, investigador titular del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
En entrevista con ZETA, el académico explicó que retirar la sal del agua oceánica puede resultar contraproducente; en primer término por el alto costo que implica, y en segundo lugar por las afectaciones ambientales de la salmuera vertida de vuelta al mar y/o al suelo.
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“Esta tecnología no es precisamente la más barata: es hasta cuatro veces más cara que extraer agua subterránea de los pozos, o que trasladar agua superficial vía acueducto”, dijo.
Cada año, la entidad recibe mil 850 millones de metros cúbicos de agua procedentes del Río Colorado, cuya afluente tiene su origen en los Estados Unidos; de esa cantidad cerca del 86 por ciento se destina a la zona agrícola, mientras que el resto se reparte entre el consumo urbano e industrial. Lo demás procede de depósitos subterráneos para un total de 3 mil millones de metros cúbicos de disponibilidad de agua potable anual.
Sin embargo, la sequía que ha impactado la región en los últimos años, la cantidad de agua que le toca a México podría disminuir. Cortez Lara señaló que luego del Acta 319 firmada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades norteamericanas en 2012, se estableció que el flujo de líquido a nuestro país podría reducirse –hasta 154 millones de metros cúbicos menos– si el nivel de la Presa Hoover (Nevada, Estados Unidos) es menor a mil 75 pies sobre el nivel del mar.
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El municipio de Ensenada es el que enfrenta la crisis mayor, ya que por problemas de distribución de la administración estatal, Tijuana y Playas de Rosarito consumen el agua que la Federación destina a ese municipio.
Para el investigador, en Baja California “hay un descontrol tremendo en cuanto a las extracciones de agua subterránea”, tanto de la Conagua como del gobierno estatal; debido a esa desorganización no se puede medir cuánta agua tienen los pozos y ésta no puede aprovecharse plenamente. A los agricultores les faltan métodos más eficientes en lo que a ahorro se refiere.
Por lo tanto, una correcta regulación de la explotación de los mantos acuíferos “es una forma mucho más sencilla y mucho más barata que las plantas desaladoras”. Al desperdicio que implica la desalinización se suma que debido al descontrol no hay una medición real de las proporciones acuáticas que se sobreexplotan.
Durante una convención de organismos de agua potable nacional, realizada el martes 8 de noviembre, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid sostuvo que las cuatro desalinizadoras que actualmente desarrolla junto con privados son la solución comprobada al déficit que enfrenta el Estado, bajo el argumento de que no hay suficiente agua en el Estado.
Pero Cortez Lara criticó ese punto, con el argumento de que si para el gobierno no hay suficiente agua, resulta incongruente que facilite que la empresa cervecera Constellation Brands se instale en Mexicali, si ésta planea explotar 200 millones de metros cúbicos anuales. Sobre dicha compañía, Vega enfatizó que hay suficientes recursos hídricos para sostener a la empresa, lo que rompe con la lógica de construir desalinizadoras.
Llama la atención que, de acuerdo al académico, la victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos podría influir de manera negativa en la relación binacional para el manejo del agua:
“Si con la mano en la cintura amenaza en construir un muro para humanos, pues con la dos manos en la cintura podría hacer otro tipo de presiones para retener el agua para ellos. No visualizo un buen panorama de relación en cuanto a la gestión binacional del agua con esta nueva administración”, puntualizó.
