Licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: En ZETA rechazamos la pretensión del Gobierno del Estado de hacer ver que las denuncias hechas en la última semana por diversos medios contra el manejo presuntamente desaseado de la Coordinación de Imagen y Publicidad de Baja California, sea un asunto privativo de este Semanario.
Por eso no es correcto que el desplegado del Poder Ejecutivo -publicado en los diarios de Tijuana el 9 de octubre-, dirigido a la opinión pública, se destine de manera especial a los lectores de ZETA y refiera de forma específica los “señalamientos hechos a través de este semanario” , pero mencione los “otros espacios” como cosa aparte. ¿Acaso pretenden los funcionarios del Estado dividir o enviar un mensaje al resto de las empresas periodísticas para que no hagan eco de la denuncia?
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Recordemos que tres periodistas antes que ZETA se enteraron y describieron a sus lectores -el 2 y 3 de noviembre- los planes del coordinador Jorge Cornejo Manzo de emprender una campaña de “infamias”, “sucia y vulgar”, contra la codirectora de este Semanario y de la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, en represalia por las publicaciones de acciones irregulares de los funcionarios de su gobierno, particularmente la información sobre el adeudo de su administración a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) por 476 millones de pesos.
Que no se equivoquen los funcionarios encargados de la comunicación del licenciado Vega: en su gobierno el problema no es ZETA, ni El Mexicano, Infobaja o AFN, los medios que abordaron primero la noticia y después encontraron total apoyo en las voces de decenas de reporteros y medios de comunicación, organismos de Derechos Humanos y sociedades de periodistas, locales, nacionales e internacionales. El problema lo tiene el gobernador dentro de su organigrama, dentro de su nómina, y no se resuelve con un desplegado publicado siete días después, deslindándose del tema sin investigar, sin una auditoría ni una indagatoria previa de la Contraloría, del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California o la Procuraduría.
Como “hechos son amores”, más allá de discursos o desplegados firmados por “Gobierno del Estado” donde se habla del “respeto irrestricto a la libertad de expresión”, lo que se requiere son acciones.
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En Baja California “el Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona” y, de acuerdo a la Constitución, en este momento -y hasta el 31 de octubre de 2019-, es Usted, licenciado Vega de Lamadrid, el garante por excelencia de la seguridad en el Estado, de los Derechos Humanos, del ejercicio de la democracia, de proteger la integridad física y moral de sus gobernados.
En su desplegado exhorta a quienes sean objeto de intimidación o amenazas, acudir a las instancias correspondientes, y dado que Usted es la instancia más correspondiente, a Usted acudimos.
El Artículo 49 constitucional plantea como derechos y obligaciones inherentes a su cargo “hacer cumplir las leyes, velar por la conservación del orden, nombrar y remover libremente a sus funcionarios, y cuidar la correcta aplicación de los caudales del Estado”, así que más facultado no puede estar.
Le solicitamos instruya auditorías, investigaciones o lo que sea que esté en su facultad y Usted considere pertinente para eliminar la amenaza latente de políticas de chantaje en contra de medios de comunicación.
Pedimos acciones que respalden su discurso, en el que manifiesta respeto al trabajo y a la función de los medios, a la crítica fundada y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y opinión.
Que haga todo lo que esté en su mano para que los bajacalifornianos puedan tener una prensa libre, y obtener de sus medios de comunicación, “información oportuna, veraz y objetiva”, tal como Usted exigió en un desplegado publicado y firmado el 13 de marzo de 2015.
