La historia ha probado que de origen andamos errados con la figura del síndico municipal, cuando pretendemos que un amigo y/o compañero de partido -de fórmula y de planilla- de un alcalde, sea el encargado responsable de fiscalizarlo, de vigilar que los integrantes de los gabinetes municipales inviertan con eficiencia, legalidad y decencia los recursos del erario, y que en caso de detectar algún acto de corrupción, sea este mismo quien los sancione o los denuncie ante las instancias ministeriales.
Un acto como éste requiere de una decencia, dignidad, honestidad, honradez, compromiso social, conciencia ciudadana, de conocimientos legales y contables, todos estos valores y sapiencias de las cuales en Baja California -en épocas antiguas y recientes- solo hemos visto algunos destellos.
Por ejemplo, hubo una vez un contralor que evidenció irregularidades en el manejo de un crédito japonés en el gobierno estatal de su jefe, Alejandro González Alcocer, pero lo corrieron, lo convirtieron en apestado político hasta que volvió al redil de su partido.
En el menos peor de los casos, lo que se ha tenido son síndicos acusando a funcionarios de los ayuntamientos que los precedieron, sobre todo cuando han sido de un partido diferente. Y entonces, aunque se trate de denuncia legítimas, se acusa revanchismo político y cacería de brujas, además, las denuncias no han llegado a nada en los ministerios públicos.
La pulcritud en el manejo de recursos públicos no ha sido una característica esencial de los ayuntamientos bajacalifornianos, sean priistas o panistas, trabajos periodísticos han dado cuenta de ello, denuncias sociales o de alas rebeldes de los partidos, lo que ha terminado por exponer cómo en diversos casos las sindicaturas solo han servido de tapadera y comparsa de los gobiernos en turno.
Las razones para que un síndico incumpla sus obligaciones son variadas, pero podemos partir de la más evidente: el conflicto de intereses de pertenecer al mismo partido del grupo al que debe cuidarle las manos.
De este conflicto, en el texto “El Corregidor Perfecto”, Lorenzo Guardiola sintetiza: “El interés lo trastorna todo, se desobedecen las leyes, se obvia la justicia, se menosprecia su honor y atropella el ajeno, no se contenta con nada, siempre quiere más”, frases harto familiares para quienes hemos sido gobernados por una estirpe de nuevos políticos que aprendieron rápido a manipular e interpretar la Ley a su conveniencia, en lugar de obedecerla.
Así de fácil, estos síndicos que deberían ser fiscales de hierro, se vuelven como el mercurio, un metal líquido extremadamente móvil, denso, dúctil y maleable, acomodaticio a las necesidades del alcalde en turno y su gabinete.
En los trienios municipales que están por iniciar en los cinco municipios bajacalifornianos hay un detalle que hará más importante el desprestigiado trabajo de las sindicaturas. Que por primera vez los alcaldes electos tendrán la posibilidad de reelegirse -en esta ocasión por dos años más – y concluir su gestión hasta el 30 de septiembre de 2021.
Lo que en teoría significa que si Manuel Gastélum (Tijuana), Gustavo Sánchez (Mexicali), Marco Novelo (Ensenada), Nereida Fuentes (Tecate) y Mirna Rincón (Rosarito) tienen un buen desempeño, son eficientes, transparentes, combaten y evitan la corrupción, podrían repetir en el encargo.
Lo que también sería posible si los ediles actúan corruptamente, y los síndicos responsables de vigilar que la administración de los bienes, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución de obras y el ejercicio de los recursos, se realicen conforme a las leyes y reglamentos, deciden hacerse de la vista gorda y digamos, les permitan invertir políticamente los recursos, usar los bienes municipales en beneficio personal, cobrar comisiones por la asignación de contratos, adjudiquen de forma directa proyectos a sus amigos, socios o parientes, o que inicien campañas anticipadas.
Por aquello de la cuota o equidad de género, esta vez los alcaldes hombres tienen síndicos mujeres y viceversa. En este punto vale decir que la firmeza y honestidad no tiene que ver con el ser hombre o mujer, es un valor que se adquiere en la infancia, con la educación y el ejemplo que se recibe de los adultos significativos en la vida. Y que en el caso de los funcionarios, tiene su prueba de fuego cuando llegan al poder.
Así que la mayoría de los bajacalifornianos que en este momento no tienen idea de quiénes son los próximos síndicos por su limitada fama pública, tendrán los próximos tres años para saber de qué están hechos:
Marcela Guzmán (abogada, puestos intermedios en gobierno panistas) en Tijuana; Blanca Villaseñor (abogada laborista, fundadora de firma, asesora y promotora activa del trabajo colegiado) en Mexicali; Laura Castrejón (miembro del PT, licenciada en Administración, con puestos intermedios en instituciones priistas) en Ensenada; Gerardo Sosa Minakata (abogado, notario, jefe de oficina del alcalde saliente que ha buscado un puesto de elección popular desde 2007) en Tecate; y Miguel Vila (panista, buen comerciante, interesado en ser alcalde) en Rosarito.
Los síndicos verán primero si revisarán puntillosamente lo que reciban de los ayuntamientos salientes, que en el caso de Tecate, Rosarito, Mexicali y Ensenada, son del mismo partido. Y después, si servirán de contrapeso, si serán capaces de velar por derechos de ciudadanos de ser garantes en la lucha contra la corrupción, o solo servirán de costosos floreros -por aquello de los sueldos-, de adorno.
